Ciudadanos y bancos reclaman miles de millones

AEB y CECA debatían el fin de semana si emitir un nuevo comunicado sobre las consecuencias del fallo del Supremo sobre las hipotecas y al final será que sí.

¿Popular murió por falta de liquidez, de solvencia, o por negligencia del sistema?

José María Méndez, director general de CECA, junto a José María Roldán, presidente de AEB.
José María Méndez, director general de CECA, junto a José María Roldán, presidente de AEB. PABLO MONGE

La banca ha lanzado toda su artillería para intentar evitar que el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) se convierta en una bomba expansiva que pueda volver a ensombrecer su cuenta de resultados, aún en fase de recuperación. Las entidades financieras no entienden como unos jueces del Tribunal Supremo han podido cambiar de criterio tan radicalmente en solo 11 meses sin dar muchas o ninguna explicación.

Lo cierto es que, tengan razón en la primera (el cliente es el que debe pagar este impuesto) o en la segunda versión (la del 18 de octubre en la que explican que es el banco el que debe asumir este coste) de sus argumentos, los magistrados del Supremo han sembrado un caos innecesario que ha costado a la banca (entiéndase accionistas) 9.000 millones de euros en Bolsa en una semana.

A regañadientes, el sistema financiero ha aceptado que a partir de ahora será la banca la que asuma este impuesto, claro con la consiguiente repercusión en el cliente, que verá incrementado el precio de su hipoteca en las próximas firmas.

El grave problema es si la sentencia sienta las bases para reclamar la retroactividad o no del impuesto de las hipotecas. Ahí es donde la banca ha logrado coordinarse para que sus respectivos presidentes y consejeros delegados, aprovechando la presentación de resultados trimestrales, repitan el mismo mensaje: siempre hemos actuado de acuerdo con la normativa existente, que en el caso de los IAJD lleva 23 años en vigor. No tenemos por qué pagar una retroactividad. Por haberse cumplido una norma es difícil que haya que aplicar una penalización”, defienden desde cualquier firma bancaria.

Durante esta semana, es casi seguro que los consejeros delegados de Bankia, BBVA y Santander lancen los mismos mensajes. Incluso que el presidente de la AEB, José María Roldán, que pocas veces ha estado tan activo públicamente como en las últimas semanas, insista en afirmar que la banca solo ha cumplido con la normativa actual, y que ha sido un cambio de criterio de los jueces lo que ha hecho que se invierta quién debe abonar el IAJD (es muy extraño que un juez modifique un impuesto, ya que esa potestad parecía que estaba reservada a los políticos).

De momento, la banca no ha comenzado a realizar provisiones por este motivo, o eso dicen. Pero también es cierto que la AEB y la CECA han debatido la semana pasada si volver o no a sacar un comunicado conjunto aclarando su posición y argumentos legales sobre la polémica sentencia del Supremo, y al final han decidido lanzar un nuevo comunicado. La CECA cuenta con el asesoramiento de Llorente y Cuenta. Ya lanzaron uno el mismo día en el que se conoció el fallo del alto tribunal. Estos episodios recuerdan al debate que mantuvo la banca hace 13 meses sobre la conveniencia o no de emitir uno o varios mensajes sobre los efectos en la banca de la votación ilegal sobre la posible independencia de Cataluña.

Siguiendo con la banca, parece confirmarse cada día más que la caída de Banco Popular era como el caso de una muerte anunciada ya desde 2014, año en el que la entidad, entonces presidida por Ángel Ron, pasó a ser, como todos los mayores bancos del país, supervisado por el Banco Central Europeo (BCE). Se pudo evitar, pues también parece que sí. Las dudas sobre si se pudo evitar su caída si los supervisores hubiesen reaccionado con más dureza para imponer remedios a sus males, o el hecho de por qué se le dejó asfixiarse por falta de liquidez, con la consiguiente pérdida total de valor para sus accionistas, son hechos que pueden ahora encontrar respuesta para los entonces más de 300.000 inversores de la entidad.

La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de levantar el secreto sobre los informes del BCE sobre el caso Popular, contribuirá seguramente a arrojar luz sobre la primera resolución de una entidad en Europa. De momento, se sabe que a finales de 2014, el BCE, que acababa de tomar las riendas de la supervisión bancaria en la UE, envió una carta a Popular en la que ya se pedía que “prestase una mayor atención” a la calidad de sus activos.

La carta iba más allá y apuntaba que sería “deseable” que Banco Popular “mejorase” sus procesos internos para asegurar una mejor calificación de los activos y de los deudores, según la documentación entregada a Andreu, y a la que ha tenido acceso este periódico.

En aquella misiva, el organismo aseguraba que se tenía que informar “sin demora” al auditor de las cuentas de la empresa. Según informaba el BCE se debía recortar en 460 millones el valor de algunos activos. Esto se traducía en que los ratios de solvencia que había estimado el Popular eran en realidad inferiores, según figura en este documento. Pese a ello, la entidad cumplía con los ratios de solvencia.

El 26 de agosto de 2016, Mario Draghi, presidente del BCE, remite una carta a Popular reclamando una serie de información sobre el cambio de consolidación de la entidad, tras dejar de formar parte del grupo consolidado bancopopular-e, y Targobank. Tres meses después, el 26 de noviembre de ese año, el secretario del consejo del BCE, Pedro Gustavo Teixeira, vuelve a remitir una extensa y dura carta en la que le comunica que sus recursos propios podrían estar por debajo de los requerimientos a finales de ese año y le marcó una drástica hoja de ruta que debería cumplir “a más tardar el 31 de marzo de 2017”.

Su problema: “el alto nivel de activos no productivos”. El BCE le da de tiempo para reducir esos 15.000 millones de euros hasta diciembre de 2018, aunque desde marzo de 2017 debe presentar versiones actualizadas del plan cada tres meses.

Entonces sus ratios de liquidez cumplían holgadamente con la normativa. Eso sí, el BCE también le recrimina a Popular la falta de independencia de algunos consejeros del banco.

El 4 de mayo de 2017, el Banco de España le remite una carta para que apruebe la petición de una provisión de liquidez de emergencia (ELA) por 2.000 millones, ante la salida a partir de abril (Emilio Saracho ya era presidente de Popular, y ese mes, en concreto el día 10 de abril se celebró la junta de accionistas del banco) de depósitos como consecuencia de los rumores sobre la situación de la entidad. De 200 a 300 millones diarios (lo depósitos descendieron el 70% de finales de marzo al 1 de junio).

El 23 de junio de 2017, ya tras haber sido resuelto el banco y vendido a Santander (lo que ocurrió entre el 6 al 7 de junio), el Banco de España realiza otro informe sobre la liquidez de Popular, y detalla por qué la entidad no pudo acceder a otra línea de liquidez (ELA) por no aportar debidamente las garantías. Popular fue resuelto con un saldo positivo de liquidez de unos 600 millones, que según algunos expertos, podían haber permitido disponer de un colchón para iniciar el día a la espera de formalizar las garantías adicionales para obtener liquidez. Las dudas siguen sin disiparse.

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