Peras con manzanas
A lo largo de estos meses, compañías del sector eléctrico y renovable han propugnado que el consumo de hidrocarburos financie la generación eléctrica mediante energía renovable. Parece bastante sorprendente que dicha pretensión se haya hecho pública cuando el déficit del régimen especial ha alcanzado unos niveles que parecen insostenibles y no cuando se diseñó la política energética española de fomento de las renovables. Da la sensación de que solo cuando unos y otros están abrumados por el tamaño del déficit de los últimos cinco años se busca financiar el modelo mediante los combustibles fósiles.
Creo que dicho planteamiento nace en un momento de gran incertidumbre financiera, más que de la justificación medioambiental y de responsabilidad social con los que demagógicamente tratan de justificarla. Dicha iniciativa no tiene precedente en ningún país moderno que se rige por la libre economía de mercado y no parece que tenga una racionalidad económica que la respalde. Mezclar usos finales de productos energéticos distintos, diferentes formas de transformación de la energía primaria y tecnologías tan poco comparables (como son el refino de petróleo y la utilización de carburantes en motores con la generación eléctrica y su consumo) resulta incongruente. No obstante, la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años del Congreso, que acaba de hacer público su informe, ha acordado el que se estudie la posibilidad y conveniencia de que el coste de las renovables sea soportado por el conjunto de los consumidores del sistema energético español.
El sector petrolero no solo está dispuesto a participar de forma trasparente y abierta en el debate energético, sino que nuestras opiniones y conocimientos al respecto no pueden quedarse al margen. Para los operadores de productos petrolíferos cargar con un sobrecoste a los consumidores de carburantes para financiar el desarrollo las energías renovables para la generación eléctrica carece de coherencia; además, tiene la gran desventaja de que fomentaría la ineficiencia y el derroche al no trasladar a los consumidores finales de la electricidad sus verdaderos costes. Vender barata una energía cara no es sostenible. Encarecer artificialmente otra energía que tiene una incidencia trascendental en el sistema productivo y manufacturero del país para subvencionar aquella perturba más el sistema económico.
La aseveración de que el objetivo de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es superior en el caso de la generación eléctrica del de la producción de carburantes y su consumo resulta demagógico: no se puede comparar la reducción de las emisiones de los carburantes por sí solos, ya que hay que tener en cuenta que éstos se utilizarán en vehículos que van a tener unas reducciones de GEI superiores al 30% en 10 años, según el mandato de la UE.
Para mencionar datos concretos de España, las emisiones verificadas de gases contaminantes en 2009 del refino fueron el 3,7% del total y de la generación eléctrica, el 19,6%. Si bien en el transporte se emitieron el 26,3% de las emisiones totales, en los próximos años se esperan reducciones muy importantes: tanto por la incorporación de energía renovable del 10% en los carburantes, fundamentalmente a través de la incorporación de biocarburantes (en 2011 se alcanzará un objetivo del 5,9%) como por la citada reducción de emisiones de los vehículos superiores al 30%.
Existe una diferenciación importante en cuanto al mercado de productos petrolíferos y el eléctrico: este último está fundamentalmente regulado, en el que las inversiones tienen garantizados unos retornos, mientras que nuestro sector está liberalizado y las inversiones las acometen los distintos agentes asumiendo los riesgos del mercado. Comparando con el mundo inestable del trapecio circense, unos trabajan con red y otros no. Nuestros productos están sujetos a la dura competencia del mercado global y la electricidad en España, de momento y parece que por muchos años, goza de un mercado cautivo.
En este principio de año tan difícil para todos en términos fiscales, cabe mencionar los impuestos especiales soportados por los hidrocarburos líquidos y la electricidad por unidad de energía. El promedio de los impuestos especiales de los carburantes es de 434 euros por tonelada equivalente de petróleo (tep) o de 3,73 céntimos por kilovatio y hora (kWh) frente al del impuesto sobre la electricidad de 92 euro por tep o de 0,79 céntimos por kWh. Esto supone un esfuerzo fiscal casi 5 veces mayor para los hidrocarburos líquidos. Al tener en cuenta también el IVA, la recaudación en valores absolutos es 10 veces superior en el caso de nuestros productos.
En definitiva, cada tipo de energía debe ser capaz de competir con otras fuentes sin subsidios estructurales ni costes añadidos; cargar a un tipo de energía con un sobrecoste para financiar el desarrollo de otra energía con uso final totalmente diferente carece de racionalidad económica, medioambiental y social.
Álvaro Mazarrasa. Director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos