Un borrador final y ciertas mejoras
El viernes 19 de septiembre, el secretario del Tesoro de EE UU presentó una propuesta para hacer frente a la crisis crediticia: solicitaba un mandato para disponer de 700.000 millones de dólares con los que adquirir activos con origen en hipotecas que estaban en los balances de instituciones financieras con sede en EE UU. La propuesta señalaba un doble objetivo: perseguía salvaguardar la estabilidad del sistema financiero americano, así como garantizar el uso correcto de los fondos de los contribuyentes. La propuesta señalaba de forma vaga que la implementación se haría a través de agentes del Tesoro, sin ser supervisado por ninguna agencia en esta labor.
El plan, si bien ha suscitado un amplio consenso, no ha sido ajeno a críticas tanto en sus pilares básicos (la idea de trasladar parte de los activos tóxicos de los bancos al Tesoro) como en sus aspectos menores. El pilar básico consiste en la retirada de los balances de los bancos de activos relacionados con hipotecas que han perdido valor por la crisis inmobiliaria en EE UU. Estos activos tienen actualmente dificultades para ser negociados a sus valores actuariales fundamentales como consecuencia de la crisis crediticia y de la falta de liquidez, paralizando el sistema financiero americano. Pese a su aparente necesidad, son muchas las objeciones que se pueden hacer a la creación de este fondo.
Primero, uno de los objetivos de este plan es inyectar capital por parte del Tesoro a través de la adquisición de estos activos tóxicos. Pero ¿por qué no obviar la adquisición de los activos e inyectar liquidez directamente tomando participación en los bancos? Adquirir los activos supone el engorroso problema de dar precio a una variedad de activos que ahora mismo encuentran dificultades en obtener del mecanismo de precios una señal fiable de su valor.
Segundo, la ausencia de un mercado fiable que refleje precios correctos da lugar a la siguiente cuestión: ¿cuál es el precio que debe de pagar el Tesoro? En una negociación bilateral el Tesoro tiene menos y peor información que el vendedor y dificultades para encontrar un valor fundamental a esos activos, dado que tiene que hacer previsiones sobre precios futuros de la vivienda, tasa de impagos En el caso de una sistema de subasta, el Tesoro puede verse atrapado en la maldición del ganador: pagaría más por esos activos de lo que cualquiera otra persona estuviera dispuesto a pagar. Si por otra parte el Tesoro paga un precio justo por estos activos, parece paradójico que éste recupere una tasa normal de rendimiento habiendo asumido una parte importancia del riesgo. ¿No debería el Tesoro también recuperar parte del incremento del valor de la institución que apoyó, comprándole un activo de riesgo alto en condiciones de mercado difíciles?
Tercero, el plan podría destinar el dinero a la raíz del problema, que son los impagos, y así aliviar a los tenedores de hipotecas con dificultades. Por último, está el objetivo enunciado de proteger al contribuyente. Pero hay otras formas de hacerlo: el Gobierno podría exigir un mandato general a los acreedores de redención parcial de deuda que mejoraría las condiciones no sólo de las instituciones financieras sino también de los propios acreedores. O bien, podría ligar el acceso al programa de compras de activos tóxicos a todos aquellos bancos que se recapitalizaran en una cierta cantidad. Las dos últimas propuestas, al ser un mandato general, evitan el problema de señales erróneas y de problemas de coordinación. En ninguna de estas propuestas se pone en riesgo el dinero del contribuyente.
El borrador finalmente aprobado (aunque el Congreso lo desautorizó ayer en primera votación) difiere de la propuesta inicial. Aunque sustancialmente se ha consensuado la necesidad de crear un fondo gestionado por el Tesoro que adquiera activos tóxicos de instituciones financieras, el borrador acordado recoge algunas de las ideas discutidas anteriormente.
El fondo se fragmentaría en el tiempo en dos entregas, estando la disponibilidad de la segunda sujeta al éxito de la gestión de la primera. El número de instituciones de las que el Tesoro podrá adquirir activos se amplía, incluyendo fondos de pensiones y gobiernos locales. Se hace hincapié en mantener las garantías para el contribuyente, haciéndole partícipe de los beneficios del plan y dándole prioridad al Tesoro en el repago del deuda comprada. Se refuerzan los mecanismos de transparencia en la adquisición de los activos por el fondo (se podrá incluso acceder online al registro de adquisiciones del Tesoro). Y por último, el Gobierno podrá tomar medidas de alivio sobre las hipotecas ligadas a los activos que adquiera.
Los éxitos del plan para la estabilidad financiera se verían pronto, pero tendremos que esperar a su aprobación para ver si se cumplen las garantías para el contribuyente.
Juan Toro. Socio-director de Transmarket Spain y profesor asociado al Instituto de Empresa