Tribuna

El Parlamento y el dilema del prisionero

Tras las elecciones generales del 20 de diciembre se ha producido en España una diversificación de los partidos representantes de los ciudadanos que se materializa de la forma siguiente: los del partido más votado no han obtenido una mayoría absoluta para poder gobernar siguiendo las normas electorales vigentes y tienen que avenirse a pactar con los grupos con menos votos o de menor entidad que en principio rechazan cualquier apoyo que signifique lo que ellos entienden por claudicación. Se produce incertidumbre y se especula acerca de cuál será la mejor solución al problema que se ha planteado.
Estamos ante el sistema de acción colectiva y de cooperación necesaria en la que un partido con más votos puede quedarse al margen por el juego de fuerzas que los ciudadanos han señalado. En esta tesitura debemos recordar el sistema que se estudia y analiza en las ciencias sociales, el llamado dilema del prisionero, que trata de optimizar la colaboración. El dilema se aplica al valorar comportamientos estratégicos en los que se advierte dependencia mutua. Es ilustrativo este ejemplo del clásico conflicto de intereses individuales y colectivos de quienes toman decisiones y también a la hora de justificar los beneficios de la colaboración. Este dilema se expone, por tanto, cuando aparece algún desencuentro entre individuos o grupos de intereses.
El clásico dilema del prisionero es el siguiente: la policía detiene a dos sospechosos de haber cometido un delito. No existen pruebas suficientes para condenarlos y, tras haberlos detenido, se los encierra a cada uno en una celda. El fiscal les visita por separado y les ofrece el mismo trato. Cada uno de ellos va ser interrogado sobre la culpabilidad del otro. Si uno confiesa y su cómplice no habla, este será condenado a la pena máxima, que se eleva a diez años, y por el contrario, el delator quedará libre. Si ambos permanecen callados, los dos serán condenados a seis meses por un cargo menor y por falta de pruebas, mientras que si ambos confiesan tendrán seis años de condena. Cada preso puede optar por colaborar con el otro o defraudar acusándole de ser el autor del delito y librarse de la pena.
Desde el punto de vista del interés óptimo de los dos sospechosos, la elección que lleva al mejor resultado es que ambos prisioneros cooperen, no inculpen al contrario ya que de esta forma ambos cumplirán la mínima pena posible; es decir, la moraleja de este tipo de ejemplos es conseguir el beneficio conjunto. Se sabe que las estrategias egoístas dan peores resultados a largo plazo, en cambio, las de cooperación son mejores para el interés de cada uno. Si esto es así, parece importante articular mecanismos para que se generalicen las conductas de colaboración .
En el ámbito internacional, dentro del confuso escenario de la posguerra surgieron unas organizaciones que trabajaron a favor de una salida cooperativa estable aceptando las limitaciones de cada Estado que hicieron posible logros de la altura moral del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, que supuso aceptar limitaciones en los beneficios individuales de cada Estado firmante. Este espíritu de colaboración se produjo también sobre el plan que presentó Schumann, que dio lugar a la creación de las Comunidades Europeas. Los Estados miembros acordaron renunciar a una parte de su soberanía nacional a favor del surgimiento de una Comunidad Europea. Esto produjo un acatamiento de determinadas valoraciones que modificaron las expectativas de utilidad de cada Estado. Por esta razón, aunque un cierto curso de acción conduzca a mayores ganancias, puede no ser elegido porque conlleve menor utilidad.
Si observamos el maremágnum que se ha producido al configurar el Congreso de los Diputados, tenemos en realidad la misma situación del dilema expuesto: si una formación política apoya al grupo mas votado, pierde su posición y es criticada por sus bases, pero si no coopera. ni beneficia a los demás ni obtiene beneficio propio.
Es un problema que en la actualidad tiene el pueblo español, una incertidumbre que solo produce malestar y preocupación por un futuro incierto y la incógnita de cómo han de resolverse de forma inmediata los problemas lacerantes que sufren muchos españoles, como el desempleo, la pobreza, el déficit de educación y a los que no les importa cuál sea el resultado obtenido de tales negociaciones, solo esperan que se resuelva cuanto antes la situación. Urge de verdad que se resuelva la situación creada tras las elecciones, de tal manera que se alcance un beneficio para toda la sociedad española.

Guadalupe Muñoz Álvarez es Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación