La OCDE pide más inversión en la UE aunque se incumpla el déficit
Las recetas de la Comisión Europea para reducir el déficit y la deuda (ajustes y subidas de impuestos) entre sus países miembros han encontrado oposición. No ha surgido en Grecia, donde gobierna una coalición de izquierdas, ni en Francia o Austria, donde los partidos de ultraderecha han adquirido un protagonismo sin precedentes. La corriente contestataria ha surgido desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el organismo que engloba a los 37 países más desarrollados del mundo.
“En el contexto actual de recuperación lenta, los países deberían utilizar la flexibilidad autorizada (...) para ralentizar o suspender temporalmente sus esfuerzos de saneamiento y, si el Pacto de Estabilidad ofrece suficiente margen, adoptar una orientación expansionista”, señala en un informe dedicado a la economía de la zona euro. ¿Qué entiende por flexibilidad autorizada? El organismo precisa que se trataría de ampliar los plazos de reducción del déficit más allá de lo marcado por las autoridades comunitarias en los países que llevan a cabo “reformas de gran amplitud” en el terreno fiscal y en la orientación del gasto para partidas que “mejoren el crecimiento potencial y la sostenibilidad a largo plazo de las cuentas públicas”.
En realidad lo que solicita la OCDE no es algo novedoso en la historia reciente de la Unión Europea. Ya se hizo en el caso de Francia ante su incumplimiento sistemático de los objetivos de déficit. En 2013, el desfase entre ingresos y gastos fue del 4,1% del PIB y el siguiente hito estaba marcado en el 3,8% para 2014. Lejos de bajar, el déficit subió al 4,4% y eso le dejaba muy lejos del 3% marcado para 2015. Un objetivo imposible ante el estancamiento secular de la economía gala que obligó a las autoridades francesas a pedir otro período extraordinario de dos años para bajar el desfase en 2017.
A cambio se le reclamó un ajuste de medio punto de PIB en el déficit estructural. No era la primera vez que se le concedía una prórroga. En 2009, el objetivo fijado por la UE era llevar el déficit por debajo del 3%, tal y como marcaba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En diciembre de ese año, ante el desplome de la economía, se le amplió el plazo hasta 2013. En ese último año se le volvió a conceder otros dos años (2015) ante el estancamiento económico y posteriormente se le concedió otra prorroga. Era la tercera en siete años. Una prerrogativa que no se le ha aplicado a otros países como Grecia, pese a encontrarse en una situación mucho peor, con un retroceso continuado del PIB desde 2008.
- La lucha de España
Otra nación que se encuentra en esa tesitura es España, que tenía marcado un objetivo del 5,1% para el pasado ejercicio y que se quedó en el 5,8%. Pese a que la actividad y el empleo están creciendo a tasas del 3%, la posibilidad improbable de rebajar dos puntos el déficit en un año le ha llevado a la Comisión a concederle un año adicional en la senda de consolidación fiscal, de tal modo que el desfase entre gastos e ingresos bajará del 3% a finales de 2017. Unos objetivos que parecen demasiado exigentes y que podrían llevar al Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 26-J a reclamar una nueva prórroga.
- La inversión de Alemania
El informe de la OCDE tampoco es novedoso respecto a la reclamación de que los países con mejor saldo presupuestario eleven su gasto en inversión para tratar de estimular a las deprimidas economías vecinas. El organismo constata que los recortes masivos aplicados entre 2011 y 2013 “contribuyeron a intensificar y prolongar la recesión y se cebaron en la inversión pública”. Por ello, reclama, al igual que ha hecho en otras ocasiones la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el G-20, a los países que disponen de un margen de maniobra presupuestario (entre los grandes solo Alemania tiene más ingresos que gastos) “a que lo utilicen valiéndose de la flexibilidad del Pacto de Estabilidad para dar una orientación más favorable al crecimiento”.
Esos mensajes no han tenido efecto en Alemania, que ha desoído las peticiones desde los distintos organismos y ha priorizado la ortodoxia fiscal ante el aumento del gasto público. La terquedad del Gobierno dirigido por Angela Merkel le ha llevado a entrar en el grupo de países suspendidos por la Comisión Europea, junto a Italia, Portugal y España. En el caso de Alemania, Bruselas le reprendió en febrero por la falta de reformas estructurales y por el desorbitado importe de su superávit comercial (un 8% del PIB), por lo que considera que sería necesario utilizar parte de ese excedente para impulsar la inversión. Ese remanente alcanzó en abril un máximo histórico al situarse hasta abril en 24.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al mismo período de 2015.
