A falta de estímulo fiscal para las pensiones privadas, estímulo bancario
La industria centra su estrategia en robar negocio a la competencia, pero el dinero no crece y se limita a girar sobre sí mismo
El negocio de la gestión del ahorro privado para la jubilación no ha sido nunca un gran negocio, puesto que ha alcanzado su grado de maduración sin lograr las cifras estimadas como razonables para un país con el grado de riqueza y de envejecimiento de España. La promoción pública de una fe ciega en el Estado, la limitada cultura financiera del país y el intervencionismo permanente y contradictorio de los Gobiernos ha condicionado el crecimiento del negocio, que es negativo en los últimos años, y ha abierto una guerra bancaria por el reparto del dinero ya gestionado. Consecuencias: limitados complementos de las prestaciones públicas, y aportación más limitada aún a una de las variables que más precisa la economía, cual es el ahorro para capitalizarse.
Podemos considerar que España tiene un nivel aceptable de ahorro privado, coherente con el crecimiento experimentado en el pasado y con la distribución de las rentas y de la riqueza nacional. Especialmente, las familias disponen de un activo financiero que marca máximos históricos, y un activo neto también en máximos, consecuencia de la pasividad inversora tras el estallido de la burbuja financiero-inmobiliaria de hace ya 15 años. Pero el ahorro está tan parcelado como los ahorradores, puesto que la mitad está alojada en herramientas tan corrientes como las cuentas corrientes, funcionando solo como provisión de pasivo a la banca para activarlo como crédito.
Para que el ahorro tenga efectividad más allá del menudeo de la práctica bancaria al detalle, debe alojarse en vehículos institucionales más activos con la inversión, financiera o no, para proporcionar a los partícipes una rentabilidad suficiente. Y esos instrumentos son los que más dificultades tienen para capturar los recursos, sea por cuestiones de fiscalidad, de poca cultura financiera de los particulares o incluso de desconfianza en los gestores, cuestionada con severidad en la última gran crisis financiera.
Hay volúmenes aceptables de dinero en participaciones empresariales cotizadas y en fondos de inversión, pero de forma limitada en los de pensiones. La fiscalidad ha sido un estímulo a favor en la entrada y en contra en la salida, y su iliquidez ha funcionado como freno a su capitalización. Así, el dinero alojado en los planes de pensiones, como segundo y tercer pilar del sistema de protección en la vejez, ha crecido muy lentamente, y no ha alcanzado nunca la robustez exigible a un verdadero complemento de la pensión pública.
El activismo de los Gobiernos no ha ayudado. En los engranajes de este tipo de productos financieros han metido cuchara todos. Si existía una bonificación en el rescate, fue laminada en 2006 por la reforma Ordóñez, por considerar que se trataba de una bicoca para rentas altas que los partícipes utilizaban para adquirir una casa a sus hijos o un deportivo, en vez de complementar la pensión. Si se trataba de un dinero demasiado cautivo, la reforma Montoro-Guindos, reguló el rescate del dinero con madurez superior a diez años, eso sí, tributando como renta del trabajo, en vez de como renta del capital, que es en lo que se convierte si se reembolsa antes del retiro legal. De momento, solo el País Vasco, que en materia fiscal se cocina aparte, considera renta del trabajo la aportación, y renta de capital la plusvalía.
Por cierto: las ventanas intensivas de liquidez pueden ser una vía de castigo a la industria y a los partícipes si se produce una salida masiva que fuerce a las gestoras a realizar liquidez con urgencia. Esta operativa puede hacerse efectiva desde enero próximo para el patrimonio acumulado antes de diciembre de 2015, y se calcula que algo más de 30.000 millones en instrumentos individuales disponen de esa posibilidad. Bien es cierto que la salida obliga a rendir cuentas con Hacienda, lo que puede desincentivar el rescate. Ya ahora existen circunstancias legales que permiten el reembolso ante situaciones de emergencia (enfermedad grave, paro de larga duración, covid, afectados por el volcán de La Palma, ahora los de la dana en Valencia, etc.), y las salidas han sido menos que testimoniales. Pero ya veremos.
Volvamos sobre las reformas. Si la ceguera ideológica concluye que el plan individual es una herramienta exclusiva para rentas exclusivas y que impide cebar los fondos de empresa, la reforma Escrivá limita hasta la irrelevancia las aportaciones anuales con deducción fiscal. Así las cosas, hoy el patrimonio en los planes privados de pensiones en España es de unos 129.000 millones de euros para casi diez millones de cuentas (cada partícipe puede disponer de cuantas desee). El valor ha experimentado este año un crecimiento muy generoso por la revalorización de los activos, que no por las aportaciones, que encadenan cuatro años en las que son superadas por el abono de prestaciones.
En términos agregados, el valor de todos los fondos de pensiones (individuales y de empleo) ronda el 8% del PIB. Calculen a qué distancia estamos del modelo más maduro de Europa, el holandés, que acumula 2 billones y supera su PIB. Y, en términos individualizados, si el negocio no crece, los partícipes individuales tienen garantizado, en media, un ridículo complemento de pensión: 51,8 euros al mes si su esperanza de vida al jubilarse es de 20 años.
En la práctica, la desaparición del incentivo fiscal, que se conserva, pero muy limitado, ha planchado la entrada de dinero, y ha desplazado la práctica comercial de la banca a la captura remunerada del patrimonio ya existente, dado que no tiene coste el traspaso de un vehículo a otro. Se ha cambiado estímulo fiscal por estímulo bancario, aunque está condicionado a largos periodos de permanencia. El negocio no crece, pero da vueltas sobre sí mismo agitado por la propia industria.
Los estímulos por captación de fondos llegan al 4% por traspasar más de 25.000 euros si se blindan por seis años ante ulteriores traspasos (BBVA); si menores de 50 años traspasan 60.000 euros y hacen aportaciones adicionales (CaixaBank); si se superan los 100.000 euros y se blindan por seis años (Santander y Santa Lucía); y si el traspaso supera los 30.000 euros y se inmoviliza durante ocho años (Zúrich Seguros). Puede llegar al 5% el abono si el blindaje es por 8 años (Sabadell) o 7 (Bankinter), e incluso al 7% por trasvases de hasta 50.000 euros si la permanencia llega a los 10 años (Ibercaja). Viva la competencia.
De la rentabilidad, nada se dice, nada se sabe. Pero es la variable más importante, mucho más determinante que las bonificaciones o las rebajas en las comisiones. Eso sí, como detectar la rentabilidad venidera es imposible, hacer un detallado recorrido por el track record de las gestoras es un ejercicio muy sano que ayuda bastante.
José Antonio Vega es periodista
