Mantener la consolidación fiscal
El Gobierno tendrá que gestionar la crisis geopolítica con menos colchón, con una deuda que supera el 100% del PIB
Las Administraciones públicas españolas cerraron el año pasado con un déficit de 44.597 millones de euros, el equivalente al 2,8% del PIB.Se trata del menor desfase entre los gastos e ingresos públicos desde 2018. El desequilibrio sería peor si se incluyera el impacto de la dana de Valencia. En este caso, el déficit ascendería al 3,15%, pero Bruselas acepta que no se compute a la hora de evaluar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios.
El proceso de saneamiento de las cuentas públicas que ha realizado el Ministerio de Hacienda desde la crisis de la pandemia ha sido notable. Las Administraciones públicas registraron un agujero presupuestario de casi el 10% en 2020. Desde entonces, en apenas cuatro años, han logrado reducir el déficit por debajo del 3%, el límite por encima del cual la Comisión Europea obliga a los Estados a pasar al brazo corrector del Ejecutivo comunitario con ajustes de gastos adicionales.
En el primer año en el que se aplican las nuevas reglas fiscales, tras estar suspendidas durante los tres años posteriores al inicio de la pandemia, España ha logrado sacar buena nota gracias al tirón de la recaudación de impuestos. El vigoroso crecimiento económico, junto con la no deflactación del IRPF y la subida de impuestos como el que grava los beneficios de las empresas, ha sido decisivo para lograr el formidable ajuste. El Gobierno ha logrado sacar buena nota en la evaluación fiscal, pese a carecer de Presupuestos actualizados en 2024. Tampoco se han aprobado los de este año y crecen las dificultades políticas para sacar adelante los de 2026.
La economía alcanzó el año pasado su mayor ritmo de crecimiento y ha iniciado una fase de lenta ralentización, que reducirá los excedentes tributarios. Habrá menos posibilidades de aumentar el gasto. Al tiempo, el abrupto cambio en el contexto geopolítico obliga a aumentar ostensiblemente el gasto en defensa. Con este panorama parece reducirse el margen para avanzar en la consolidación fiscal.
El Gobierno se ha forjado a base de crisis: la de la pandemia, la energética, la que afectó al alza del coste de la vida, y ahora tendrá que gestionar la crisis geopolítica con una carrera armamentística que lo enfrenta a nuevos desafíos. Este episodio lo encara con menos colchón fiscal, con una deuda que supera el 100% del PIB. Y con varias carpetas judiciales sobre asuntos tributarios pendientes. Estos desafíos amenazan con empañar el trabajo presupuestario de los últimos años. El Gobierno debería mantener el esfuerzo fiscal para seguir reduciendo el déficit y la deuda pública.
