El reto de unir a todos los países para salvar al planeta

Una esfera cuelga entre el primer y el segundo piso de la torre Eiffel en París, con motivo de la COP21. Reuters

Hoy es el gran día. Arranca en París la vigésimoprimera edición de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) y la undécima sesión de la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto –para actualizar este acuerdo vinculante firmado en 1997–, además de otras reuniones en paralelo. El reto es acordar, a lo largo de los próximos 11 días, un nuevo tratado internacional jurídicamente vinculante para comprometer a todos los países (más de 170) en la lucha contra el cambio climático. El escenario deseado es que cada uno de los Estados, en función de sus capacidades y circunstancias nacionales, se adhiera al marco global para frenar este fenómeno y lograr así que la temperatura media del planeta no supere los dos grados centígrados respecto a niveles preindustriales.

Las negociaciones empezaron en 2011 con la creación del Grupo ad Hoc de la Plataforma de Durban (ADP, por sus siglas en inglés). Ahora, los países que forman la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deberán trabajar para encontrar áreas de consenso que permitan alcanzar un acuerdo. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha explicado que la cumbre de París es “una cita internacional clave para movilizar los esfuerzos globales de lucha contra el cambio climático y sentar las bases de una respuesta internacional ambiciosa capaz de hacer frente a este reto al que nos enfrentamos”.

Medio Ambiente asegura que se cumplirá el objetivo para 2020

El departamento dirigido por Isabel García Tejerina espera que en la convención se adopte “un instrumento legal, jurídicamente vinculante en forma de protocolo”. Según el Ministerio, este acuerdo debe reflejar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de todos los países, haciendo hincapié en las grandes economías.

Además, se espera que se tomen un conjunto de decisiones que hagan posible la implementación del convenio que surja de esta cumbre y se lancen “una serie de programas de trabajo necesarios para desarrollar los detalles para la aplicación del acuerdo antes de su entrada en vigor”, junto con una determinación sobre el proceso para aumentar las acciones en materia de mitigación antes de 2020. El Ministerio indica que es necesario conseguir “procesos en la agenda de implementación técnica con la que continuar desarrollando la arquitectura de lucha contra el cambio climático, en áreas fundamentales como son el sistema de información y transparencia, cuestiones metodológicas o aspectos relativos a la adaptación a los impactos de este fenómeno, entre otras cuestiones”.

España, “con los deberes hechos”

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, aseguró la semana pasada que España acude a este encuentro cumpliendo con sus compromisos de reducción de emisiones actuales y en busca de “un acuerdo de máximos que sustituya al Protocolo de Kioto”. En concreto, el país cumplió con la primera fase del citado convenio, cerrado en 2012 –podía aumentar sus emisiones un 15% respecto a 1990–, y “está en la senda de cumplir la segunda, hasta 2020”, pese a que las emisiones volvieron a crecer en 2014 (un 1%) a diferencia de la tendencia de caída desde 2007.

Junto a Saavedra, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, manifestó que España negociará para que el acuerdo posea unas reglas de transparencia y rendición de cuentas para verificar los objetivos de reducción planteados por los países cada cinco años, algo que no es del agrado de China ni de EE UU.

La Unión Europea, responsable en la actualidad del 8,5% de las emisiones mundiales, defenderá que el convenio alcanzado fije 2020 como fecha límite para el tope de emisiones mundiales. Esta institución pedirá una reducción del 50% de los gases en 2050 respecto a niveles de 1990 y la neutralidad en emisiones a finales de siglo.

Todas las empresas, llamadas a cooperar

El Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV) señala la necesidad de que todos los países y todos los sectores económicos compartan el compromiso de la reducción de emisiones y el esfuerzo para conseguirlo, ya que se trata de “un problema global”. Las empresas que componen el GECV recuerdan que el calentamiento global debe limitarse a dos grados centígrados y que se necesitan “unos objetivos claros, revisables y a largo plazo” en cuanto a reducción de emisiones. Según esta entidad,deben “traducirse en voluntades políticas y señales regulatorias transparentes”, como la determinación del precio del carbono, que activaría las inversiones para el desarrollo de una economía verde.

El GECV también considera que es necesario definir “marcos estables y atractivos que favorezcan la I+D+i de soluciones tecnológicas orientadas a reducir las emisiones e identificar nuevas líneas de actividad económica”.

Esta asociación sin ánimo de lucro defiende que “ahora es el momento de actuar” y que las alianzas público-privadas son “esenciales en el avance hacia un nuevo modelo de desarrollo que diferencie claramente el crecimiento económico y el incremento de emisiones”.

El Grupo Español de Crecimiento Verde, fundado en septiembre de 2014, está formado por la administración del Estado y 27 empresas de diversos sectores, entre las que se encuentran Abertis, Acciona, Amadeus, BBVA, Endesa, FCC, Ferrovial, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, NH Hoteles, OHL, Santander y Telefónica. Los objetivos de esta plataforma son promover las actividades necesarias para transmitir a la sociedad en general y a los grupos de interés el potencial de este modelo de crecimiento económico para España.