La democracia embargada

La crisis económica se prolonga y afecta cada vez a más familias. En este contexto, el autor analiza las consecuencias que tiene para la sociedad que el Ejecutivo actual gobierne con mayoría absoluta.

Los cambios que ha experimentado la pirámide de la estratificación social española en estos últimos cuatro años son de tanta envergadura como los de los pasados cuarenta. El adelgazamiento de las clases medias y el engrosamiento de amplias capas de éstas en el lumpenproletariado es un hecho que nadie habría pronosticado hace sólo unos años. La participación de las rentas salariales en el PIB nacional ha descendido en la última década y de forma vertiginosa en estos años de crisis, mientras que ha aumentado la participación del capital.

España ha sido tradicionalmente un país con elevado desempleo estructural, y tasas de productividad bajas que hacían que nuestros productos fueran poco competitivos, aun partiendo de salarios inferiores a la media europea. Frente a la crisis mundial y ante la imposibilidad de acudir a una devaluación monetaria, se ha optado por lo más fácil: la reducción salarial, el aumento de todo tipo de impuestos y una política de recortes que lleva aparejada, por la ideología de este Gobierno, un aparatoso retroceso en los derechos de la ciudadanía.

Para el ciudadano, estas medidas no dejan de suponer una devaluación de su poder adquisitivo. En consecuencia, se ha originado un círculo vicioso que une de forma perversa la caída del consumo interno, la menor recaudación de todas las administraciones, el aumento de la carga social provocado por el desempleo y la necesidad de nuevos impuestos para cuadrar las cuentas. El problema, además, es que se puede cuantificar la magnitud de los recortes, pero es más difícil saber la contracción que éstos provocan en la economía, con lo cual no podemos estar seguros de cuándo van a terminar los ajustes, de cuándo se va a alcanzar el teórico equilibrio que puede ser, directamente, el abismo.

Y todavía hay sesudos estudios que preconizan mayores reducciones salariales, o sea menos dinero disponible para gastar en manos de las familias. Fantástico, así terminaremos de matar la formación de capital y la gallina de los huevos de oro de la economía capitalista: el consumo de las clases medias. Mientras sigamos manteniendo un diferencial para nuestra financiación y la de nuestras empresas del 4-4,5 % con respecto al bono alemán, gran parte del sacrificio de todos, y desde luego de la clase trabajadora, se irá por el sumidero.

En estos años de crisis se han puesto en marcha muchos planes de recortes, pero todavía no se ha elaborado ningún verdadero plan de estímulo nacional para la economía. Antes al contrario, se han amputado las patas de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, limitado la extensión de las energías renovables, reducido las asignaciones a la educación y a la formación... aumentando, sin embargo, los impuestos a la cultura. Sin creación de valor y sin una apuesta decidida por las nuevas tecnologías y la formación de conocimiento no hay salida posible. Hay que tenerlo claro, máxime en un escenario de contracción de la economía en Europa y en casi todo el mundo: en nuestro país, sin medidas de estímulo, esta crisis se va a eternizar, en tanto deja en el camino a cientos de miles de damnificados.

En este contexto, la postura poco conciliadora de algunos de los ministros no arregla las cosas, porque se está gobernando a golpe de decreto-ley, con la virtud de incomodar a todas las partes. Pongamos como muestra la llamada Ley de Tasas impulsada por el Sr. Gallardón quien, por si todavía alguien albergaba alguna duda de su progresía, enseña así su auténtica vena ideológica.

Este es un ejemplo de ley improvisada que no afronta los verdaderos problemas de la justicia en España, entre los que no está el exceso de litigiosidad, que es el que es, en todo caso por diferentes causas, aumentado por la situación y quizás porque es precisamente la Administración la que recurre por sistema, aunque no tenga sombra de razón. ¿Por qué no se estimulan procedimientos como la mediación y el arbitraje, como resolución de determinados conflictos? Se sabe que faltan jueces, y que el estado y archivos de muchas oficinas judiciales es tercermundista, y los medios materiales son, en plena época de las TIC's, cuando menos, lamentables. Sin embargo, se opta por cursar una ley que pone en contra a jueces, fiscales, procuradores y abogados, y que entra por la puerta de atrás a vulnerar los derechos de tutela judicial de los ciudadanos, quebrando la igualdad y el acceso a la ley de todos los españoles, consagrados en la propia Constitución.

Con el santo y seña de "es que no hay dinero", se está perpetrando un asalto a los usos democráticos y a las conquistas sociales que no tiene precedentes en nuestro país. No negamos la necesidad de medidas de corrección presupuestaria y austeridad excepcionales, ni la obligación de los que no hemos participado en la fiesta de pagar la factura que ponga fin a tantos años de despilfarro, corrupción, amiguismo y estafa a los ciudadanos -a la fuerza ahorcan-, pero las cosas se pueden hacer de otra manera. Hay, por poner algún ejemplo, una reforma fiscal que no se acaba de abordar, y así hoy, las cargas impositivas no se distribuyen con equidad y se dejan de recaudar ingentes cantidades de dinero que invertidas, sólo en una pequeña parte, en la economía productiva, bien podrían sentar las bases de una recuperación.

El error del Ejecutivo está en creer que la mayoría electoral respalda cualquier tipo de medida, por arbitraria que sea. Sin embargo, la legitimidad reside en la conducción del proceso y en la facultad de tener la última palabra, pero siempre que los pasos intermedios de diálogo y voluntad de negociación con el resto de partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones, asociaciones y colectivos que puedan estar implicados en la ley a debate se hayan dado, y se intente conciliar en lo posible sus intereses con los más importantes del conjunto de la sociedad.

Es el momento de convocar a todas las fuerzas políticas a un pacto social por la estabilidad del país: la recuperación del tejido económico, los estímulos a la creación de empleo, a la contratación juvenil, a la investigación y el desarrollo, a los emprendedores, a la cultura. Es el momento de consensuar la ley de Reforma Fiscal, la de la Administración, la de la Justicia, la Sanidad, la Educación... Una llamada, en definitiva, a la concertación social que, por lo menos, nos haga ver que el purgativo tiene algún sentido; y si no hay otro remedio, antes de que sea demasiado tarde, a invocar un acuerdo para la solicitud de un rescate parcial, a medida o estándar, utilícese el eufemismo que más convenga. Demasiadas tareas para hacerlas en solitario, desde la atalaya de la prepotencia que da la mayoría, sin mirar a la calle y al resto de asientos del Congreso.

Y atención a la voz de la calle, porque asistimos a un cambio de guión y protagonistas en la contestación social. Las protestas no solo cuentan -como antes- con afiliados a partidos políticos, sindicatos o asociaciones, colectivos más o menos organizados, sino que a través de las redes sociales y otras formas de comunicación y alistamiento, amplifican, en límites que no conocemos todavía, su poder de convocatoria y su trascendencia.

De continuar con su actitud absolutista y engreída, el Gobierno sólo contribuirá a alimentar un escenario de confrontación social permanente y generalizada, cuyo final y consecuencias serán enteramente responsabilidad suya.

Pedro Díaz Cepero. Sociólogo y consultor de empresas.