Las regiones dan avales a los caseros para fomentar el alquiler de pisos vacíos
El Gobierno vasco cifra en 72.733 las viviendas vacías en Euskadi. De este número ha eliminado aquellas cuyos propietarios quieren destinarlas a segunda residencia (25.315), las que sin ser segunda residencia han sido utilizadas en los dos últimos años (18.202) y las que se encuentran en oferta en el mercado (1.863). Restan 27.353 pisos, que el Ejecutivo autonómico define como viviendas deshabitadas gestionables y que mayoritariamente están situadas en los grandes núcleos urbanos.
La intención del Gobierno vasco es gestionar con los propietarios de estas viviendas vacías su puesta en alquiler, con el objetivo de movilizar 5.000 viviendas vacías en cuatro años. Entre las acciones a desarrollar incluye garantizar al propietario la devolución de la vivienda sin deterioro y en un plazo determinado (el Ejecutivo está estudiando fórmulas legales que salven el límite de los cinco años que impone la Ley de Arrendamientos Urbanos para que se puedan aplicar periodos de arrendamiento inferiores). También considera que el pago del alquiler se realice automática y directamente desde el Gobierno al propietario.
Las viviendas puestas en alquiler se adjudicarán a los demandantes oficialmente inscritos, a los que se les cobrará un alquiler protegido en función de los ingresos. A los inquilinos se les exigirá el cuidado y buen uso del inmueble y se revisarán periódicamente sus condiciones para actualizar la renta o dar entrada a otra persona.
Pero el Gobierno vasco ha constatado que un 34% de las viviendas vacías y no utilizadas en los dos últimos años tienen una antigüedad de más de 50 años, lo que apunta a la necesidad de rehabilitación de muchas de ellas. De ahí que en las acciones a desarrollar haya previstas ayudas a la rehabilitación.
En Madrid, el Gobierno regional y el ayuntamiento han constituido la que denominan Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler. A través de la Concejalía de Vivienda y Rehabilitación Urbana se ofrece a los propietarios de viviendas vacías la posibilidad de alquilarlas a jóvenes de entre 18 y 35 años. La bolsa proporciona a los propietarios la suscripción de dos seguros gratuitos, uno que garantiza el cobro de la renta durante un año y otro multiuso de hogar. Los contratos de arrendamiento se ajustan a cada situación y se garantiza la mediación en caso de conflicto entre arrendador y arrendatario.
En la bolsa de vivienda pueden inscribirse los jóvenes con un sueldo superior a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, que actualmente es de 442,20 euros mensuales. Los precios de alquiler de los que se benefician son de hasta un 20% menos a los de mercado y no superiores al 30% de sus ingresos.
El Gobierno foral de Navarra, a través de la sociedad pública Vinsa, ofrece también a los propietarios de pisos vacíos un seguro gratuito de impago de rentas y un seguro multirriesgo igualmente gratis si lo ponen en alquiler. El Gobierno navarro ha equiparado el precio máximo que pueden cobrar los propietarios de pisos deshabitados que se acojan al plan con el precio máximo de arrendamiento de viviendas de protección oficial. Así, un piso de 100 metros cuadrados útiles generaría unos ingresos mensuales por arrendamiento de 517 euros.
Más opciones para las viviendas deshabitadas
La Generalitat Valenciana ha incluido la recuperación de las viviendas vacías de segunda mano entre los objetivos del Plan de Vivienda 2002-2005. Las ayudas buscan favorecer la compraventa de estos inmuebles, por lo que están orientadas a los demandantes de primera vivienda, equiparándose a las vigentes para la compra de pisos de protección oficial. El Gobierno está elaborando una base de datos con el parque de segunda mano disponible y que se ajuste a los requisitos exigidos para la concesión de las ayudas.La Junta de Andalucía aprovechará la próxima entrada en vigor del IV Plan Andaluz de Vivienda, a mediados del año que viene, para incluir distintas medidas que estimulen la salida de pisos vacíos al mercado del alquiler. Los esfuerzos en alquiler del plan de vivienda vigente están orientados sobre todo a la vivienda social, a la vivienda pública en alquiler para personas con una renta media anual inferior a 9.015 euros. Otro frente de actuación de la Junta son las áreas de rehabilitación concertada. Se concreta en el casco histórico de las grandes ciudades, con ayudas a la rehabilitación de viviendas que, en muchos casos, no alcanzan a cubrir las condiciones de habitabilidad que hoy se exigen. En Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado a la Generalitat y al Estado una nueva concepción de los planes de vivienda que pase por la creación, de acuerdo con las entidades financieras, de un fondo de ayuda para los propietarios que decidan rehabilitar su piso y alquilarlo.