Repartiendo las facturas

Por qué hay que fomentar el desarrollo de las energías renovables en España, cuando son más caras que las tradicionales, son inmaduras y el entorno es de crisis económica y de necesidad de ahorro? Para esta pregunta, que hacen en voz alta y en múltiples foros los detractores de estas tecnologías, la respuesta es sencilla: porque son una apuesta ineludible. No se puede cerrar los ojos a esta realidad. Aunque no se crea en el cambio climático ni en la necesidad de reducir la contaminación ni, incluso, se considere un problema acuciante la alta dependencia energética que tiene España, el hecho es que los países europeos se han comprometido a que el 20% de la energía final que se consuma en 2020 provenga de fuentes renovables. España no es una excepción ni puede dar la espalda a este tema.

El país camina correctamente en esta senda de cumplimiento. Según los últimos datos del Balance Energético 2009, de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), a falta del cierre oficial de 2010, la producción eléctrica de origen renovables representó el 25% del mix de generación en 2009, tan solo por detrás del gas natural. Esto no significa que se haya cumplido con el objetivo europeo. Respecto de la energía final, que incluye no solo la producción eléctrica sino cuestiones de uso del calor, las energías renovables representaron el 12,3%, lo que, según el ministerio de Industria, "sitúa a España por encima de la senda necesaria para alcanzar el objetivo".

El país lo alcanzará pero ya no lo superará. Aunque el Gobierno dijo a la Unión Europea, dentro del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (Paner), que la aportación de las renovables a la energía final en España sería del 22,7%, la Subcomisión de Estrategia Energética del Congreso de los Diputados ha fijado en un 20,8% la aportación de las energías renovables al consumo final de energía en 2020. Pese a las ocho décimas por encima del 20%, esta rebaja supuso una grave decepción para las empresas de estas tecnologías.

¿Por qué este cambio de dirección? "El gran problema de las energías renovables es que el sistema de financiación es insostenible". Así de contundente se expresó el presidente de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, Antonio Cuevas, al presentar en noviembre las conclusiones de esta subcomisión. El diputado socialista afirmó que "el sistema de tarifas y primas ha superado claramente las previsiones".

Sin embargo, el problema no es solo que se haya ido "demasiado rápido con las energías renovables", como dice el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Las primas a estas energías, más altas de lo que cabía prever en un principio, conviven con una deuda llamada déficit de tarifa, que se genera porque lo que se paga en los recibos por la electricidad no cubre los costes de generación. Este agujero creado hace una década engorda año a año por culpa de esta diferencia, de los costes del sistema eléctrico y recientemente, también soporta los compromisos adoptados por el Gobierno con el decreto del carbón, que obliga a las eléctricas a comprar carbón nacional, más caro que el de fuera. Como no es justo que los consumidores del mañana paguen las facturas de hoy, el Gobierno se comprometió a acabar con este déficit en 2013.

El Ministerio aprobó el pasado 23 de diciembre un conjunto de medidas para recortar los costes del sistema eléctrico y una subida del recibo de la luz para hacer frente a este desajuste en un calendario hasta ese año. El real decreto ley incluye medidas de recorte de gastos en el sistema eléctrico para ahorrar 4.600 millones en tres años, 1.660 millones de ellos en 2011. Casi la mitad del ahorro, 2.220 millones, corresponden al recorte en las primas de la energía solar fotovoltaica, una tecnología ampliamente criticada por su expansión masiva entre 2007 y 2008, muy por encima de los objetivos marcados para 2010. Otros 891 millones se recortaran de la termosolar y otros 232 millones saldrán de la disminución de las primas de la energía eólica. Las renovables cargan en sus retribuciones con la insostenibilidad del sistema. La cuestión es si será suficiente a medio plazo. Y si no, ¿quién se hará cargo de esta necesidad de capital?

Una de las posibilidades es que "los costes de las renovables se repartan entre todos los consumidores", según planteó la Subcomisión, si bien fue una opinión que no fue respaldada por la oposición. Al calor de este tipo de posiciones, surgieron iniciativas como el ecocéntimo que pretendía gravar los hidrocarburos con una especie de tasa especial que sirviera para sufragar los costes de las renovables. La idea subyacente para sus promotores es que, si bien estas tecnologías limpias necesitan tiempo y dinero para desarrollarse de un modo competitivo, no es justo que solo el consumidor eléctrico soporte el coste mientras que el transporte no paga ni por las emisiones de CO2 ni por las importaciones de combustibles fósiles. Para los operadores de hidrocarburos, estos carburantes ya están suficientemente gravados, realizan sus propios esfuerzos para reducir la contaminación y traslada a los consumidores energéticos la idea de que pueden derrochar, puesto que el coste lo soportan otros.

También se ha valorado trasladar las primas de las renovables a los Presupuestos Generales del Estado, con la consiguiente inseguridad para los promotores que supone que se voten año a año sus retribuciones.

Está claro que es imprescindible que estas energías se vean apoyadas económicamente hasta que sean maduras tecnológica y empresarialmente, hasta que sean competitivas. También parece bastante obvio que, dado que los beneficios son generales, el reparto de los costes también ha de serlo. Si bien el Gobierno ha descartado implantar el ecocéntimo, si ha avanzado que los mecanismos fiscales serían una herramienta positiva para contribuir a la consecución de objetivos de política ambiental y energética.

¿Por qué no detallar un sistema que implique que el que contamina paga? O trasladar al consumo de la energía una cultura del ahorro como la que se trata de llevar al agua, beneficiar fiscalmente tecnologías que ahorren y que consuman energía verde, de modo que sean los consumidores derrochadores los que carguen con el pago de las energías renovables. Lo más justo para todos, empresas, consumidores y Gobierno es pagar por lo que cuestan las cosas, incluso la luz, aunque sea impopular, y utilizar las herramientas disponibles para fomentar los objetivos de ahorro, eficiencia energética y energías renovables a los que se ha comprometido el país.