Contante y sonante

Un cataclismo para la banca, Hacienda y los juzgados

La sentencia del Supremo desploma la imagen y valor en Bolsa de los bancos

Imagen del Tribunas Supremo.
Imagen del Tribunas Supremo.

La banca no levanta cabeza. Cuando su rentabilidad comenzaba a cubrir el coste de capital tras una década en caída, y su reputación parecía que comenzaba a mejorar, llega el Tribunal Supremo y siembra el caos en el epicentro de la subsistencia de la banca, el negocio hipotecario.

El jueves, en una sentencia sin precedentes, el alto tribunal decidió corregir su doctrina y establecer que es el banco, y no el cliente, quien debe abonar los impuestos de las hipotecas. El gravamen representa unos 18.000 millones en los últimos 15 años, entre el 0,5% y el 2% sobre el tributo del préstamo, dependiendo de lo aprobado por cada Comunidad Autónoma.

Este fallo dejó noqueada a la banca, que no entendía el cambio de criterio tan drástico que ponía en un piquete su imagen, valor en Bolsa y previsiblemente su cuenta de resultados. En solo un día (el jueves) el sector perdió en Bolsa casi 6.000 millones de euros de capitalización. Las reacciones de asociaciones de consumidores y despachos de abogados no dieron tregua. Inmediatamente incitaron a los clientes a reclamar a las entidades financieras el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). Una tasa tributaria que para una hipoteca media de 150.000 euros suma unos 3.000 euros, según anuncia desde el viernes el bufete de abogados Arriaga y Asociados.

En España hay en la actualidad unos ocho millones de hipotecas. Los despachos de abogados volvieron a ver en la sentencia del jueves un gran negocio, una suculenta nueva fuente de ingresos que se suma y supera a las reclamaciones de las cláusulas suelo, y por supuesto a las interpuestas por las participaciones preferentes o a la salida a Bolsa de Bankia, e incluso a las demandas por la quiebra de Banco Popular.

Los letrados ven en el fallo sobre el impuesto de AJD la mayor veta de negocio para sus despachos: ocho millones de hipotecas y 18.000 millones del coste del tributo

El fallo del Supremo también daba de lleno a la Administración pública, en este caso a Hacienda, que al final era la que, según los expertos, la banca e incluso jueces y algunos abogados, debería devolver este impuesto a los clientes, ya que las entidades financieras lo que hacían hasta ahora era recaudar este tributo para entregárselo a las arcas del Estado.

Pero la rápida respuesta de los despachos de abogados para que los clientes reclamaran el impuesto de las hipotecas puso también en alerta a los propios jueces. No solo afectaba a los bancos, que vieron desplomarse sus títulos y ponían en peligro sus beneficios anuales; o a Hacienda que, de repente, podría tener que hacer frente a la devolución de miles de millones de euros, aunque posteriormente se los reclamase a las entidades financieras (no es seguro que pueda hacerlo). Estaba claro que los bufetes de abogados iban o van a pleitear contra la banca.

El colapso en los juzgados puede ser mayúsculo. Si las cláusulas suelo ya han bloqueado a los tribunales, las infinitas reclamaciones sobre el impuesto de las hipotecas pueden paralizar durante años a la Justicia. Todo un quebradero de cabeza para el país.

Fuentes financieras aseguran que esta ha sido la razón por la que el Tribunal Supremo volvió a sumir en el caos a los bancos el viernes al anunciar que el pleno de la sala tercera revisará la sentencia para ver si confirma o descarta “el giro jurisprudencial”. Paraliza así la aplicación de la sentencia de un día antes. El objetivo, según estas fuentes, no es volver a imponer el criterio que ha imperado en las últimas décadas por el que el cliente hacía frente al coste de los impuestos vinculados a las hipotecas. El objetivo es evitar la retroactividad de la nueva jurisprudencia, opinión que ya defendían desde el jueves los bancos.

Sería muy conveniente que el Gobierno aprobara en breve una autoridad para defender al consumidor

Si se cierra definitivamente la posibilidad de reclamar la retroactividad del nuevo criterio, los bancos se ahorrarán el disgusto de tener que hacer frente a nuevos litigios; Hacienda evitará desembolsar miles de millones de euros como devolución a los clientes de los impuestos vinculados a las hipotecas recaudados en años, como mínimo de los cuatro últimos ejercicios; y la Justicia cerrará de un plumazo la posibilidad de un nuevo y previsible colapso por las masivas demandas que ya se están planteando presentar abogados y asociaciones especializadas en el sector financiero.

La banca, de hecho, considera que si no hay retroactividad podrán hacer frente al cambio de criterio del Supremo y asumir el tributo fiscal. “Podremos o no estar de acuerdo con el giro de criterio del Supremo, pero lo acataremos como siempre hemos hecho. Nos haremos cargo del impuesto”, coinciden todas las fuentes financieras consultadas. Eso sí, lo que dejen de percibir en las hipotecas por este lado, lo recaudarán por otro. Subirán el precio del crédito, con diferenciales más altos o con una comisión de apertura de las hipotecas más elevado. O con el cobro de unas tarifas más altas por los servicios que prestan.Pero los daños colaterales de los bandazos judiciales ya no podrán subsanarse: el efecto de la inseguridad jurídica que se ha vuelto a asentar en el sector, y su nueva caída reputacional, al margen del menor negocio hipotecario que se generará, como mínimo, en las próximas semanas a la espera de la futura resolución del Supremo.

Todo ello, además, repercutirá en el interés de los grandes inversores por apostar por la banca española. También ha quedado en entredicho la confianza del país en una justicia que con un mismo caso ha planteado tres decisiones diferentes, y eso que hablamos de los jueces del Tribunal Supremo. “Volvemos a la imagen de la república bananera”, sentenciaba el viernes un conocido analista.

Para evitar nuevos episodios tan lamentables sería muy conveniente que el Gobierno aprobará en breve una autoridad para defender al consumidor. A lo mejor así se evitarían muchos disgustos.

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