Combatir la corrupción es urgente y posible
España no ha cumplido totalmente ninguna de las once medidas propuestas por Europa
Los tribunales españoles han desvelado la gravedad y extensión del fenómeno de la corrupción en la gestión de los recursos públicos, tanto en casos ya juzgados como en litigios en fase de instrucción. Un fenómeno ignominioso y que, en los últimos veinte años, ha adquirido en España una presencia destacada tanto en los medios de comunicación como en las preocupaciones manifestadas por los ciudadanos, y que ha puesto en evidencia a un sistema político que no ha alcanzado los niveles exigibles a las democracias consolidadas en materia de honestidad, transparencia y rendición de cuentas.
La corrupción es una anomalía de alcance global que alcanza diferentes proporciones y frecuencias, y que es combatida con distintos grados de tolerancia e intensidad. Aunque es difícil medir su coste debido a su naturaleza oculta, recientes estudios publicados la cifran en 120 billones de euros anuales en los países de la UE, una cantidad equivalente al presupuesto anual de la propia Comisión Europea. La OCDE estima que la pérdida económica por la mala gestión y la corrupción podría afectar entre el 20% y el 30% del valor de los proyectos de construcción en los países miembros. Y en España, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia estimaba en 48.000 millones anuales el sobrecoste de la contratación pública debido a la corrupción y la falta de competencia.
La contratación de obras y servicios es una de las actividades públicas más vulnerables a la corrupción. Los riesgos se dan no solo por el gran volumen de transacciones y los enormes recursos financieros que gestionan estos contratos –en torno al 20% del PIB en España–, sino también por otras causas: complejidad de los procesos; nepotismo, clientelismo y favoritismo; necesidad de financiación de los partidos políticos; patrocinios interesados; influencias y presiones; concurrencia limitada; controles ineficientes o de cuestionable independencia; e impunidad.
Todas son circunstancias que han coadyuvado a la aparición de execrables episodios de corrupción que hemos visto aflorar en sus distintas formas penalmente tipificadas: sobornos, tráfico de influencias, fraude, blanqueo de capitales, uso indebido de información privilegiada, estafas, financiación ilegal de partidos políticos, falsedad, cohecho, alteración de precios o apropiación indebida.
Frente a esto, los órganos de control externo –tanto el estatal como los autonómicos– junto a distintas iniciativas académicas, sociales y ciudadanas como Transparencia Internacional o plataformas como Civio, vienen fiscalizando, investigando y publicando profundos estudios y análisis que permiten conocer y acotar cada vez con mayor aproximación y detalle las características, naturaleza y casuística de las malas prácticas y sus perniciosos efectos económicos y sociales, en pos de facilitar su detección y, sobre todo, su prevención.
Sabemos ya que en la mayoría de los casos confluyen circunstancias similares: un liderazgo orgánico y relacional, con una estructura jerárquica y centralizada; y un entramado de personas situadas en cargos públicos de influencia política y en altos niveles directivos empresariales, que conforman un anillo o red de corrupción que puede actuar en distintas fases del proceso de contratación. Esto es: en la fase inicial configurando el propio proyecto; en la fase de adjudicación, determinando procedimientos, criterios de selección, divulgación o publicidad; y en la fase de ejecución, aprobando modificaciones y cambios al objeto inicial. Destaquemos aquí que la mayoría de las tramas de corrupción se han descubierto gracias a denunciantes, perjudicados directa o indirectamente por los efectos de la corrupción.
La mejor forma de combatir y evitar la corrupción es implementar medidas para prevenirla. Sin embargo, sabemos que España no ha cumplido con ninguna de las once medidas propuestas por Europa para luchar contra ella: cuatro no han sido implementadas y otras siete lo han sido parcialmente. Así lo destaca el informe publicado por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, donde se afirma que España presenta un nivel del cumplimiento de las recomendaciones “globalmente insatisfactorio”.
Según ha detectado este grupo, falta –entre otras cosas– un apoyo parlamentario unívoco para la implementación de las medidas propuestas; la regulación de la relación de diputados y lobbies; la actualización permanente de las declaraciones de bienes de los cargos electos y sus familiares, asegurando así la certidumbre de su contenido; una información más precisa sobre los viajes patrocinados; o la no participación de las autoridades políticas en la elección de miembros de órganos de control como el Consejo General del Poder Judicial.
Medidas recientes pueden contribuir a mitigar los perniciosos efectos de esta lacra, entre ellas la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que ha adoptado normativa europea y conlleva la restricción de procedimientos negociados, la exigencia de la publicación de informes que justifiquen las decisiones tomadas o la creación de una oficina independiente de Regulación y Supervisión.
Como evidencian estudios e investigaciones, la función de los alertadores o denunciantes es un elemento clave en la lucha contra la corrupción, aspecto que contempla la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, todavía en trámite parlamentario. En el ámbito europeo, destaquemos el recién creado proyecto Digiwhist, o el Corruption Research Center, que divulgan, elaboran tecnología y publican métodos para revelar riesgos de corrupción en los contratos públicos en 35 países y que permiten conocer a empresas contratantes, volúmenes adjudicados, vínculos políticos o conflictos de interés.
Pero todo lo anterior es insuficiente. Son necesarios programas de difusión de códigos éticos, el fomento de buenas prácticas en instituciones y empresas, la mejora de la eficiencia de los controles y, sobre todo, el estímulo de una vigilancia social activa y participativa. Una suma de factores imprescindible para que entre todos consigamos mitigar los devastadores perjuicios sociales y económicos de la corrupción. ¿Seremos capaces?
Daniel Faura Llimós es presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)