Rousseau y la vida política de la empresa
Las compañías deben contribuir a construir la sociedad, pero dejando a cada actor desempeñar su papel
El mandato principal de un gobierno democrático es gestionar los asuntos públicos. Nadie lo explicó mejor que Rousseau con su contrato social: los ciudadanos delegamos nuestra autoridad en una superior, que dicta las normas de cómo vivir colectivamente en paz. Dejemos gobernar a un grupo de personas (supuestamente) cualificadas para que tomen decisiones por nosotros. Así no nos pegamos. O nos pegamos menos que antes.
El contrato social que firmamos con esta élite lo realizamos a través del voto y contiene una cláusula de confianza. Asumimos que el Estado tiene el monopolio de la violencia y que unos cuantos deciden por todos, pero el Estado, a cambio, debe proveernos a cada uno de los ciudadanos de las necesidades básicas. Y si no es capaz de ofrecerlo, el Estado debe asegurarse de crear las condiciones para que los ciudadanos se las satisfagan.
No hace falta que descubra que este chiringuito se nos cae cada dos por tres. Los gobiernos democráticamente elegidos deben ingeniárselas para gestionar los recursos públicos de la mejor manera. Pero siempre hay lagunas, que se convierten en lagos en épocas de crisis. Históricamente esas carencias las han suplido otros grandes poderes públicos, como la Iglesia y la nobleza, en forma de caridad. El siglo XX desplazó ese eje de participación hacia los ciudadanos y las empresas. Los primeros se organizaron en asociaciones y su primer gesto fue declararse como entes independientes del gobierno (ONG).
Por su parte, la empresa privada ha desarrollado su responsabilidad social con enorme éxito desde hace décadas. Las empresas han ido profesionalizando su relación con sus públicos objetivo para empoderarlos, porque son conscientes de que ello tiene un impacto positivo en su reputación. Las empresas se han ganado el derecho a participar de la conversación pública para resolver cuestiones que les afectan de primera mano: cambio climático, sanidad, libertad, igualdad de trato. Retos globales que afectan a nivel local y también global.
Una proyección: si cada 10 años dobláramos los recursos que las empresas destinan a responsabilidad social, ¿conseguiríamos resultados a la altura de los retos que tenemos por delante en el s. XXI? Pensando en España, ¿a cuántos jóvenes en riesgos de exclusión social en nuestro país son capaces de dar trabajo las empresas? ¿A cuántos inmigrantes un refugio y educación?
¿Continuar suplantando al gobierno es la solución para la situación que atraviesa nuestra sociedad? Si seguimos aplicando las fórmulas tradicionales, no seremos capaces de generar transformaciones profundas en la sociedad: sumando esfuerzos del tercer sector y del privado mejoraremos los índices de educación o inclusión social, pero no al ritmo necesario.
Necesitamos pensar de otra manera. Y para ello es necesario volver a la esencia del contrato social, a los principios fundacionales de la democracia representativa. El Estado y el gobierno (a sus distintos niveles), son los actores clave en la formulación de políticas públicas por lo que es sobre ellos sobre quien debemos poner la atención. Y la presión.
Las ONG entendieron hace décadas este movimiento. La caridad y la movilización ciudadana tienen un límite. El efecto multiplicador se consigue trabajando sobre los poderes ejecutivo y legislativo, pues es donde reside la soberanía, donde está la capacidad de transformar la sociedad. Las empresas usarían de manera más eficiente sus recursos si los empleasen en favorecer esos cambios, en que se aprobasen normas y leyes. No se trata de dedicar más recursos de la empresa; se trata de usar los recursos con mayor eficiencia.
¿Están las empresas legitimadas para hacer este trabajo? Absolutamente. El sector empresarial es un actor destacado de la vida pública: da empleo, es objeto de legislaciones, construye estado del bienestar. Para ser una voz autorizada en el acercamiento al legislador se debe actuar con transparencia y ser un sujeto confiable para los poderes públicos.
Las empresas deberían usar su poder para hacer el bien porque tienen también una responsabilidad política. Grandes retos de la humanidad exigen soluciones al mismo nivel. La acción multiplicadora de las empresas sumándose a las ONG, en su diálogo con los poderes públicos, repercutirá en el interés general del país y de todos los ciudadanos. Las empresas deben contribuir a construir sociedad desde la vocación de servicio público (sí, las empresas también tienen de eso) pero dejando a cada actor que represente su papel. El del Gobierno y el del Congreso de los Diputados es dar una respuesta colectiva a los desafíos de la vida pública. El de ciudadanos, pero también el de empresas, es asegurarse de que se hace y que con ello se construye Estado del Bienestar.
Carlos Ruiz Mateos es Director de Asuntos Públicos en Llorente&Cuenca