Invertir en un derecho universal
De la Financiación a las Prestaciones: Poner en marcha un Sistema Nacional de Dependencia requiere el esfuerzo coordinado por parte de todas las Administraciones. Un trabajo que está por hacer y cuyas claves son la financiación, la gestión y las prestaciones, tanto públicas como privadas
La dependencia es un fenómeno social que requiere una respuesta de los poderes públicos, que deben garantizar una atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas. En nuestro país, existen más de 1.100.000 personas que no pueden valerse por sí mismas (ancianos y discapacitados graves) y otro 1.700.000 que necesitan ayuda para llevar a cabo algunas actividades básicas de la vida diaria, como asearse, moverse o comer.
Las mujeres son aún el 83% de los cuidadores de estas personas, y sólo el 6,5% de las familias que cuidan personas dependientes cuentan con algún tipo de ayuda procedente de los servicios sociales. Además, los cuidadores familiares realizan una actividad que no está retribuida, por la que no cotizan a la Seguridad Social ni reciben compensación económica alguna aunque, en la mayoría de los casos, esta tarea les impide trabajar fuera del ámbito doméstico e incorporarse al mercado laboral. Esta actividad forma parte del PIB oculto.
El Gobierno asumió el reto y el esfuerzo de poner en marcha el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia (SND), y el primer paso ha sido el Libro Blanco de la Dependencia.
'El servicio de ayuda a domicilio tan sólo da cobertura a un 2% de la población dependiente'
Los datos que ha aportado el estudio son esclarecedores: el servicio de ayuda a domicilio sólo da cobertura a un 2% de la población dependiente, una ratio muy inferior a la de los países europeos. El servicio de teleasistencia llega aún a menos población pues solamente cubre la demanda del 1% de la población mayor y discapacitada. Otros recursos, como centros de día, viviendas tuteladas, estancias temporales en residencias, etcétera, registran porcentajes aún más bajos.
La pregunta subsiguiente a estos datos es por qué España, que tiene un buen diseño de servicios sociales básicos a través de las Administraciones implicadas -central, autonómicas y locales- no tiene porcentajes similares a los de otros países europeos.
La respuesta podemos encontrarla en que España, en las últimas décadas, ha desarrollado satisfactoriamente otros pilares básicos del Estado del bienestar, como son el Sistema Nacional de Salud, el sistema de pensiones y el sistema educativo, pero tiene pendiente el cuarto pilar: el de la atención a la dependencia, con el fin de garantizar a las personas el derecho universal a ser atendidas y a tener a su disposición las ayudas técnicas, la teleasistencia, la ayuda a domicilio o una plaza en un centro residencial, que les faciliten una vida más digna.
No podemos afirmar que partimos de cero, pero la situación requiere un gran esfuerzo para sacar adelante este proyecto. Según el Libro Blanco, las distintas Administraciones dedican en torno a 4.000 millones anuales a la atención de las personas dependientes, a los que habría que sumar 4.500 millones más en los próximos ocho años para universalizar las prestaciones.
Este esfuerzo va a requerir la implicación de toda la sociedad. La Administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales financiarán la puesta en marcha del sistema junto a las propias personas dependientes que, en función de sus rentas y de forma equilibrada y justa, deben contribuir a pagar los servicios que reciban. Por ello, es necesario difundir la cultura del aseguramiento personal, la capitalización del patrimonio y otras fórmulas que garanticen recursos a los dependientes.
De todos modos, el Gobierno quiere que el nuevo sistema de atención a las personas dependientes sea producto del máximo diálogo y colaboración con las comunidades y los ayuntamientos, así como con los agentes sociales y los representantes de las organizaciones sociales que desarrollan, junto a las familias, una importante labor en este ámbito. Además, es nuestro objetivo alcanzar el máximo consenso parlamentario en el contexto del Pacto de Toledo.
Sin embargo, este compromiso social no tiene que ser visto como una carga ya que la atención a la dependencia incidirá positivamente en el sector privado residencial y sociosanitario y, por tanto, contribuirá a dinamizar la economía española.
En el mercado laboral también tendrá una influencia dinamizadora y supondrá, al menos, la creación de 300.000 empleos en los próximos ocho años. De esta manera, lo que a priori podría considerarse un gasto se transformará en una inversión con importantes retornos económicos vía IVA, IRPF e impuestos de sociedades.
Garantizar a las personas dependientes un derecho universal de asistencia y unas prestaciones básicas que les permitan llevar una vida más digna no sólo consolidan el principio constitucional de que los poderes públicos deben atender la protección social de las familias, sino que humaniza más a nuestra sociedad, haciendo compatible una economía competitiva con una sociedad rica también en valores humanos.