El objetivo del rescate de la banca es la solvencia
A tenor de la intervención de la ministra de Economía del lunes 24 de enero, la respuesta a los problemas del sector bancario español pasa por inyectar capital en aquellas entidades más expuestas al ladrillo y que se van a desnudar en las próximas semanas tras la obligación a la que les ha sometido el Banco de España. Recordemos que las entidades tendrán que aportar públicamente información (¡ya era hora!) en aquellos aspectos en los que el mercado más desconfía: magnitud de la exposición al ladrillo, garantías existentes, vencimientos de deuda, etc. Y aquí hay un elemento muy preocupante: las pocas entidades que ya se han desnudado han declarado una tasa de morosidad en el ladrillo muy por encima de la media contable del 12% declarada para el conjunto del sector.
¿En qué va a consistir la segunda vuelta de la reestructuración? Como puntos básicos se ha anunciado que en septiembre de 2011 todas las entidades deberán poseer un core capital mínimo del 8%, un punto por encima del que los nuevos acuerdos de Basilea III exigirán en 2019. Pero en el caso de las entidades no cotizadas o con presencia poco significativa de inversores privados y que, además, tengan una dependencia de la financiación mayorista superior al 20%, esa exigencia será mayor del 8%, sin que se haya concretado la cifra exacta. De esta forma, hay una clara presión para que las cajas creen bancos.
Las entidades que no alcanzan en este momento ese nivel tendrán que buscar en el mercado el capital necesario y, si no lo consiguen en septiembre de 2011, será el FROB quien aportará esos fondos entrando directamente en el capital de las entidades. Y si la entidad que no cumple ese nivel mínimo es una caja, tendrá que convertirse en un banco al que transferir el 100% de la actividad para que entre el Estado en su capital.
En el fondo, el objetivo es garantizar que todas las entidades cumplan con las exigencias de los nuevos test de estrés que se van a repetir en los próximos meses y cuya nota de corte para aprobar seguramente se situará por encima de la que se utilizó como referencia el año pasado.
Con las nuevas medidas anunciadas, no hay cambios normativos (al menos de momento) en la reforma de la ley de cajas aprobada el año pasado, de forma que siguen estando vigentes los diversos trajes con que cuentan las cajas para ejercer su actividad. Con un matiz: aquellas cajas que en septiembre no cumplan con ese core capital del 8%, serán convertidas en bancos a los que las cajas deberán traspasar el 100% de su actividad.
Y aquí el problema lo tienen aquellas cajas que han optado por fusiones intrarregionales tradicionales, sin constituir bancos (a diferencia de las que han optado por los SIP). Se da el agravante de que algunas de esas fusiones tradicionales no pasaron los stress test del pasado mes de julio. Con la nueva decisión anunciada por la ministra, no van a tener más remedio que crear bancos a quien transferir su actividad.
Esperemos que con esta nueva vuelta de tuerca y con el reconocimiento (por fin) de que hay un problema de solvencia y unas necesidades de capital cuantificadas en un máximo de 20.000 millones de euros (cifra inferior a la estimada por otras instituciones), los mercados valoren que se están haciendo los deberes. También se habrá puesto una piedra fundamental para mejorar la solvencia (e imagen) del sector bancario español, exigiendo un core capital en 2011 (8%) incluso superior al 7% que exigirá Basilea III en 2019.
La incógnita es si las entidades van a despertar el interés de los inversores para colocar el capital (¿veremos un rally en los próximos meses para captar capital?) y si hay plusvalías suficientes a realizar mediante la venta de activos. En caso contrario, acecha el fantasma de la nacionalización y del aumento de la deuda pública.
Joaquín Maudos. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE