Pensiones: de casi todo lo visible y lo invisible
Si no cambia mucho la situación o se adopta alguna medida extraordinaria –por ejemplo, considerar la viudedad como no contributiva–, seguirá habiendo déficit en el sistema durante bastantes años.
Es difícil encontrar alguna semana donde no aparezcan noticias relevantes relacionadas con el tema de las pensiones. Últimamente han sido tres: el previsible agotamiento del Fondo de Reserva (la denominada popularmente como hucha de las pensiones), el incremento desde el 50% hasta el 100% de la compatibilidad entre pensión y trabajo, y la financiación de las pensiones de viudedad y orfandad mediante impuestos.
Sin embargo, en este artículo no quería hablar de esas tres noticias, sino de algunos elementos relacionados con las pensiones, que se citan con asiduidad y que son visibles, y otros que son casi desconocidos o invisibles para la mayor parte de los ciudadanos.
Pero, antes de nada, conviene aclarar de qué parte de las pensiones quiero hablar, porque muchas veces se mezclan elementos que dan lugar a confusión. Me quiero centrar, sobre todo, en las pensiones contributivas, es decir, aquellas que están relacionadas con las aportaciones que se han efectuado al sistema. Estas pensiones, tal como se aprobó en el Pacto de Toledo, se deben financiar con cotizaciones, quedando los impuestos generales para financiar las no contributivas.
Entre los aspectos que se dan a conocer, y por lo tanto visibles, se puede citar el déficit contributivo del sistema de la Seguridad Social. Este proporciona una visión desde la perspectiva de caja y, aunque los datos solo sean anuales, también podemos analizar su evolución pasada, así como los valores esperados en los próximos años. Concretamente, se ha pasado de un superávit de 15.000 millones en 2008 a un déficit de unos 17.000 millones en 2015 (el 1,61% del PIB), lo que supone una variación de 32.000 millones en siete años. Además, según las estimaciones que he realizado con mi grupo de investigación y corroborado, posteriormente, por el Plan presupuestario 2017, remitido a la UE el 14/10/2016, en 2016 va a estar alrededor de los 19.000 millones, y, si no cambia mucho la situación o se adopta alguna medida extraordinaria –por ejemplo, considerar la viudedad como no contributiva–, seguirá habiendo déficit durante bastantes años.
Siendo importante este dato, considero que aún lo es más el valor teórico (no el aplicado) del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), elemento que fue aprobado por la Ley 23/2013 y que, para su determinación, se tiene en cuenta el promedio de las variaciones de los ingresos, del número de pensiones, del efecto sustitución y de un porcentaje del déficit o superávit del sistema. ¿Por qué lo considero tan importante? Porque nos indica, desde una perspectiva de ciclo económico (teniendo en cuenta 11 años), cuál es la salud financiera del sistema de pensiones, e indirectamente nos permite calcular su déficit estructural. Supone un avance importante, respecto al saldo de caja, al pasar de un dato anual a otro que tiene en cuenta todo el ciclo económico, dándonos una medida mucho más próxima a la sostenibilidad del sistema.
Sin embargo, hay que precisar que el dato que utiliza la Seguridad Social para revalorizar las pensiones es el IRP topado por el mínimo establecido en la ley y no el IRP teórico. Además, la Seguridad Social no hace público este valor teórico, es decir, lo rodea de un velo que lo hace invisible. Pero como creemos que es un dato importante, hemos querido hacerlo visible y lo hemos calculado; obteniendo que en 2015 se tendría que haber aplicado una revalorización de las pensiones negativa del 1,21%, que en 2016 ha pasado a un valor negativo del 2,52%, y que para 2017, según nuestras previsiones (con datos a 30 de septiembre de 2016), se tendría que aplicar una revalorización de las pensiones negativa del 3,11%. En todos estos años, el valor aplicado ha sido del 0,25%. El hecho de que el valor del IRP teórico disminuya tanto cada año es un fiel reflejo de que el déficit no corregido en un año cualquiera, incrementa el déficit de los años sucesivos.
Además, a partir del IRP teórico se puede obtener el déficit estructural del sistema de pensiones, que también es un valor “invisible” al no hacerse público, y que hemos estimado en más de 11.000 millones de euros en 2016, pero que en 2017 pasaría a más de 14.000 millones.
Incluso, yendo un poco más lejos, existe un concepto totalmente invisible para la Seguridad Social que es el desequilibrio actuarial del sistema, cuyo análisis requiere más espacio del que dispongo aquí, y que supone un análisis más complejo y completo.
Una vez comentada la situación actual del sistema, es razonable intentar buscar soluciones, aunque sea de manera resumida. Considero que la prioridad absoluta de un sistema contributivo de pensiones es que sea sostenible y creíble; y para mí eso implica mantener el IRP, por ser un mecanismo de ajuste automático. Pero, además, me gustaría que el siguiente gran objetivo del sistema de pensiones fuera el de la adecuación o suficiencia de las pensiones. ¿Cómo se podría conseguir sin grandes cambios? Mi propuesta es la siguiente: la diferencia entre la revalorización de las pensiones que se acordara entre todos los representantes de los ciudadanos y la revalorización teórica del IRP (es decir, sin topes) fuera financiada con impuestos. Esto permitiría alcanzar el doble objetivo: que el sistema contributivo no tuviera déficit estructural –al dejar que fluctuara libremente el IRP, aseguraría la sostenibilidad financiera– y, al mismo tiempo, se podría fijar una revalorización de las pensiones que se considerara adecuada (por ejemplo, mantener el poder adquisitivo). Traducido a cifras, en 2016 la diferencia entre aplicar el IRP teórico y el IRP topado, hubiera sido de unos 3.700 millones, pero ya pasaría a más de 4.000 millones en 2017.
Por otro lado, considero necesario que se rediseñe la pensión de viudedad, porque han pasado muchos años (unos 50) desde que se concibió tal como está ahora y, desde entonces, ha habido cambios muy importantes, por ejemplo, el papel de la mujer en el mercado de trabajo. A mi modo de ver, la prestación de viudedad debería estar relacionada con el nivel de ingresos y con la edad del beneficiario y, en algunos casos, podría tener sentido que fuera una pensión vitalicia, pero no para casi todos los beneficiarios, como ocurre ahora. Un buen mecanismo podría ser el de asignar prestaciones temporales, de duración y cuantía en función de las necesidades del beneficiario y de su edad, lo que implica que pase a adquirir un carácter no contributivo y, por lo tanto, tendría que financiarse con impuestos.
José Enrique Devesa Carpio es Profesor Titular de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto de Investigación Polibienestar