La juez propone juzgar a los gestores de Alu Ibérica por descapitalizar las antiguas plantas de Alcoa
La magistrada instructora atribuye a ocho personas que participaron en la compra de las fábricas de Avilés y A Coruña delitos de apropiación indebida, blanqueo o pertenencia a grupo criminal, entre otros
Fin de la investigación del caso Alcoa. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha concluido las pesquisas que inició en abril de 2020 para aclarar si en la reventa de las antiguas plantas de aluminio de Alcoa en Avilés y A Coruña hubo irregularidades y ha acordado proponer juzgar a ocho personas que participaron en la compra de las fábricas en 2019 y de las que, presuntamente, se desviaron 13 millones de euros. La magistrada da por acreditada la existencia de una trama para descapitalizar las factorías y distraer sus activos hacia su patrimonio personal y estructuras societarias creadas ad hoc para apoderarse de ellos.
En un auto de pase a procedimiento abreviado que se ha notificado este viernes, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, recuerda que la venta de las plantas “se produjo en dos fases”. En primer lugar, Alcoa vendió el 31 de julio de 2019 el 100% de los centros de producción por el precio simbólico de un euro a Alu Ibérica, que había sido creada poco antes por la sociedad Blue Motion Technologies, propiedad del fondo suizo Parter. La segunda parte de la operación tuvo lugar el 8 de abril de 2000, cuando la sociedad helvética volvió a vender por 13 millones de euros las dos fábricas al Grupo Industrial Riesgo, que utilizó para ello la sociedad System Capital Company, un vehículo inversor constituido también poco antes de la venta.
La juez señala que esta segunda venta no solo incumplía los términos del acuerdo de venta firmado con Alcoa, sino que fue el primero de una serie “concatenada y reiterada sucesión de hechos que tendrían como objetivo la descapitalización y despatrimonialización de las entidades”. Para llevar a cabo el traspaso de las dos antiguas fábricas de Alcoa, los investigados Víctor Rubén Domènech (presidente del Grupo Industrial Riesgo) y Joachim Magin (responsable de System Capital) habrían diseñado la siguiente operación: el fondo suizo habría sacado 13 millones de euros de las cuentas de las plantas asturiana y gallega para prestárselos al Grupo Riesgo y asegurar la reventa de las mismas y su control por parte de los investigados.
En esta operativa participaron activamente los investigados Luis Losada Gómez, como administrador de derecho de la sociedad comprada, y Francisco Javier Fernández Bobadilla Lázaro, socio fundador y administrador único de Ackermann y Schwartz Attorney, despacho incluido en la estructura de la trama y que actuó como asesor jurídico.
La instructora apunta también en su resolución que las pesquisas han revelado que de forma previa a la segunda venta uno de los investigados ordenó transferencias por una cantidad cercana al millón de euros desde las cuentas bancarias de Alu Ibérica a cuentas suizas de empresas que controlaba.
Así las cosas, la magistrada atribuye a Domènech (considerado cabecilla de la trama), Magin, Losada y a Fernández Bobadilla Lázaro los delitos de apropiación indebida o administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y constitución o pertenencia a organización o grupo criminal. Pero también a Alexandra Camacho, exdirectora ejecutiva de Alu Ibérica, a quien se le asignó un sueldo desorbitado y cuyos algunos gastos personales se costearon con la tesorería de las fábricas; y Diego Peris, administrador único de Grupo Riesgo y titular de Logiplus Worldwide, sociedad adquirida por la trama para “incrementar artificialmente el precio de los productos”, indica el auto.
La resolución repasa alguna de las actuaciones irregulares y destaca la simulación de préstamos por parte de sociedades vinculadas a Domènech, el desvío de dinero a empresas también controladas por el líder de la trama, la venta del material de la maquila (chatarra entregada para ser transformada en aluminio secundario) a personas distintas de sus propietarios, o la venta de los derechos de emisión de dióxido de carbono necesarios para reactivar la producción de aluminio primario en las ventas.
Compra de criptomonedas
También resalta la inversión de las ganancias generadas con todas estas actuaciones en la compra de criptomonedas y su posterior conversión en moneda de curso legal a través de “cuentas puente” vinculadas sociedades de la trama como el despacho de abogados Ackermann y Schwartz Attorney, Logiplus Worldwide o Viña y Sentido, de acuerdo a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) incorporado al sumario de la causa, al que tuvo acceso este periódico. Para estas operaciones, la organización contó con la colaboración de Antonio Fernández Silva, que aportó sus conocimientos técnicos y se encargó de gestionar las cuentas bancarias del entramado societario de la trama, y Eduardo Julio García Hidalgo, que realizó tareas de transporte del dinero en efectivo. Estos dos investigados también han sido propuestos para ir a juicio.
Estas actuaciones se prolongaron hasta que fue nombrado un administrador concursal en julio de 2021, que declaró en concurso las sociedad. Los activos de la planta de Avilés fueron adjudicados a Wondar Renovables y los de la fábrica de A Coruña acabaron en manos de Resonac.
Sin embargo, la magistrada no ve indicios de delito en la actuación de Rüdiger Terhorst, socio director del fondo suizo Parter, ya que no se ha acreditado que “tuviera conocimiento del concreto modo” en el que se hizo el préstamo de 13 millones de euros, por lo que ha archivado las actuaciones con respecto a este directivo. Asimismo, ha acordado el sobreseimiento para Alcoa Inespal y otros siete investigados, alguno de ellos participaron en la primera venta, al no haber indicios de su intervención en la reventa de las plantas y su objetivo.
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