Editorial

Una reforma que ordene la devaluación de costes

El desempleo es la primera preocupación expresada por los españoles en todas y cada una de las encuestas de sentimiento económico desde que comenzó la crisis. Pero lo más preocupante es que lo seguirá siendo durante una larga temporada, a juzgar por las estimaciones de generación de empleo que sobre España hacen las instituciones internacionales y el propio Gobierno. En el medio plazo, los próximos cinco años, el Fondo Monetario Internacional, que ha realizado la más reciente de las proyecciones, estima un crecimiento de la economía muy modesto (cero el próximo año, y tasas inferiores al 1% hasta 2018) y una evolución de la ocupación acorde con este desempeño de la producción (tasas de paro superiores al 25% también hasta 2018, cuando ahora está en el 26,26%).

La recomposición de las bases de crecimiento en España, tras la crisis financiera y el altísimo endeudamiento de los agentes económicos públicos y privados, se antoja complicada, y sólo la recuperación de la demanda interna podrá catapultar de nuevo la economía. Pero para ello se necesita generar algo que ahora escasea: empleo.

Dado que se trata de la variable más social de cuantas componen el paisaje de la economía, y que tiene una incidencia multiplicadora determinante para el resto, poco a poco irá revelándose como la que tiene más urgente resolución. Si hoy lo son el déficit y la reforma financiera, solo lo son como pilares sin los cuales no puede construirse una política económica que garantice el crecimiento y proporcione posibilidades de desarrollo personal a toda la ciudadanía.

El Gobierno ha hecho una profunda reforma laboral, tras varias modificaciones que únicamente habían sobrevolado sobre la superficie para seguir preservando privilegios normativos procedentes de una economía cerrada y cuasi autárquica, cuasi franquista. Ha dado algunos resultados, evitando una destrucción masiva de empleo, a juicio del Gobierno; pero dado que desde que se puso en marcha en España únicamente se ha contabilizado recesión intensa trimestre tras trimestre, mal puede calificarse su desempeño cuando la economía crezca con vigor. Hay que esperar.

Los distintos agentes que intervienen en la política laboral, desde los expertos a los empresarios y los sindicatos, pasando por todo el aparataje judicial que resuelve sus conflictos, han identificado ya algunas fallas que deberían ser corregidas para incrementar el efecto potencial de la reforma cuando la economía crezca, e incluso para convertir a la legislación laboral en un generador de propio crecimiento.

Mientras que el Gobierno pide tiempo para ver resultados porque considera que se ha flexibilizado la norma y se han abaratado los costes del factor trabajo, los expertos creen que no se puede esperar, y que los nudos siguen sin desahacerse. Tienen identificados aquello a enmendar, y que afecta a la contratación, al despido, a la dualidad, al valor normativo de las decisiones tomadas en el seno de la negociación colectiva y a la composición del binomio políticas activas y pasivas de empleo.

En todos y cada uno de ellos hay mecanismos a mejorar, y no debe despreciarse todo aquel que facilite la contratación, puesto que tiene retornos tanto para la empresa como para la fuerza laboral. La contratación necesita una limpieza a fondo, buscando una simplificación del sistema con no más de cuatro o cinco contratos, y sin descartar poner en marcha el fijo con indemnización variable en función de la antigüedad. Tal mecanismo resuelve de paso el abuso de la temporalidad, que aunque se ha relajado, sigue fracturando el mercado y condenando a generaciones enteras a relaciones laborales finitas, con expectativas de desarrollo vital finitas también. Resuelve también las reservas que puedan tener aún muchos empresarios sobre la carestía del despido, pese a haner sido abaratado y mucho en la reforma Báñez.

Pero las apuestas firmes hay que hacerlas en la negociación colectiva, tanto en la microeconómica como en la macroeconómica, con la vuelta a verdaderos compromisos de reducción de los costes laborales y de reducción de los precios para poder explotar la creación de empleo. La devaluación interna se va a producir; se está produciendo ya, y lleva un trecho notable, aunque más en los costes que en los precios. Sindicatos y empresas deben pactar el ritmo de ejecución del trecho que falta para que en vez de seguir mirando cómo se pierde empleo, se celebre cómo se incrementa.

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