El español Manuel Valls, nuevo primer ministro de Francia
El correctivo que los franceses han propiciado a los socialistas en los comicios municipales (tan solo han mantenido la alcaldía de París entre las grandes ciudades) ha tenido consecuencias inmediatas . Desde primera hora de la mañana se venía rumoreando con una crisis de Gobierno que se ha hecho oficial a las ocho de la tarde, con una comparecencia en televisión del presidente de Francia, Francois Hollande. Allí comunicó la salida del ya exprimer ministro, Jean-Marc Ayrault, de quién destacó “el coraje y la abnegación en una situación muy degradada” y el nombramiento del español Manuel Valls, hasta ahora en la cartera de Interior, como nuevo primer ministro.
En su mensaje, Hollande estableció la hoja de ruta que debe seguir Valls, con una prioridad por encima de todas: generar crecimiento y crear empleo. Y para ello puso encima de la mesa el pacto de responsabilidad, un controvertido plan que se aprobará en las próximas semanas y que consiste en una rebaja masiva de cotizaciones sociales (30.000 millones de euros) a cambio de un recorte del gasto de 50.000 millones de euros con el fin de que no tenga impacto en las cuentas públicas.
Frente a las peticiones de los sectores más radicales de la izquierda para retirarlo, Hollande constató que considera “prioritario” el pacto para la generación de puestos de trabajo en una coyuntura en el que la tasa de desempleo ha alcanzado máximos históricos (un 10,9% de la población activa). El presidente francés también estableció como prioritaria la reforma de la energía “para reducir la dependencia del petróleo”. Todo ello pese a que Francia es una potencia nuclear y su dependencia del crudo es sensiblemente inferior a la de España, que importa el 98% de lo que consume.
Unas reformas que se pueden quedar cortas a tenor del demoledor informe expuesto hace unas semanas por la Comisión Europea en la presentación de sus últimas perspectivas económicas. “Francia debe acometer recortes presupuestarios específicos con rapidez, dado su elevado nivel de gasto público”, según el informe presentado en Bruselas, en el que se calificaba a Francia como el nuevo enfermo de la Unión Europea y en el que se calificaban de “tibias” las últimas reformas aprobadas como la de las pensiones. Si el Ejecutivo francés ignora las recomendaciones de Bruselas en materia de ajustes, puede enfrentarse a una sanción del 0,2% de su PIB, en torno a unos 4.000 millones de euros.