Confianza inversora
Lo queramos o no, los mercados financieros en todo el mundo juzgan actualmente la capacidad de los Gobiernos de cumplir sus compromisos. Si la deuda pública evoluciona según una trayectoria que llevará tarde o temprano al defecto (que se llama de manera evasiva reestructuración), los Estados encontrarán dificultades para levantar por sí mismos deudas, ya que ningún inversor está dispuesto a guardar títulos que corren el riesgo de no ser pagados.
Varios países de Europa, entre ellos España, luchan desde el final de la Gran Recesión para dar confianza a los inversores. Los motivos de los temores difieren de un país al otro. En España son particularmente: la desaparición del motor de crecimiento del sector inmobiliario; una estructura económica relativamente menos diversificada que en otros grandes países de Europa; un mercado de trabajo extremadamente rígido; un sistema financiero debilitado por la crisis, y un sistema de protección social demasiado generoso teniendo en cuenta los medios del Estado, lo que justifica las inquietudes de los inversores.
El año pasado, el Gobierno tomó una serie de medidas para reequilibrar los recursos y los compromisos del Estado. Este reajuste es extremadamente delicado, ya que toda duda de los inversores se traducirá automáticamente en una subida de tipo de interés, capaz de alterar el equilibrio en cuestión. La ampliación de la edad de jubilación es inevitable en un mundo en el que la gente vive más tiempo. Aquellos que piensan que esta medida debería todavía aumentar el desempleo no han entendido que la verdadera causa del desempleo radica en el excesivo crecimiento de los costes salariales en España, que ha destruido la competitividad de los bienes y servicios.
Como en otros países de Europa del Sur, donde las negociaciones de las condiciones de trabajo se efectúan esencialmente por la empresa, los sindicatos españoles están preocupados fundamentalmente por el poder de adquisitivo de los miembros de estas organizaciones, sin que se tome en cuenta la situación de los desempleados. Actualmente este objetivo entra en conflicto con los objetivos de largo plazo de España, que son la reducción del paro y la estabilidad financiera del Estado.
Aunque podemos comprender el descontento de los sindicatos del sector público, los más afectados por las medidas de rigor presupuestario, no estoy seguro de que tomen conciencia de la verdadera medida de las cuestiones financieras. Cualquier retroceso sobre las medidas de reducción de los déficits podría tener consecuencias dramáticas para España en primer lugar, y posteriormente, en toda la zona euro.
Radu Vranceanu. Profesor de Economía de Essec. Director del Centro de Investigación del Grupo Essec