El peso de la función pública
La anunciada reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, que se tramitará en el Congreso antes de 2006, puede permitir racionalizar el sector público y, lo que también va a ser fundamental, brinda la ocasión de coordinar a las diferentes Administraciones cuando, según todos los indicios, se va a acelerar el proceso de descentralización.
Aunque los datos del nuevo Registro Central de Personal de Administraciones Públicas no están exentos de problemas, ilustran la situación del empleo público, del que en 2004 había 2.342.687 efectivos (5,4 empleados públicos por cada 100 habitantes). Esta cifra no parece exagerada, por más que algunos partidarios de la privatización de servicios saquen a colación las inferiores cifras relativas en países tan poco envidiables a estos efectos como EE UU. Lo más curioso es que, a pesar del desarrollo autonómico, que parecía tender a multiplicar el peso de la función pública, las cifras absolutas han crecido tan sólo un 3,2% los últimos cinco años, e incluso en términos relativos su peso ha disminuido: en 1999, había 5,6 funcionarios por cada 100 personas.
Comparando las cifras de 1999-2004 lo que se aprecia es un fuerte proceso de trasvase de trabajadores públicos de la Administración central a la autonómica, que ha visto aumentar sus funcionarios un 68,3%, mientras la central ha bajado en la nada despreciable cifra del 38,9%. Por lo que se refiere a la local, se ha dado también una ligera disminución del 4,6% en sus empleados. Las universidades, que se computan de modo independiente, han aumentado sus trabajadores un 3,6% en el quinquenio. Dado que apenas han variado el número de efectivos que trabajan en las fuerzas armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Administración de justicia y las entidades públicas empresariales, la disminución del empleo en la Administración central se ha debido al proceso de transferencias, sobre todo los ministerios, que han perdido un 60% de efectivos.
Además de demostrarse que ha disminuido el peso relativo de la función pública, si se observa la estructura del empleo público por comunidades también pueden matizarse algunas ideas intuitivas que llevan a creer, por ejemplo, que Madrid se beneficia extraordinariamente por su capitalidad o que determinadas comunidades históricas han precipitado su estructura funcionarial, tanto por afán de poder como por fidelizar electoralmente a buen número de partidarios agradecidos por haber accedido a cómodos y estables empleos.
Dejando de lado la particularidad de Ceuta y Melilla, que por razones obvias superan con creces el 12% de empleados públicos respecto a su población, lo que sorprende inicialmente es que sea Extremadura, con un 8% de empleados públicos, la comunidad donde mayor peso tiene la función pública: tiene 4 empleados por cada 100 habitantes en su Administración autonómica, frente a una media nacional del 2,7%, y 2,5% en su Administración local, prácticamente el doble que la media nacional de 1,3%.
La segunda cuestión que llama la atención es que Madrid, a pesar de constituir la sede de la Administración central del Estado, tenga 6,6 empleados públicos por cada 100 habitantes, cifra muy similar a Aragón (6,5%) y a las de Castilla y León y Castilla-La Mancha (6,5% y 6,2%). Muy próximas al valor del 6% están Andalucía y Canarias, ambas con un 5,8%, y alrededor del peso medio nacional de los trabajadores públicos (5,4%) están Cantabria, La Rioja, Asturias, Murcia y Navarra. Por debajo del 5% se encuentran la Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y el País Vasco. Por último, destaca Cataluña, que tiene el valor más bajo, sólo 3,7 empleados públicos por cada 100 habitantes.
Indudablemente, las cifras manejadas sobre empleo público habrán de complementarse con estudios específicos sobre la posible duplicidad de funciones entre las diferentes Administraciones, la productividad de cada organismo o las diferencias salariales. Parece que el comité de expertos encargado de elaborar la reforma del Estatuto se va a ocupar de todo ello, lo que brinda una ocasión de reforma de la función pública que sería imperdonable perder.