Una tasa beneficiosa para la economía y la ciudadanía

Cuando hace 20 años era estudiante de económicas, recuerdo muy bien una de esas frases lapidarias de un profesor: “como agentes económicos, tenemos la obligación de pagar los menos impuestos posibles, siempre que sea legal”. Una afirmación que entonces reíamos, desconociendo la carga de profundidad de esa idea básica.

Dos décadas más tarde, nos encontramos con que las prácticas de planificación fiscal agresiva –mecanismos para pagar menos impuestos de los requeridos, utilizando territorios offshore o mecanismos como el transfer mispricing- se han destapado como el gran escándalo económico de nuestro tiempo.

En este sentido, el sector financiero ha sido y sigue siendo el niño mimado de los Gobiernos del mundo. Primero se impulsaron reglas para autorizar todo movimiento sin control alguno, y hasta muy recientemente se ha evitado cualquier mínima tasa o impuesto a las transacciones financieras.

Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con el resto de nuestra economía. En los últimos tiempos hemos vivido subidas del IRPF o el IVA de varios puntos porcentuales. Es decir, la ciudadanía y diferentes sectores económicos están sufriendo subidas muy elevadas –hay sectores como el cultural, el más castigado, que han pasado del 8% al 21% del IVA- mientras el sector financiero ha puesto en marcha una brutal maquinaria de propaganda para frenar un mínimo impuesto a las transacciones financieras, que gravaría con un 0,1% las acciones y bonos y con un 0,01% a los derivados.

El sector financiero ha sido y sigue siendo el niño mimado de los Gobiernos del mundo

Cabe decir, además, que mientras las transacciones financieras continúan operando sin tasas ni reglas, la economía y las personas reales no sienten sus benéficos efectos. La economía y el empleo siguen cayendo, y el flujo de crédito no llega a las pequeñas y medianas empresas ni propicia los emprendimientos que tanto necesitamos. Entonces, ¿a quién beneficia la exención de cualquier tasa sobre todas estas operaciones para contribuir a financiar las políticas que apoyen a las víctimas de la crisis? ¿Tan sólo a los ingresos de los mismos operadores?

Así que lo que sucede no es nada nuevo: un sector económico que, siguiendo las lecciones de mi viejo profesor, busca desesperadamente evitar tener que pagar cualquier contribución al bien público, aunque sea una minúscula tasa.

Para resolver esta situación, la “cooperación reforzada” pactada por 11 estados de la Unión Europea ha acordado que la implantación de esa Tasa a las transacciones financieras debe arrancar en enero de 2014. De entrada se ha establecido una tasa de por sí restrictiva, que incluye sólo las transacciones de acciones, bonos y derivados.

La tasa sobre la compraventa de acciones planteada, del 0,1% -frente al 0,5% del Stamp Duty en la Bolsa de Londres- admite poca discusión. De hecho es extraño que no se equipare a esa tasa vigente en el Reino Unido desde hace dos siglos y que recauda cada año 3.000 millones de libras.

La tasa debe rescatar recursos para las muchas necesidades sociales que existen hoy en la UE

Lo fundamental para evitar movimientos para esquivarla y desviaciones de unos productos y unos mercados a otros, es que la tasa integre a todos los productos financieros desde el inicio, y que establezca controles administrativos para que afloren los flujos hoy ocultos. Ganaremos todos, con un mercado mucho más transparente y que contribuye de forma significativa al bien común aportando esa tasa de entre el 0,1% y el 0,01%.

¿Que la tasa desincentivaría algunos movimientos, los más especulativos? No se trataría de un efecto negativo, sino de un efecto deseado. ¿Cuál es la razón para proteger movimientos con importantes externalidades negativas y sin impacto sobre la economía real o el empleo? Si se reduce el volumen de esas operaciones de cortísimo plazo, puras apuestas de casino, habría un impacto positivo sobre la economía. Sencillamente se reduciría el volumen de operaciones que restan eficacia a los mercados financieros y se reducirían marginalmente los beneficios de los operadores, de donde se espera obtener el 50% de los ingresos por la aplicación de la tasa, para favorecer a las víctimas de la crisis. ¿Alguien ve en ello más problemas de distorsión del mercado que beneficios para la sociedad? Con la aplicación de la tasa se orientaría el ahorro hacia actividades productivas en el medio-largo plazo y se desincentivarían dinámicas como el high frequency trading, que hasta pueden manipular la fijación de precios.

Pero hay algo más. La tasa generaría 5.000 millones de euros anuales en España. Unos recursos que serían de altísimo valor para ayudar a las víctimas de la crisis y podrían ser utilizados para asegurar medidas de renta mínima, alimentación escolar, y ayuda humanitaria, la política más castigada en los presupuestos por el actual Gobierno. Ese sí que es un efecto deseado de la tasa que debemos impedir por todos los medios que se frene.

El Consejo Europeo de esta semana debe tratar la lucha contra la evasión fiscal en sentido amplio. Y debe acoger favorablemente los avances hacia esta cooperación reforzada de los 11 que, a través del ejemplo, deberá ampliarse más adelante. La tasa debe rescatar recursos para las muchas necesidades sociales que existen hoy en la Unión Europea, e implantarse sin excepciones, precisamente para evitar fugas de unos productos a otros. Y nos ofrecerá mayor transparencia y mejor control, elementos fundamentales para conseguir evitar los numerosos agujeros fiscales que arruinan nuestras arcas y políticas públicas y convierten a la española, en una sociedad más insolidaria.

Jaime Atienza es director del departamento de Campañas y ciudadanía de Intermón Oxfam