La Fiscalía estudia añadir falsedad contable a la acusación de estafa que planteó en el caso Bankia

Elevaría la pena que pide para Rato y complica a otros acusados acogerse a la doctrina Botín

Algunos encausados basan su defensa en que también invirtieron en la salida a Bolsa

Bankia
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato (derecha) junto al exconsejero de Caja Madrid José Antonio Moral Santín (izquierda), durante la primera sesión del juicio por la salida a Bolsa de la entidad en 2011 EFE

El macrojuicio por la salida a Bolsa de Bankia arrancó este lunes con un inesperado mazazo para los 34 acusados después de que la Fiscalía anunciase en su primera intervención que estudia endurecer su acusación, añadiendo el delito de falsedad contable al de estafa inversores, el único que había planteado hasta ahora. El planteamiento supondría un importante incremento de las penas para los cuatro encausados contra los que había cargado hasta ahora el Ministerio Público y mina la expectativa de exoneración con que acudió el resto.

Hasta ese momento, la primera sesión del juicio bien podía parecer un reencuentro de viejos conocidos, el de 31 personas y los representantes de tres compañías (la propia Bankia, su matriz BFA y la auditora, Deloitte), muchos de los cuáles ya coincidieron en el banquillo durante el juicio por las tarjetas black.

Juntos compartieron este lunes una suerte de liturgia ya conocida por muchos: el tráfico entorpeciendo el acceso a la sede de macrojuicios de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), un puñado de preferentistas increpándoles a las puertas del edificio, colas en el control de seguridad en el que confluyen imputados, abogados y periodistas, seguida de saludos más o menos afectuosos y el trato ya cercano del personal judicial, que en muchos casos se dirige a ellos por el nombre de pila. Una sensación de deja vu para parte de los acusados, que tras meses en este mismo banquillo por las visas opacas deberán volver a sentarse allí al menos hasta el 26 de junio de 2019.

Algunas cosas, sin embargo, han cambiado respecto al juicio anterior. Como la forma de acceso, que para el expresidente de Bankia, exvicepresidente económico del Gobierno y exresponsable del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, fue en el furgón policial que le trasladó desde la cárcel de Soto del Real, donde cumple la condena de cuatro años y medio de prisión que el Tribunal Supremo acaba de imponerle por las black.

También accedían a la Audiencia desde la cárcel, por el mismo motivo, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Jose María de la Riva, Estanislao Rodríguez  Ponga y Jorge Gómez. Por su propio pie entraban otros condenados por las tarjetas cuyas penas fueron inferiores, como Arturo Fernández o Javier López Madrid, así como otros acusados con menos experiencia, como el exconsejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, o el exministro Ángel Acebes.

Uno a uno se fueron sentando en el banquillo, con casi una hora de retraso, a la sala de Ángela Murillo, que también presidió el tribunal de las visas opacas. Tras escuchar el listado completo de delitos que les achacan el Ministerio Público, las 16 acusaciones particulares y las dos populares, la familiaridad de la situación culminó abruptamente al tomar la palabra la fiscal Carmen Launa, que fulminó el guión previsto.

Hasta la fecha, la Fiscalía se había limitado a acusar de un delito de estafa a inversores a Rato, para el que pide cinco años de cárcel; al exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, para quien solicita cuatro años de prisión; al exconsejero José Manuel Norniella, que se arriesga a tres años de prisión; y a Verdú, que afronta una pena de dos años y siete meses.

Launa, que estuvo acompañada por Alejandro Luzón, representante del Ministerio Público en la causa hasta su ascenso a jefe de la Fiscalía  Anticorrupción, advirtió a la Sala de que tras sus últimas averiguaciones no descarta ampliar su acusación inicial añadiendo el delito de falsedad contable, lo que elevaría las penas para sus cuatro acusados y recrudece la situación de los otros 30 encausados.

La estrategia de defensa de estos últimos, como este lunes plantearon sus letrados durante el turno de cuestiones previas, pasa por tratar de acogerse a la llamada doctrina Botín, que impide juzgar a quien no esté acusado por la Fiscalía o particulares afectados. Aunque sí hay acusaciones particulares que cargan contra ellos, solo 168 de los 11.000 inversores personados en el juicio no han recuperado su dinero y Bankia se ha ofrecido a compensarles para que, resarcido el daño, salgan de la causa, con lo que esos 30 encausados solo estarían acusados por las acusaciones populares que ejercen los sindicatos CIC y CGT.

Aunque la fiscal avanzó que no decidirá si ampliar la lista de delitos hasta su escrito de conclusiones definitivas, al final del procedimiento, el mero anuncio complica que el tribunal acepte dejar fuera del proceso ahora a esos 30 imputados antes de conocer la opinión final del Ministerio Público. La fiscal aclaró que su relato de los hechos coincide con el del resto de acusaciones, y entiende que “los acusados ocultaron conscientemente el estado económico real” de Bankia en los datos ofrecidos en su salida a Bolsa, si bien hasta ahora consideraban la falsedad contable un mero instrumento de la estafa. La fiscal expuso que si ahora se plantea añadir también ese delito es porque la reciente doctrina del Supremo permite imputarlo por la mera formulación de las cuentas.

Launa, que ha pasado las últimas semanas requiriendo datos adicionales sobre Bancaja o Banco de Valencia, expuso además que cuenta con indicios de que las cajas que acabaron conformando Bankia ya contaban con importantes agujeros en sus cuentas, como se deriva de la reclamación millonaria de la aseguradora Aviva a Bancaja, así como de un informe de PwC y de un nuevo análisis del inspector del Banco de España Antonio Busquet, que ejerció de perito judicial en la instrucción.

Concluido el turno de palabra de la Fiscalía, los abogados defensores de Rato, Olivas o Arturo Fernández, entre otros, centraron su estrategia en negar cualquier posible engaño en la salida a Bolsa alegando que los propios acusados compraron acciones en el debut de la entidad en el parqué, en julio de 2011. En mayo del año siguiente, la entidad reformuló sus cuentas anunciando una agujero que requirió el mayor rescate público de un banco en la historia de España. El tribunal pasará siete meses ahora analizando si detrás hubo algún engaño.

Los encausados piden no acudir al juicio cada día

Siete meses. Más allá del abanico de argumentos esgrimido por los abogados de los acusados para intentar que estos sean exonerados, que van desde la conculcación de derechos a la falta de claridad en las acusaciones, todos los letrados que intervinieron este lunes coincidieron en reclamar que sus clientes sean dispensados de acudir a la Sala cada día de juicio, que se alargará hasta el jueves esta semana, tres días la próxima, y otras tres sesiones desde el 8 de enero hasta el 26 de junio de 2019. La defensa de Rodrigo Rato recordó que debe desplazarse desde la cárcel, la de Francisco Verdú alegó que vive y trabaja en Miami y la de Javier López Madrid que, además de vivir en el extranjero, tiene un hijo al cargo. La presidenta de la Sala, Ángela Murillo, acordó revisar las peticiones con las acusaciones este martes y solo dio permiso para faltar unos días a López Madrid, por un viaje laboral, y a Juan Ros, por una intervención médica.

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