El Foco

Pensiones: poner el cascabel al gato

La sostenibilidad de las pensiones es uno de los temas que más preocupan a una sociedad cada vez más envejecida. El autor revisa el alcance de las medidas puestas en marcha en España para afrontar este reto.

En los próximos años, cada día que pase los españoles ganaremos 3,2 horas de esperanza de vida, según se desprende de un reciente estudio elaborado por el Grupo AXA en España. El aumento de la longevidad, la contracción de la natalidad y el dramático retraso de la entrada a la vida laboral configuran una nueva estructura de pirámide poblacional. En realidad, una pirámide invertida, estrecha por abajo y ancha por arriba. Uno de los grandes retos del siglo XXI será convivir con esta situación, lo que se traduce en que las pensiones y el envejecimiento poblacional será el desafío, con mayúsculas, de esa futura Unión Europea (UE).

Que los ciudadanos cuenten con unas pensiones de jubilación adecuadas y sostenibles debe ser una cuestión prioritaria. En este sentido, los informes de la Comisión Europea (CE) de 2009 y 2012 sobre el envejecimiento, el Libro Verde sobre las Pensiones de 2010, el Libro Blanco de 2012 y los documentos del Parlamento Europeo evidencian que los sistemas de pensiones de los países miembros se enfrentan a un empeoramiento de la relación entre trabajadores y jubilados, y al mencionado envejecimiento poblacional.

Para sostener la Seguridad Social hay que afrontar que España es el segundo país más longevo del mundo

En este contexto, en España, se han dado tres pasos importantes: el primero, en 2011, por el Gobierno socialista. Los otros dos, en 2012 y 2013, por el Gobierno popular. El primer paso firme lo llevó a cabo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en agosto de 2011. La Ley 27/2011, de Reforma de la Seguridad Social, comenzó a hacer frente a esos retos. Se señalaban entonces los importantes desafíos que debía afrontar la Seguridad Social si quería garantizar su propia sostenibilidad financiera. Y se destacaba el hecho de que España era el segundo país del mundo con mayor longevidad.

Las medidas de esta primera reforma se podrían resumir en tres: (i) ampliación del periodo de cómputo de 15 a 25 años para el cálculo de la base reguladora; (ii) retraso de la edad ordinaria de jubilación de 65 a 67 años, aplicándose coeficientes reductores en caso de jubilación anticipada; y (iii) ampliación de la escala de 35 a 37 años cotizados para recibir el 100% de la pensión (junto a una bajada progresiva de dicha escala hasta convertirse en totalmente proporcional). La reforma socialista recogió una cuarta medida más de gran importancia: el Factor de Sostenibilidad. Como consecuencia de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, la Ley de 2011 introdujo en su artículo 8 el denominado Factor de Sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, según el cual, a partir de 2027, los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años en el momento en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años, utilizando para este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes.

"El endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada va en línea con las recomendaciones de la UE"

El segundo paso, no tan firme, fue el que dio el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Se consideró oportuno que, en un contexto de profunda crisis, ese Factor de Sostenibilidad, cuya aplicabilidad estaba prevista para 2027, se adelantara. Así, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estableció dentro de su capítulo IV, que el Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones, aplicaría de forma automática el Factor de Sostenibilidad. Sin embargo, dejaba sin concretar en qué consistía ese factor.

El tercer paso, ahora sí, nuevamente firme, lo dieron los populares el pasado 16 de marzo al endurecer, mediante Real Decreto-ley, las jubilaciones anticipadas. En esta segunda reforma de calado se retrasa la edad de acceso a la jubilación anticipada a los 63 años y se requieren 33 años cotizados, en concordancia con los 67 años y 37 de cotización de la reforma socialista del 2011 exigidos para cobrar el 100% de la pensión. El endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada va en línea con las recomendaciones de la UE, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y el impulso del envejecimiento activo. De hecho, estas medidas permiten satisfacer las recomendaciones del Consejo de la UE de 10 de julio de 2012 y no deberían constituir una sorpresa. La reforma sigue las recomendaciones del último informe del Pacto de Toledo, que incluía referencias expresas a la necesidad de conceder una mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador para favorecer la aproximación de la edad real de jubilación a la edad legal de acceso a la jubilación. Del mismo modo, el informe advertía de la importancia de que la jubilación anticipada se reservara a los trabajadores que contaran con largas carreras de cotización para, finalmente, facilitar la coexistencia de salario y pensión.

Se va a crear un grupo de expertos, para el estudio del Factor de Sostenibilidad de la Seguridad Social

De mismo modo, la reforma del Ejecutivo del mes pasado establece la medida más importante: la creación de un grupo de expertos para el estudio del Factor de Sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social, responsables de elaborar un informe para su posterior remisión a la Comisión del Pacto de Toledo. El Consejo de Ministros redactó el pasado viernes 12 de abril el acuerdo por el que se constituye el citado comité, compuesto por doce expertos. El Gobierno se ha esforzado y ha intensificado el diálogo social con patronal, sindicatos y colegios profesionales para poder incorporar el mayor número de opiniones sobre la reforma de las pensiones. Se trata de una composición rica por su diversa procedencia, que incorpora a expertos de sindicatos y patronal, a expertos actuarios y catedráticos, y, como presidente, a un politólogo y sociólogo.

Estos técnicos expertos, que no políticos, deberán ser fieles a la ley y definir un Factor de Sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social conforme indica la norma, es decir, un factor cuyo objetivo sea mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo con garantía de sostenibilidad,

Salvado este escollo, quedan sin resolver tres relevantes aspectos que ya se mencionaron en la reforma de 2011 y que con toda seguridad serán objeto de atención en las próximas reformas legislativas. En primer lugar, queda por conocer cómo se revisará la penalización de la propia jubilación anticipada. En segundo lugar, cómo y a partir de qué edad se va a informar a la ciudadanía sobre su pensión pública estimada (junto a su pensión complementaria privada). Y, por último, queda pendiente conocer cómo quedará la reforma e impulso de l os Sistemas Complementarios de Pensiones, (reforma de calado, en la que ya está trabajando el gobierno con los agentes sociales, y cuyo primer informe verá la luz durante el verano). Medidas, todas ellas, que se van retrasando porque nadie quiere saber nada del gato.

Luis María Sáez de Jáuregui es director de Vida, Pensiones y Servicios Financieros del Grupo AXA en España.

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