Tribuna

Cinco claves para la transición energética

Europa tomará este año decisiones sobre las políticas de clima y energía en el horizonte de 2030. ¿Alguien ha oído algo al respecto en los primeros actos electorales? ¿Ha habido alguna reacción del Gobierno al escalofriante panorama descrito por el IPCC y las conclusiones de sus tres grupos de trabajo? Nadie, ¿verdad?

En realidad sólo nos llegan ecos de este asunto al hilo de otros factores, como la crisis de Crimea o el entusiasmo norteamericano por los hidrocarburos no convencionales. Y no precisamente como acicate para impulsar una estrategia energética convincente que garantice la seguridad, la sostenibilidad ambiental y la razonabilidad de los costes sino, a modo de extraña pirueta, como argumentos a favor de prospecciones petrolíferas o para defender un eventual futuro dorado de una España intermediaria de gas.

Es verdad que tendemos a ver las cosas con un prisma local que nos distancia de los grandes debates estratégicos, pero en Bruselas la cuestión de la transición energética tampoco es un asunto sencillo. Cabe preguntarse, en primer lugar, por la existencia de una voluntad real por parte de los integrantes del Consejo Europeo a la hora de impulsar dicha transición y, en segundo lugar, sobre su capacidad real para hacerlo. Y es que, aun presumiendo la unanimidad sobre los objetivos que deben orientar la transición energética, hay, al menos, cinco grandes asuntos a los que prestar atención:

  1. La dependencia mutua entre los Estados y los Estados y la Unión. No hay estrategia nacional que pueda llevarse a la práctica al margen del marco común europeo y de una coordinación eficaz con los demás vecinos. Sin embargo, la Unión es débil en este ámbito; la coordinación entre Estados, puntual; no existe acción exterior común en materia de energía; se impone la soberanía nacional y las prioridades y preocupaciones son muy dispares (al Sur le preocupa su aislamiento y la financiación; al Este el coste de las reformas; a un bloque central, evitar cargas adicionales en beneficio de otros, etc.).
  2. Las señales del regulador. El precio del CO2 es un aspecto clave pero por sí solo insuficiente para impulsar un cambio de esta magnitud. No basta para generalizar nuevas inversiones bajas en carbono e impulsar la innovación ni permite resolver las cuestiones relativas a redes y su gestión.
  3. La voluntad de los actores tradicionales. Un sistema eficiente y renovable supone cambios muy importantes en el modelo de negocio y en el número y perfil de los actores. Sería bueno contar con una implicación responsable de los operadores tradicionales. Sin embargo, propuestas como las del autodenominado grupo Magritte –integrado por grandes clásicos del sector eléctrico europeo– más parecen ir en la dirección de preservar lo que hay que en la de participar responsablemente en el proceso de cambio.
  4. La financiación de la transición. Otra de las grandes barreras es la relativa a las cuantiosas inversiones iniciales a las que ha de hacer frente para impulsar nuevas formas de generar electricidad, nuevos patrones que combinan grandes sistemas y soluciones distribuidas; cambios en la gestión de las redes; desembolsos iniciales que garanticen ahorros y consumos eficientes, etc. Y esto coincide en el tiempo con un acceso complejo y caro a la financiación y, tras los vaivenes de algunas políticas nacionales, con un incremento notable del riesgo regulatorio ante los ojos de cualquier inversor. Se requiere una respuesta coherente que aproveche bien el potencial de que disponemos.
  5. El mercado y la formación de precios. Por último, es difícil impulsar la entrada de instalaciones de generación con altos costes de implantación y reducidísimos costes operativos en un sistema en el que el precio lo marca la tecnología marginal. En plena campaña en contra de las remuneraciones al margen del mercado, nada se dice sobre las dificultades reales de acceso para quien no está ya. Hasta ahora, se han diseñado vías de retribución paralelas para facilitar su instalación y, ante el impacto empresarial o social en las desplazadas, se han adoptado otros mecanismos –como los pagos por capacida– para quien quedaba por debajo del umbral de rentabilidad esperado. Las consecuencias son la insostenibilidad económica de sistemas con una manifiesta sobrecapacidad instalada. Se hace imprescindible revisar el mercado y el sistema de fijación de precios.

Será difícil abordar con éxito la transición energética en Europa, pero más difícil aún será construir el futuro de la Unión sin una apuesta clara y contundente por el interés común que representa un sistema energético eficaz, seguro, con costes razonables y neutro en carbono.

Teresa Ribera es consejera de clima y energía. IDDRI, París