Tribuna

Una reforma entre el deseo y la realidad

Un año llevamos dándole vueltas a la reforma fiscal y todavía parece que estamos empezando. Fue allá por el 5 de julio pasado cuando el Consejo de Ministros encargó a la Comisión de expertos la elaboración de un informe sobre la reforma del sistema tributario. Ese fue el pistoletazo de salida para el debate. Desde entonces, peticiones, sugerencias, propuestas –entre otras las de nuestra corporación, que presentamos en diciembre pasado– y comentarios de todo tipo. En febrero vio la luz el citado informe de Manuel Lagares y, desde entonces, rumores, desmentidos, más sugerencias y finalmente, después del Consejo de Ministros se dan a conocer solo algunos aspectos del anteproyecto de ley de reforma, dejando para el lunes próximo el texto y las explicaciones más detalladas. Eso sí, nos advierte de que todo lo referente a tributos directamente relacionados con la financiación autonómica, como son los medioambientales, sucesiones o patrimonio, se supedita a la evaluación de dicho sistema y, suponemos, que a los acuerdos con las Comunidades.

En cuanto a las consecuencias cuantitativas de la reforma, como ya sabemos y la troika y la Comisión de expertos dejaron muy claro, el margen de maniobra es estrecho pese a la mejoría de las perspectivas económicas y a los deseos de alagar a los contribuyentes debido al calendario electoral tan denso y próximo que tenemos.

A este respecto sirva recordar que el déficit del sector público sobre el PIB fue del 6,62% el año pasado y que nos hemos comprometido a recortarlo hasta un 2,7% en 2016, lo que supone conseguir, reduciendo gastos, aumentando ingresos o con ambas acciones, más de 40.000 millones. Lo que hoy podemos saber, no nos aclara demasiado. Parece que el coste recaudatorio de la rebaja impositiva en el Impuesto sobre la Renta –de media, pagaremos un 12,5% menos– es bastante más elevado de lo que en principio se había anunciado y se deducía del plan de estabilización presentado en Europa, lo cual solo nos puede indicar que se está barajando un escenario económico muy optimista.

Desde luego, aunque desgraciadamente sabemos que el margen de rebaja está condicionado por nuestro endeudamiento y nuestros compromisos, a lo que sí se puede aspirar es a corregir algunos vicios de nuestro sistema tributario: tipos nominales poco estéticos y tipos efectivos sustancialmente más bajos de los que, además, no disfrutan todos los contribuyentes, lo que origina falta de equidad horizontal; marasmo normativo, tanto por la cantidad de normas como por su volatilidad; desigualdades tributarias interterritoriales excesivas en el Impuesto sobre el Patrimonio, en sucesiones y donaciones y en tributos presuntamente medioambientales; litigiosidad desbocada; un preocupante nivel de fraude fiscal; y unos contribuyentes sometidos a innumerables obligaciones tributarias formales.

Lo que hemos podido conocer de la reforma, a la espera de tener los textos del anteproyecto de ley, entendemos que va en el buen sentido en lo referente al acercamiento de tipos nominales y efectivos, rebajando los primeros e incrementando los segundos. Ello nos hará más competitivos respecto a otros países y dotará de mayor equidad al sistema. Tenemos la esperanza de que las excesivas desigualdades territoriales se puedan corregir cuando se aborde la nueva financiación autonómica y de que la prevención del fraude mejore, en alguna medida, con la reforma de la Ley General Tributaria que aún no conocemos, pero que se está preparando. Lo único que ha puntalizado el Ministro es la ya muy anunciada lista de morosos que, por otra parte, ya estaba prevista en la Ley General Tributaria anterior y que desapareció con la publicación de la actual.

En lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, la reforma va en línea con lo previsto y, desde nuestro punto de vista, en la buena dirección: rebaja de tipos en dos años hasta el 25%, mantenimiento del gravamen nominal para las pymes, pero –muy importante– se van a establecer unos potentes incentivos a la capitalización de las mismas y habrá limpieza de deducciones excepto de la I+D+i, considerando que es estratégica para el incremento de productividad y para el empleo cualificado.

Para terminar, solo recomendar que las Administraciones utilicen su capacidad normativa con moderación, posibilitando un marco más estable, con menores conflictos tributarios y mayor seguridad jurídica. A esto puede contribuir, como ocurre ya en muchos países de nuestro entorno, un cambio en las relaciones tributarias, dirigiéndonos a una relación cooperativa en la que la Administración actúe con más transparencia en la comunicación de los datos.

Valentí Pich Rosell es presidente del Consejo General de Economistas.