Contra la cultura de morosidad
La prolongación de la crisis actual se debe a múltiples factores que se retroalimentan y para cuya resolución no existen ni fórmulas infalibles, ni salidas sencillas. Sin embargo, los profesionales del asesoramiento empresarial hemos constatado que hay dos elementos que son especialmente letales para la recuperación económica y que afectan con mayor dureza al pequeño y mediano empresario: la falta de acceso al crédito y la demora en los pagos acordados.
Es un hecho conocido que la inexistencia de fluidez del crédito reviste especial gravedad para la pervivencia de las compañías de menor dimensión. Pero a esta falta de acceso a liquidez bancaria, se le une la morosidad, una práctica fuertemente enraizada en la cultura comercial española. Ambos aspectos inciden negativamente en la tesorería de las pymes españolas e impiden la sostenibilidad de muchos proyectos empresariales, también los de los nuevos emprendedores. Destaco en especial el caso de las pymes ya que, a diferencia de las grandes compañías, éstas tienen menor capacidad de hacer valer su derecho al pago sin demora.
Las estadísticas oficiales son contundentes: en los acuerdos entre empresas, en España existe un retraso medio de 19,5 días del pago efectivo respecto el plazo que se había pactado. Pero en el caso de la Administración, el aplazamiento se agudiza hasta alcanzar los 40,3 días sobre el vencimiento previsto. Esta situación conlleva el cierre de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas cada año.
En determinados sectores, como el de los pagos a las farmacias o empresas suministradoras del sector público sanitario, estas cifras alcanzan niveles mucho más elevados. Por ejemplo, en menos de dos años, la Administración catalana ha alargado el plazo para cobrar por parte de las farmacias de 30 a 120 días. La situación ha llevado a los farmacéuticos catalanes a tener que financiar más de ocho millones de euros desde 2011.
Ante la gravedad de este fenómeno no, es de extrañar que la UE haya tomado la decisión de impulsar una nueva Directiva para tratar de atajar dicha lacra. Recientemente, dichas medidas ya se han incorporado al ordenamiento jurídico español con el objetivo de atacar la morosidad y mitigar los graves perjuicios que ocasiona, en pérdidas de empleo y, en definitiva, de generación de riqueza.
La aplicación de la Directiva que se pondrá en marcha este mismo mes, a través del nuevo plan de pago a proveedores que ha diseñado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, debería tener un efecto benéfico directo para muchas compañías que actualmente se encuentran ante dificultades de tesorería debido a períodos de cobro excesivamente largos. Entre las diferentes claves de la nueva normativa de Bruselas, merece ser destacada la norma que establece que la Administración deberá pagar por los bienes y servicios que contraté en un plazo de 30 días naturales o, excepcionalmente, en un máximo de 60. Resulta un aspecto relevante, especialmente cuando hoy sabemos que más del 95% de las Administraciones Públicas incumplen el periodo medio de pago.
Los profesionales que, como los Titulados Mercantiles, asesoramos a empresas sabemos que, pese a las medidas de pago a los proveedores, la Administración sigue sin facilitar el cobro a las empresas que le prestan servicios y productos. Si tomamos exclusivamente los autónomos, las Administraciones Públicas les adeudan unos 5.000 millones de euros en facturas impagadas.
La recuperación económica irá unida a un aumento del crédito, sobre el que no existe consenso de cuando podría iniciar una senda alcista. Quizás la reciente rebaja del coste del dinero anunciada por el BCE ayudará en cierta medida a esta mayor fluidez crediticia. En cualquier caso, sí se pueden desde hoy empezar a implementar medidas para reducir la dilación en los pagos. Sería un error limitarnos a ensalzar la figura del emprendedor o las virtudes de la actitud innovadora y de la iniciativa individual, y, por el contrario, no introducir medidas que faciliten las necesidades de liquidez de dichos proyectos.
Desde sus inicios, la gestión española del conjunto de la crisis económica ha adolecido de numerosos errores. Algunos de los más comunes han sido la indecisión, la postergación de medidas o la negación de la realidad. Hoy tenemos la oportunidad de no seguir repitiendo los mismos desaciertos con una apuesta clara y decidida por atajar la morosidad. El cumplimento de las medidas de la Directiva atemperaría las tensiones financieras de muchos empresarios y ofrecería al conjunto del país el mensaje reconfortante de que se está avanzando por una senda de hechos y no de planes que quedan en meras palabras o intenciones.
Eduard Soler es decano del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Barcelona