La lucha contra el cambio climático da una vuelta en círculo

Los recortes han impedido a España un mayor aporte a la financiación de la cruzada planetaria La descarbonización pasa por impulsar el cambio a un modelo energético basado en renovables

Las imágenes de un oso polar famélico en el ártico canadiense dieron la vuelta al mundo este mes y recordaron la urgencia de detener el derretimiento de los polos a causa del calentamiento global.Getty Images

Tras 10 años de conferencias sobre cambio climático, el mundo parece haber vuelto a la casilla de salida. En diciembre de 2007, cuando Cinco Días publicó por primera vez el suplemento de energía y medio ambiente Entorno, se celebraba en Bali una cumbre que intentaba salvar del fracaso al Protocolo de Kioto. Esto implicaba convencer a Estados Unidos, que hasta entonces se había negado a ratificar el acuerdo, y a economías emergentes como China e India, de sumarse a la cruzada.

Pese a las presiones de la poderosa industria petrolera, la administración de George W. Bush aceptó finalmente estampar su firma en un acuerdo de compromisos mínimos, pero que sentaba las bases para la prórroga de Kioto.

Después de un periodo esperanzador, en el que el presidente Obama asumió el liderazgo de la lucha contra el cambio climático, su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, decidió a mediados de este año retirar a su país del histórico Acuerdo de París.

La medida de Trump supone un duro golpe para la causa planetaria, no solo porque Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, sino también porque es el que aporta más dinero al Fondo Verde para el Clima. Obama prometió contribuir a esta iniciativa de las Naciones Unidas con 3.000 millones de dólares (2.500 millones de euros), de los que todavía quedan pendientes 2.000, pero Trump ha cancelado esta financiación.

El mandatario también ha suspendido un plan de Obama para incentivar la inversión en energías renovables que estaba dotado con 350 millones de dólares (294 millones de euros).

Con la retirada de EE UU del Acuerdo de París, el mundo parece haber regresado a la casilla de salida

Pese a este retroceso, en los últimos 10 años la lucha contra el cambio climático se ha instalado en la agenda pública de casi todas las naciones. Al Gore, exvicepresidente de EE UU, y el Comité del Clima de las Naciones Unidas recibieron en octubre de 2007 el premio Nobel de la Paz por su campaña para generar conciencia sobre los riesgos de este fenómeno.

El Papa Francisco publicó en 2015 una encíclica sobre el tema y en la mayoría de medios de comunicación, los problemas medioambientales, que se cubrían exclusivamente en las páginas de ciencia, han pasado a formar parte de la cobertura diaria y merecido la creación de secciones específicas o suplementos como Entorno.

El aporte español

Como socio de la Unión Europea, España ha participado en todas las cumbres climáticas que se han celebrado, aunque su contribución financiera se ha visto afectada por la crisis y las dificultades presupuestarios. El Consejo de Ministros aprobó hace dos años un aporte de 120 millones de euros al Fondo Verde para el periodo 2015-2018.

Hasta ahora España ha desembolsado 16 millones (15 de ellos este año) y el próximo ejercicio tiene previsto depositar 25 más, según fuentes de Medio Ambiente. Esto dejaría la aportación en una tercera parte de lo ofrecido.

Ya de por sí, la cifra es considerada exigua por los ambientalistas. Oxfam Intermón calcula que, por su peso en el PIB mundial, España debería de dar el 3,6% de los 12.600 millones de euros que el Fondo espera recaudar, es decir, unos 500 millones. El dinero servirá para financiar planes de mitigación del fenómeno en países pobres.

La lucha contra la contaminación en España se ha centrado en el cambio de matriz energética, aunque la crisis económica que se inició en 2008 provocó recortes en las ayudas a las renovables. En este tiempo, el país pasó de ser referencia internacional en la promoción de las inversiones en sol y viento a un mercado inseguro debido a una polémica reforma eléctrica que redujo los incentivos con efecto retroactivo, es decir, que afectó incluso a proyectos que ya estaban en funcionamiento.

Este revés en la política energética ha obligado a los fabricantes de turbinas y promotores de parques solares y eólicos a concentrar su negocio en el exterior. “El sector fotovoltaico ha vivido aquí unos años difíciles, debido a la moratoria al desarrollo de las energías renovables aprobada por el Congreso en 2012 y a la inseguridad jurídica, que han llevado a una parálisis de su crecimiento”, afirma José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef).

José Luis Galindo, principal ejecutivo de Enertis, confirma que hasta ahora las inversiones en nueva potencia renovable han estado paralizadas debido a varios factores. “Para los proyectos de generación distribuida, en los tejados de las viviendas, hay ciertas trabas regulatorias y el llamado impuesto al sol, que hace más difícil conseguir números de rentabilidad adecuados, además de las propias barreras administrativas”, explica.

