El futuro de las pensiones es un problema de todos

Junto a una reforma del sistema, es necesario un cambio de mentalidad que incentive el ahorro individual

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El debate sobre nuestro sistema de pensiones es un tema que está sobre la mesa y más después de hacer pública la decisión del Gobierno de perfilar el cálculo de las pensiones. Ahora bien, ¿sabemos cómo está estructurado el sistema español de pensiones? Se organiza en tres pilares: el primero consiste en un sistema público, de reparto, universal y obligatorio, a través del cual se implementa un impuesto o cotización al trabajo, cuya recaudación se transfiere a los jubilados.

Asimismo, su administración está centralizada, no está capitalizado y por sus características especiales genera derechos individuales que deben ser financiados por la población activa, lo cual implica un mecanismo de solidaridad intergeneracional impuesto y regulado por el Estado. El segundo pilar es un sistema colectivo de previsión complementaria empresarial, es decir, que está promovido por las empresas y éstas y los trabajadores realizan aportaciones obligatorias y/o voluntarias, irrevocables y de carácter individual que se capitalizan en función de los activos donde se inviertan. Y un último y tercer pilar, un sistema de ahorro y previsión individual, de aportación definida, donde es el individuo el que se responsabiliza voluntariamente de las aportaciones a realizar y escoge el tipo de activo, a través de los vehículos disponibles, que sustentarán la capitalización de sus aportaciones.

En España el sistema público de reparto es el que canaliza la mayor parte del gasto en pensiones. De hecho, el total de activos acumulados entre el segundo y tercer pilar apenas daría para financiar un año del gasto en pensiones (cerca del 12% del PIB). En una economía globalizada las aportaciones obligatorias en el primer pilar no pueden ser excesivas, puesto que redundaría en perjuicio de la competitividad de las empresas y del trabajo, incentivando la deslocalización a zonas menos generosas. Pero la cosa se complica cuando junto a esa evidencia se le une un shock demográfico, con importantes caídas de la natalidad y un modelo económico caracterizado por una elevada tasa de desempleo estructural.

Cuando todas estas circunstancias mencionadas coinciden no queda más remedio que reformar el sistema para hacerlo viable y que no quiebre. En este punto tampoco se puede volcar la financiación de las pensiones públicas a los presupuestos del Estado porque pondría en riesgo su solvencia. Con estos datos sobre la mesa, ¿es necesario reformar el sistema que tenemos? La respuesta es afirmativa, además de tratar de potenciar los complementarios. Existen dos tipos de reformas que se pueden acometer: las paramétricas y las estructurales. Las primeras tienen como objetivo fundamental reducir el gasto en pensiones y son medidas como retrasar la edad de jubilación, aumentar el número de años cotizados necesarios, supeditar la revalorización a variables vinculadas con la viabilidad económica, etc. Este tipo de reformas pueden mejorar la sostenibilidad del sistema pero cuando este está sujeto a fuertes presiones a largo plazo, como ya hemos mencionado, se hace necesario llevar a cabo reformas estructurales. Entre las más comunes están el vincular las pensiones a la esperanza de vida y a la demografía (factor de sostenibilidad), a la coyuntura económica y a la cuenta de resultados del sistema (ya introducidas en el sistema español), fomentar los planes de capitalización individual e introducir la obligatoriedad de los planes colectivos o de empresa.

Este tipo de medidas, con mayor o menor intensidad, son las que se han tomado en España, emulando la senda iniciada por otros países de su entorno. Pero el caso español es probablemente uno de los más graves de la OCDE por la intensidad de la presión demográfica que accederá a la jubilación en los próximos años y las elevadas tasas estructurales de desempleo o empleo precario. Con las reformas implementadas hasta ahora (en 2011 y 2013), y proyectando la pirámide demográfica en un escenario económico razonable, el sistema público de pensiones sería claramente deficitario los próximos 30 años. Cabe pues plantearse la siguiente cuestión, ¿habrá más reformas del sistema? La respuesta probablemente sea afirmativa. Ahora bien, el cambio o las reformas más importantes se deberían de producir fuera del ámbito público, en la mentalidad de la sociedad, en el ámbito individual. En otras palabras, sería recomendable que los españoles asumieran mayores cuotas de responsabilidad en la planificación financiera de su ciclo vital pese a que el Estado debe garantizar unos mínimos variables a través del sistema público de reparto. Aún así, debe ser el individuo el que, gracias a su esfuerzo y sacrificio, pueda acceder a un mayor nivel de bienestar en el futuro. Todo ello supone incrementar la tasa de ahorro de la sociedad y, por tanto, una mayor capacidad de inversión y financiación de la economía, mejorando su productividad.

José Antonio Cortés es Director General de GVC Gaesco Pensiones

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