El Foco
El binomio economía-justicia

El binomio economía-justicia

El gasto público de España invertido en tribunales es de 27 euros por persona, frente a los 50,4 de media en la UE

No cabe duda de que el funcionamiento del sistema judicial incide de manera directa en el desarrollo económico como elemento dinamizador e impulsor del intercambio de bienes y servicios. En otros términos, a un sistema judicial más perfeccionado le corresponde un mayor nivel de seguridad jurídica, pero también de seguridad en las relaciones económicas y comerciales y, por tanto, en el crecimiento del conjunto del país. Como han señalado en una reciente reunión los jueces decanos de toda España, “un sistema judicial ágil favorece la seguridad jurídica y, por ende, la inversión interna y extranjera”.

En concreto, el funcionamiento del sistema judicial influye en el desarrollo de los mercados financieros, lo que facilita el aumento de la inversión y del volumen de actividad. Asimismo, la estructura jurídica resulta fundamental para estimular el emprendimiento y la creación de empresas, así como para competir en una economía globalizada. Por tanto, un país que ofrece seguridad jurídica tiene mayores oportunidades de atraer el capital y los recursos productivos que se requieren para crear riqueza y empleo. Parece, pues, evidente que economía y justicia funcionan como un binomio indisoluble.

"Nuestro ordenamiento jurídico es tan denso que vive una suerte de burbuja normativa inabordable"

En España, la percepción que tienen los ciudadanos del funcionamiento de la justicia no es positiva, pues, como se ha dicho tantas veces, la justicia es poco fotogénica. Esto último es debido, posiblemente, a la dilación en los tiempos de respuesta judicial, y no a que la justicia se aplique de forma errónea o equivocada. Entiendo que lo que se pone en tela de juicio no es la preparación de los jueces, sino esos déficits temporales. Pero no hay que olvidar que los jueces siguen contando con medios limitados y que los niveles de litigiosidad de nuestro país siguen siendo elevados. También hay que tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico es tan denso que vive una suerte de burbuja normativa absolutamente inabordable.

Bien es cierto que –según un reciente estudio del Consejo General de Economistas–, los datos ponen de manifiesto que España se encuentra a un nivel similar a la media de países de la Unión Europea en algunos de los indicadores más importantes que se emplean para medir la eficiencia del funcionamiento de la justicia (como, por ejemplo, en cuanto a la duración de los procedimientos civiles y mercantiles).

No obstante, aunque ha habido una mejora en los últimos años en cuanto a la tasa de litigiosidad, esta sigue siendo elevada en España en comparación con el resto de Europa. Así, en cuanto al número de litigios admitidos en los juzgados de primera instancia civiles y mercantiles, en el caso de España es de 38 asuntos por cada 1.000 habitantes, más del doble de la media de la UE-15.

Pese a este dato, el tiempo de respuesta judicial se ha ido reduciendo en España en los últimos años. Aun así, la administración de justicia tendría que mejorar los plazos de resolución de los asuntos ingresados, especialmente en jurisdicciones, como la mercantil, que tratan aspectos relacionados con las insolvencias empresariales.

Como han señalado los jueces decanos en las conclusiones de su último encuentro, en el sistema judicial actual hay importantes sumas de dinero atrapadas en miles de procesos interminables. Por tanto, este dinero no fluye y no genera riqueza mientras está judicializado. En este sentido, los jueces han manifestado que “una respuesta tardía puede tener efectos económicos devastadores, puede, por ejemplo, hundir una empresa a la que se deba una importante suma, sobre todo si es pequeña, o que acabe siendo liquidada en un proceso concursal o que desaparezca antes de que se le reconozca su derecho a la segunda oportunidad”; apreciación esta con la coincido plenamente.

"Se debería reducir la complejidad del entramado legislativo y evitar la dispersión normativa"

Parece claro que nuestra administración de justicia necesita más recursos. El gasto público de España invertido en los tribunales es solo de 27 euros por persona, mientras que la media de la UE-15 es de 50,4, por lo que quizá debería estudiarse la convergencia con Europa en este aspecto en un plazo razonable. Bien es cierto que en un contexto de déficit como el actual, no es fácil incrementar esta partida de gasto, y que plantear soluciones no es fácil. Pero existen algunas sobre las que hay un gran consenso, cuya incidencia en las arcas del Estado sería poca, y que, de implementarse, quizá podrían hacer más eficiente el funcionamiento de la justicia y servir de instrumento para el desarrollo económico.

Así, por ejemplo, atendiendo al dato de que de los casi 4.000 órganos judiciales, cerca de un millar, es decir, el 24%, no alcanzan el indicador medio de carga de trabajo –mientras que el 43,5% de los órganos judiciales está por encima del 150% de ese indicador medio–, parece necesaria una reorganización de los juzgados y tribunales bajo principios de eficiencia. Igualmente, otra cuestión sobre la que parece haber cuórum es que se debería reducir la complejidad del entramado legislativo y evitar la dispersión normativa.

Por último, dos cuestiones fundamentales. La primera es que para descongestionar los juzgados debería plantearse un plan de acción específico para reducir la tasa de litigiosidad, que contemple el incremento del uso de sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, en el que los economistas, en cuanto expertos en mediación civil, mercantil y concursal, podrían desempeñar un destacado papel, como pudiera ser en el caso de las cláusulas suelo. La segunda es que, aunque se ha producido una mejora de los medios tecnológicos en el campo de la justicia, aún queda bastante recorrido, sobre todo en cuanto a hacer compatibles los sistemas informáticos del Ministerio de Justicia y los de algunas comunidades autónomas que tienen transferidas competencias (hay ocho sistemas informáticos independientes –siete de comunidades autónomas y uno del Ministerio de Justicia– que no se comunican entre sí). A este respecto, podrían tomarse como modelo algunos referentes de éxito en materia tecnológica, como pueden ser la Hacienda pública o la Seguridad Social.

En base a lo expuesto, esperemos que en breve se llegue a un gran pacto que integre a las diversas fuerzas políticas para que la justicia ocupe el lugar que merece y pase a ser un elemento imprescindible en las políticas generales del país.

Valentín Pich Rosell es presidente del Consejo General de Economistas.

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