La cifra

17% subieron entre 1990 y 2015 las emisiones españolas de gases contaminantes. 

España es el tercer país europeo que más aumentó sus emisiones de gases de efecto invernadero en ese período, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Europa en su conjunto las redujo un 24%.

Sin embargo, las compañías esperan que la decisión del Gobierno de promover nuevas inversiones en renovables a través de la organización de subastas, ayude al sector a salir del marasmo de los últimos años. En el último año y medio, España ha celebrado tres licitaciones, en las que ha adjudicado un total de 8.700 MW.

Las empresas han criticado los parámetros utilizados para elegir a los ganadores y la falta de garantías a la rentabilidad de los proyectos, pero confían en que las inversiones se concreten y las plantas estén conectadas a la red a más tardar en diciembre de 2019, conforme a lo estipulado en los contratos.

Al margen del éxito de estas subastas, Donoso sostiene que el sector debe buscar otras vías de desarrollo, como son la venta de energía al mercado mayorista y los contratos de compraventa de energía a largo plazo, que se firman entre un generador y un cliente final. La virtud de este modelo es que garantiza un precio estable tanto al consumidor como al productor.

En paralelo a las subastas de renovables, el Gobierno está preparando una ley de cambio climático y transición energética que previsiblemente estará lista en la primavera de 2018. La norma, cuyo anteproyecto se sometió a consulta pública entre julio y octubre pasado, recogerá las medidas que España tomará para cumplir el Acuerdo de París.

Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), señala que esta ley es una oportunidad para situar a España en la senda de la descarbonización total en 2050. “Para lograr esta meta, las energías renovables tienen que incrementar su penetración en el sistema”, mantiene.

La contribución de estas tecnologías (incluyendo residuos para biocombustibles) a la potencia instalada en la península es del 51,3% a diciembre de 2016, según las últimas estadísticas disponibles de Red Eléctrica Española. A finales de 2007, estas fuentes de generación, entonces agrupadas en un régimen especial de retribución (primas), hacían el 28%. El carbón ha pasado de suponer el 13% al 9,5%.

Las grandes eléctricas españolas también se están moviendo para facilitar el cumplimiento del Acuerdo de París. En la última cumbre celebrada en Bonn, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, dijo que “ha pasado el momento de hablar y ha llegado el momento de actuar”. En consecuencia, el grupo ha decidido cerrar sus dos últimas centrales de carbón en el mundo, lo que dejará su porcentaje de producción libre de emisiones en el 70%.

Endesa, por su parte, se ha propuesto ser carbón neutral (cero emisiones de efecto invernadero) en 2050, mientras que Acciona asegura que logró esta condición en 2016.

Un hombre pintado de árbol protesta contra la deforestación durante la conferencia de Bali, en diciembre de 2007.Reuters

Diez años de cumbres medioambientales

Cuando el suplemento Entorno se publicó por primera vez, el Protocolo de Kioto acababa de cumplir 10 años, con escasos resultados por la negativa de EE UU a ratificarlo, y una cumbre en Bali intentaba reconducir la situación implicando a más países. Desde entonces se han celebrado 10 más. Aquí las más relevantes:

2007. Los países reunidos en Indonesia aprueban la Hoja de Ruta de Bali, un calendario para negociar un acuerdo que sustituya al Protocolo de Kioto cuando se cumpla su periodo de vigencia en 2012. Se abre la puerta a que los países desarrollados se fijen objetivos voluntarios y se incentiva a China, India y otras economías emergentes, que habían sido eximidas de los compromisos de Kioto para permitirles seguir creciendo, a sumarse a la causa dentro de sus posibilidades.

2010. La conferencia de Cancún concluye con la creación del Fondo Verde del Clima, dotado con 100.000 millones de dólares, para canalizar ayudas de los países industrializados a los países en desarrollo. El dinero debe financiar programas contra el cambio climático.

2012. Las partes aprueban la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, que establece nuevos objetivos para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2020. España, que ratificó la propuesta en julio de 2015, se compromete a reducir sus emisiones en sectores como transporte, agricultura o residuos en un 10% en 2020 respecto a 2005.

2015. Ante el fracaso de los intentos por imponer objetivos individuales por país, los representantes de 195 Gobiernos se ponen una meta global: que el aumento de la temperatura media en la Tierra se quede a final de siglo “muy por debajo” de los dos grados. Luego, cada país deberá presentar el plan nacional con el que contribuirá al cumplimiento de este límite. España recogerá su aportación en la futura Ley de Cambio Climático. EE UU abandonó el acuerdo en junio de 2017.

2017. La cumbre de Bonn acaba con avances técnicos (se concretan las reglas del Acuerdo de París), pero sin resolver la incógnita de cómo se cubrirán los fondos que aporta EE UU y que se perderán tras su marcha.