¿Y esto, cuándo acaba?
Las normas jurídicas ofrecen el que, quizá, sea el ejemplo más acabado de lo que el filósofo John Langshaw Austin denominó "función performativa" del lenguaje. Los enunciados performativos no se limitan a referirse a la realidad, sino que la crean. Pero, lamentablemente, existen realidades que son externas al Derecho mismo, y que solo pueden ser alteradas desde él parcialmente. Sería deseable que la reforma del sistema financiero español pudiera operarse exclusivamente a través de una secuencia de reales decretos-leyes, pero me temo que existe una realidad sustantiva que no puede ser modificada solo mediante cambios del marco normativo.
Convengamos en que la reforma podrá considerarse completa cuando el sistema esté funcionando de nuevo, es decir, cuando esté cumpliendo eficazmente su tarea de conectar ahorro e inversión. Para ello, es imprescindible, parece, que se den dos condiciones: una, externa y fundamental, es que las entidades gocen de la confianza de los inversores e impositores; otra, no menos importante, es que hayan alcanzado una estabilidad estructural que permita definir correctamente organigramas y estrategias. Mientras no se den esas dos condiciones, el sistema estará concentrado en sí mismo. Pues bien, lo probable es que, siendo positiva en muchos aspectos, la secuencia de reformas legales introducidas no baste, por sí sola, para alcanzar el objetivo.
En primer lugar, sí parece claro que el sistema financiero español es, hoy, mucho más flexible en cuanto a posibles combinaciones y operaciones de integración entre entidades. Es verdad que la existencia de esas potencialidades no garantiza que vayan a explotarse, pero sí puede afirmarse que casi ninguna vía de reestructuración que los gestores contemplen como posible tiene por qué pararse por constricciones jurídicas. Y esto es un innegable avance.
Más relevante, quizá, es la otra cuestión. No es ningún secreto, y ya ha sido puesto de manifiesto reiteradamente, que la razón última de la proclamada falta de confianza de los inversores en el sistema son las dudas en torno a la calidad del activo, que es tanto como decir en cuanto a su correcta valoración. Y esto poco tiene que ver con condiciones jurídicas estructurales de las entidades mismas y, por tanto, con matices, las dudas subsistirán por muchas combinaciones que se realicen con las entidades, o con partes de las mismas.
Las dudas en torno a la valoración del activo solo pueden resolverse con transparencia y aplicación estricta de normas contables exigentes y creíbles. Creíbles por parte de quienes hayan de invertir en las entidades, claro está, porque lo que creamos los demás, salvo en nuestra función de depositantes, poco importa. Un requerimiento de capital estricto puede ser la respuesta correcta a la pregunta equivocada. Un ratio de capital, por construcción, lleva implícita una valoración del activo que le sirve de base. El Banco de España ha manifestado reiteradamente, con toda razón, que la solvencia de una entidad no es exclusivamente un concepto cuantitativo, sino más bien un corolario de tres elementos sin relación posible de sustitución: una buena correcta valoración de activos, una buena capitalización y una buena calidad de los controles, que es tanto como decir una buena gerencia.
El problema se arrastrará, probablemente, hasta que la duda se despeje. Se ha dicho que, para las entidades, la cuestión se ciñe a la dicotomía siguiente: hacer un esfuerzo de transparencia y saneamiento y apelar a los mercados o solicitar ayuda del FROB -lo que, por cierto, tampoco deja de implicar ajustes-. Es posible que, entidad por entidad, parezca haber alternativa. A nivel de sistema, sencillamente, no la hay. Salvo que nos resignemos a tener un sistema financiero seminacionalizado de modo permanente -lo que, además de no ser deseable, no es legalmente posible- será el FROB el que tenga que afrontar el ejercicio.
Entiendo que esta afirmación puede ser descorazonadora tras dos años de cambios normativos y anuncios de movimientos más o menos espectaculares, pero es probable que la tarea apenas haya empezado, y que tardemos algún tiempo en atisbar el que será el nuevo mapa financiero.
Fernando Mínguez. Socio del área de Derecho Bancario de Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira