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Las mentiras piadosas y las verdades incómodas sobre las pensiones

El patrimonio en fondos de pensiones en España es del 9,6% del PIB

Es una cantidad ridícula para afrontar el vértigo esperado del envejecimiento

Si las rentabilidades pasadas no garantizan retornos futuros en los instrumentos de ahorro e inversión, tal como figura a modo de advertencia en los folletos de comercialización de las gestoras de fondos de pensiones, las cotizaciones actuales a la Seguridad Social tampoco garantizan las prestaciones generosas de futuro. Pero a la manera de placebo social, de mentira piadosa, los administradores del sistema de pensiones mantienen machaconamente que el mecano y su porvenir está garantizado, que habrá pensiones para todos, aunque sigue hurtando a la ciudadanía que está a quince o veinte años vista del retiro la comunicación pública con la prestación proforma que devengaría con su cotización.

Honestidad cívica obliga a decir a los contribuyentes la verdad incómoda de que si no se hacen reformas muy severas en el sistema, con un endurecimiento más severo todavía de las aportaciones, no son financiables las cuantías actuales de prestación. El laberinto demográfico en el que está metida la sociedad española deja pocas salidas que no pasen por sacrificios dolorosos para mantener uno de los pilares de la redistribución de renta y estabilizador social en que se ha convertido la Seguridad Social en las últimas décadas.

El retorno que proporciona la caja de la Seguridad Social al pensionista es del 74% de su último sueldo con carácter general, y en una proporción descendente a medida que la remuneración como activo sube en la escala. Se trata de uno de los mayores niveles de retorno del mundo y todo él cae sobre las espaldas del sistema público, algo que no comparte con ningún otro país de dimensiones equiparables. Dado el envejeciomiento esperado de la población, acompañado con una caída en el volumen de moradores, se hace muy complicado financiar tales retornos de renta para los pasivos, salvo que las aportaciones, las cotizaciones, suban de forma muy fuerte. Hay que tener en cuenta que el déficit del sistema ya supera los 15.000 millones y no lo solventará ni el pleno empleo. Estadística prevé que la población ha llegado ya a sus máximos, con descensos de dos millones de habitantes en las tres próximas décadas, y prevé también que la esperanza de vida llegue en el mismo periodo a los 85 años entre los hombres y a los 90 entre las señoras.

Es una noticia fantástica, puesto que muchos de nosotros llegaremos a los cien años; pero esta especie de suerte individual es un problema colectivo de primera magnitud que hay que resolver pronto y tocando varias teclas del piano económico y financiero del país, puesto que nuestra propia vida desbordará en muchos casos nuestra capacidad de ahorro. Primero habrá que decirle al personal, con mucho cuidado para que se alarmen pero solo lo justo, que habrá que pagar más para cobrar incluso menos; habrá que decírselo a los asalariados y autónomos, puesto que las cuotas empresariales son un impuesto al empleo que un país con cuatro millones de parados no se puede permitir endurecer.

Habrá que decirles también que el Estado ha sido un tipo generoso, pero que tiene que ceder parte de la responsabilidad al ahorro privado. Pese a los incentivos fiscales que los últimos treinta años han decorado las aportaciones a fondos de pensiones, y que la doctrina dominante ha entendido como márketing bancario a beneficio de inventario, su presencia es muy pequeña, y quitan muy poca presión al sistema público. Una parte de la responsabilidad en este crecimiento tan paupérrimo se debe a la generosa distribución del modelo público, que desincentiva el riesgo y la toma de conciencia de los particulares.

En España hay una cantidad razonable de gente con fondos de pensiones: ocho millones de personas. Pero con unas cantidades acumuladas de patrimonio de unos 110.000 millones de euros, un 10% del PIB y menos de lo que gasta la Seguridad Social en un solo año. Una cuenta sencilla nos permite concluir que cada partícipe tiene ahora preparado para su retiro un complemento a su pensión pública de 13.750 euros, que dividido entre los 21 años que vivirá como pensionista le reportará un capitalón de 654 euros al año, o 54,6 euros al mes. Vaya, para el pan.

No se trata de emular a Holanda, con un patrimonio en fondos de pensiones por valor del 178% del PIB. Pero el 9,6% de España es ridículo para afrontar el envejecimiento que se viene encima.

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