¿Cómo financiar el seguro de dependencia?

La deseada puesta en marcha de un Sistema Nacional de Dependencia (SND) como cuarto pilar del Estado del bienestar -junto a sanidad, educación y pensiones- va a poner de manifiesto muchas ineficiencias sobre los actuales sistemas de salud y protección social. Diseñar un modelo que atienda al menos a 2,7 millones de personas que no pueden valerse por sí mismas en la actualidad, y que llegará a 3,5 millones en 15 años, es un compromiso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que fijó, inicialmente, la fecha del 30 de junio de 2005 como plazo objetivo para que entrara en vigor el proyecto de ley. A cuatro meses de la fecha, queda mucho por hacer y un Libro Blanco sobre la mesa que mantiene todas las opciones abiertas. Las cuestiones de base, que necesitan coordinación de la Administración central, regional y local, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Economía, sindicatos y asociaciones sociales están lejos de haberse definido.

La intención es que se trate de un sistema universal, público -pero con participación de la iniciativa privada-, con un criterio único para todo el territorio, de gestión descentralizada, de copago en función del nivel de renta y dónde prime la prestación de servicios frente a las ayudas económicas, una vía que potenciará la creación de más de 300.000 empleos. Pero las claves del modelo dependerán, en primer lugar, de cómo se llegue a definir la dependencia. Y de que sea un concepto lo suficientemente amplio, pero tan acotado como para establecer los límites de una situación que no sea exclusiva de los mayores de 65 años, y que dificulta las actividades diarias en grados muy diferentes.

Poner en marcha un sistema similar al que ya existe en países como Suecia o Alemania requiere unos costes que se estiman entre los 8.500 y los 10.000 millones de euros, una vez que funcione en todas sus vertientes, lo que supondría más que duplicar los actuales fondos dedicados a personas dependientes -2.500 millones procedentes de las comunidades autónomas y ayuntamientos y 1.500 millones del Imserso-. Asumir un coste de esta magnitud supone definir quién y cómo se hará responsable de esta carga y esta es la llave del debate político que acaba de iniciarse tras la presentación del Libro Blanco.

La primera aproximación del Gobierno fue que no habría una subida impositiva ni se elevarían los costes salariales para hacer frente a la dependencia. Pero la realidad puede ir por otro lado. En concreto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales estudia emplear, de forma transitoria, parte de los fondos del superávit de la Seguridad Social que no se destinen al Fondo de Reserva de las pensiones. El excedente ascendió en 2004 a 8.155 millones, de los que ya se han comprometido 3.500 millones para el Fondo. La cuestión es definir la transitoriedad de este método, que ya fue utilizado para la puesta en marcha del actual Sistema Nacional de Salud. En el caso de la dependencia se estima que el proceso transitorio costaría entorno a 3.000 millones de euros.

Inevitablemente y tras unos años de puesta en marcha, será necesario recurrir paulatinamente a las aportaciones fiscales de las comunidades autónomas y la Administración general del Estado. Los sindicatos ya han señalado que si es necesaria una subida de impuestos para costear la dependencia, se deberá asumir, y estiman que en 10 o 12 años la financiación será puramente vía impositiva. La alarma se levanta entorno a la presión fiscal añadida que tendrán que asumir las clases medias.

El Libro Blanco recoge, además, que 'trabajadores y empresarios financien solidariamente una prestación que fuera igual para todos', lo que choca con el compromiso de Trabajo y retoma la intención del pasado verano de crear una cotización a empresarios y trabajadores del 0,1% para financiar la nueva prestación.

Pero además del debate sobre la financiación del futuro SND, quedan otros muchos aspectos por definir. Este es el caso de la fórmula que se empleará para proporcionar las prestaciones. La opción más ampliamente aceptada por su sencillez, idoneidad y mayor calidad es la de la prestación de servicios frente a la ayuda económica, que aunque se estima más fácil de gestionar y se proporcionaría en forma de pensión no contributiva podría abrir conflictos con las autonomías además de requerir un carácter finalista que evitase fraudes.

Los ejes serán potenciar la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de día y las residencias, que se pretende que se reserven para los casos de dependencia más severa. Y aquí está el gran mercado para el sector privado y el papel esencial de la Administración central, autonómica y local para garantizar precios adecuados y calidad del servicios.

La explosión en el número de plazas residenciales privadas, que se ha incrementado a un ritmo que duplica el de las públicas, al tiempo que existen plazas no ocupadas, pone de manifiesto una ineficiente ordenación de los recursos. Además, la presión para construir nuevas residencias, que debería ocupar un papel excepcional en la dependencia, reside en la falta de desarrollo de los servicios intermedios -centros de día y red de asistencia a domicilio-, que son los verdaderos generadores de empleo para una asistencia personalizada y de calidad.

En Alemania, la dependencia es uno de los principales creadores de empleo y en España crear 300.000 puestos de trabajo requiere poner en marcha los correspondientes concursos de empleo público que todavía no se han iniciado.

El sector privado jugará también un papel esencial en el desarrollo de un futuro seguro de dependencia, que se prevé complementario para el sistema público. La falta de bases estadísticas para definir las provisiones necesarias que den cobertura a este tipo de riesgo complican el desarrollo de un producto que se estima muy caro. El sector asegurador, que sigue de cerca los pasos que va dando la Administración en cuanto a definición de la cobertura como un producto de ahorro o seguro de vida, reclama un incentivo fiscal similar a otros productos, como el que gozan los planes de pensiones, para impulsar su desarrollo. Aunque existen experiencias en algunas compañías, el sector contempla con cautela las evoluciones normativas.

De esta forma, la realidad, nuevamente, es mucho más compleja que la teoría, y la definición realista de un SND de amplias coberturas, solidez y calidad está aún en pañales sin que las transformaciones demográficas den tregua a los legisladores.

El incremento de la esperanza de vida, la incorporación a la tercera edad del baby boom, el cambio en la pirámide poblacional, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la movilidad geográfica y la desaparición de la familia extensa son sólo algunos de los muchos factores que hacen necesario un esfuerzo colectivo para definir de una vez por todas un Estado del bienestar ampliado que garantice la cobertura de la dependencia.