¿Puede España liderar el crecimiento europeo en 2025 en un entorno de necesaria consolidación fiscal?
El dinamismo español contrasta con otros indicadores no tan positivos, como el PIB per cápita o el desempleo estructural
Este será un año decisivo para los emisores soberanos europeos que afrontan un entorno fiscal y político cargado de retos. La reactivación de las reglas fiscales en la Unión Europea, tras su suspensión en 2020, plantea un dilema para las economías altamente endeudadas: equilibrar la disciplina presupuestaria con la necesidad de estimular un crecimiento que sigue siendo desigual en la región.
Nuestra proyección de crecimiento para la economía española es del 2,3% para este año, aunque algunos organismos ya la sitúan en el 2,5%. Sea una u otra, ambas cifras ponen de relieve el buen punto de partida entre las grandes economías de la eurozona. Este dinamismo, impulsado por la creciente demografía, un consumo interno resiliente y unos fondos europeos que continúan llegando, contrasta con otros indicadores no tan positivos, como un PIB por habitante a la cola, un mercado laboral que acusa un elevado desempleo estructural y un entorno geopolítico complejo que sin duda requerirá de mayores inversiones, entre otras, en defensa, en un momento en el que el margen fiscal es ciertamente limitado.
Aunque el ratio de deuda pública sobre PIB ha mejorado, no podemos obviar que este avance se debe más al crecimiento económico que a una reducción absoluta de la deuda, al contrario de nuestra vecina Portugal que ha sabido sacar provecho del superávit primario para actuar sobre el numerador y denominador de este ratio. De hecho, se proyecta que este país pueda incluso llegar a alcanzar una deuda del 77% del PIB antes de 2029, muy superior al más del 95% que se proyecta para España en esa fecha.
La persistente tendencia alcista de los costes de financiación es un elemento que no podemos eliminar de esta compleja ecuación. Con rendimientos de los bonos soberanos al alza, la carga de intereses sobre los presupuestos públicos es cada vez mayor, drenando ingresos fiscales para atender ese cada vez mayor servicio de la deuda, y aunque es cierto que el buen hacer del pasado, alargando la vida media de la deuda en un momento de intereses laxos ha permitido un cierto aislamiento de este escenario monetario contractivo, los vencimientos programados para próximos años son una realidad que terminaran endureciendo ese coste medio de la deuda.
Este desafío se agrava en un contexto político inestable, ya que los mercados de capitales huyen de la niebla que genera. La incapacidad del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la posibilidad, quizás no tan remota, de elecciones anticipadas antes las cada vez mayores confrontaciones con sus socios de gobierno generan incertidumbre sobre la senda de implementación de las reformas estructurales comprometidas con Bruselas. No podemos olvidar que los pilares de estas reformas –productividad, transición energética y digitalización– son más que un requisito, son una necesidad estratégica para garantizar un crecimiento sostenible en el medio y largo plazo, y a todo ello sin duda es sensible su rating.
La cuestión de fondo es si España será capaz de consolidar su liderazgo en crecimiento económico y traducirlo en una mejora real de su perfil fiscal, y en la respuesta a esta pregunta es donde subyace el verdadero reto de este 2025.
Antonio Madera es economista jefe en EthiFinance.
