El auditor pone pegas a una de cada cuatro empresas cotizadas

El presidente de la CNMV, Blas Calzada, recalcó al poco de tomar posesión que ‘la Comisión considera esencial que las empresas presenten informes de auditoría con opinión favorable, pues, en caso contrario, se dificulta la comprensión de las cuentas por parte de los inversores’.

Sus advertencias, trufadas con amenazas de suspensión de cotización a las empresas con salvedades contables, han caído en saco roto. Tampoco parece haber servido de mucho la crisis de confianza que afecta a los mercados por fraudes como los de Enron y Worldcom. Las compañías españolas siguen presentando cuentas que no pasan el filtro de los auditores en una proporción que incluso aumenta con respecto al año anterior.

Cuando prácticamente todas las empresas del mercado continuo han presentado sus informes de 2001, el 23% de ellas (31 de 134) se ha encontrado con reparos de los auditores. El porcentaje sube entre las firmas del Ibex hasta el 31% (11 de las 35).

Hasta el 1 de julio se habían registrado en la CNMV 562 informes de auditoría -individuales y consolidados- correspondientes a las cuentas de 2001 de 363 sociedades emisoras. En 81 de esos informes (el 14,4% del total) los auditores han denegado la opinión favorable. La proporción es similar a la del año anterior (14,8%), que provocó que en la CNMV se encendieran las alarmas. En realidad, además, ese porcentaje se calcula sobre un total de auditorías en las que van incluidos informes de fondos de titulización de activos, cajas de ahorros y otras firmas que no son empresas cotizadas en Bolsa. Ello enmascara el hecho de que casi una de cada cuatro compañías del mercado continuo tiene salvedades en sus cuentas y que en este grupo las opiniones desfavorables han crecido con respecto al año anterior.

Las salvedades se dividen básicamente en dos grandes bloques: por un lado, las cuantificadas, también llamadas excepciones; y por otro, aquellas cuyo impacto no se puede cifrar, entre las que se encuentran las incertidumbres y las limitaciones al alcance.

Sol Meliá es la protagonista de la salvedad de mayor cuantía: 362,7 millones de euros de amortización de fondo de comercio (diferencia entre el importe pagado y su valor teórico-contable) por la compra de Tryp, que fue cargada contra reservas en lugar de incluirse en el resultado, como establece la norma contable española. Una correcta contabilización hubiera convertido los beneficios de 58,9 millones de euros publicados por la hotelera en 2001 en pérdidas reales de 303,8 millones.

Mayores números rojos

Sol Meliá no está sola. Otra empresa que hubiera entrado de lleno en números rojos de haber seguido la ortodoxia contable es Campofrío. La cárnica cargó contra reservas gastos extraordinarios por importe de 30,3 millones de euros, derivados de la integración con Navidul y del incendio de su planta de Arganda del Rey. La primera excepción afecta también a su filial OMSA.

Picking Pack y Tafisa, que ya estaban en números rojos, han evitado aumentarlos limpiando contra reservas el fondo de comercio generado por adquisiciones recientes. Picking Pack ha dejado de contabilizar pérdidas adicionales de 154,4 millones -básicamente procedentes de Ola Internet-, y Tafisa, de 194 millones. La empresa de reprografía además ha tratado como gastos extraordinarios pérdidas ordinarias de 5,75 millones.

También tienen pegas por la forma en la que han contabilizado la amortización del fondo de comercio Acciona, Gamesa, Prisa -empresa editora de este diario- y FCC, si bien en los dos últimos casos lo que el auditor objeta es que se haya amortizado más de la cuenta. Tampoco empeoran el resultado las reclasificaciones de partidas en Global Steel Wire y Unión Fenosa. Esta última contabilizó ingresos extraordinarios como si fueran de explotación en un momento en que las cuentas de la eléctrica mostraban su peor cara. El capítulo de las excepciones lo cierran Aceralia, con una salvedad positiva por exceso de provisiones, y Tudor, con una negativa por contingencias fiscales.

Entre las salvedades no cuantificadas sobresalen las incertidumbres derivadas de la crisis argentina. Telefónica, su filial Móviles, Repsol, Aguas de Barcelona y Aurea ven manchado su informe de auditoría sólo y exclusivamente por una situación, la del país austral, que no pueden controlar. Curiosamente, el BBVA y el SCH, cuyas auditorías fueron redactadas con anterioridad, no presentan salvedad alguna pese a la elevada presencia de estas entidades en Argentina.

Más graves son las incertidumbres que afectan a la propia continuidad del negocio. La situación de suspensión de pagos de Avánzit ha motivado uno de los informes de auditoría más demoledores del año, incluso tras la reformulación de las cuentas. El auditor duplica la cuantía de sus pérdidas en 2001, ya que pone en duda la recuperabilidad de los créditos fiscales activados, cuya consecución se volvería imposible en caso de que las negociaciones con los bancos para renegociar la deuda no tuvieran éxito.

Como consecuencia también de diversas salvedades, los auditores ponen en duda la continuidad del negocio de Sniace, Nueva Montaña Quijano, Urbas y filiales de Tafisa. En el caso de Eppic, sociedad en proceso de liquidación, PricewaterhouseCoopers se niega directamente a expresar una opinión.

En otros casos, lo que alegan los auditores es que no han tenido acceso a toda la información necesaria para pronunciarse. En este sentido destaca Pescanova, que ha rehusado hacer públicas las cuentas de varias de sus filiales por constituir 'una información de alto valor estratégico que no debe ser publicada o dada a conocer a sus competidores, por los graves perjuicios que podría acarrear para las sociedades referidas y el grupo consolidado'. Los auditores de EADS, Avánzit, Funespaña y Urbas también han echado en falta información.

Contingencias fiscales de diferente naturaleza (en Koipe, Natra, Quijano, Tafisa, Vidrala, Urbas y Aforasa) y situaciones singulares (Sogecable y Gamesa) originan el resto de las incertidumbres subrayadas por los auditores.