Pensiones privadas: de las individuales desnudadas a las colectivas sin vestir
La reforma Escrivá no funciona: los planes personales llevan cuatro años con salida neta de dinero y los de empleo no arrancan
La última reforma de los sistemas de pensiones privadas ha sido un fracaso, no ha funcionado. Con la legislación anterior, pese a su estado de maduración, caminaban al trantrán en términos patrimoniales y seguían alejadas de lo que puede considerarse una herramienta complementaria de previsión o el robusto depósito de ahorro que toda economía abierta necesita. Pero con la norma reciente, el estancamiento permanente es el escenario más probable, cuando no un inevitable retroceso paulatino, y en el que la industria financiera peleará más por el robo (trasvase) de recursos a la competencia que por captar las capadas aportaciones nuevas.
Los meneos normativos a los que el exministro José Luis Escrivá sometió el segundo y tercer pilar del sistema de previsión, suponíase que iban a disparar la capitalización de los fondos privados colectivos (de empleo), implicando a las empresas y sus plantillas en los convenios colectivos, creando una palanca que descargara definitivamente de presión a las maltrechas finanzas de la Seguridad Social. Suponíase también que, cerrando la compuerta de entrada de recursos en los fondos individuales, se abriría sola la de los instrumentos colectivos.
Con un planteamiento ideologizado, maniqueo y divisivo, asegurábase que los primeros dejarían de ser un atractivo imán para las rentas altas limitando drásticamente las aportaciones anuales, mientras que los segundos serían golosos aparcaderos de las rentas bajas permitiendo que la aportación de los trabajadores que complementase a la de su empresa llegase a 8.000 euros anuales (un ahorro propio de rentas altas, por cierto). En la creencia de que ambos depósitos de ahorro tenían vasos comunicantes, se dosificaba uno, para consumir a demanda el otro.
Gráficamente, se desnudaba un santo para vestir otro. Pero en los cuatro primeros años de la reforma (que no pueden considerarse completos por el reiterado retraso en la formulación de los fondos de empleo), el santo patrón de los fondos privados individuales se ha desnudado, y el de los colectivos sigue sin vestir. Numéricamente, los vehículos individuales llevan cuatro años con aportaciones muy inferiores a las de los años precedentes y con salidas netas de recursos (solo la jugosa revalorización financiera ha elevado su patrimonio), en tanto que los fondos de empleo no carburan: unos pocos centenares de euros en los simplificados a la medida de los autónomos, y ni un triste euro en los quince vehículos montados con cinco gestoras para los de empleo.
En los colectivos la incorporación a última hora de los trabajadores de la construcción ha proporcionado un salto importante en el número de partícipes, hasta los 2,64 millones de euros, pero muy limitado en recursos. Los de aportación individual, por el contrario, tienen ahora 7,3 millones, con una ligera pérdida (14.200) en el año. En términos de flujo de recursos, tanto unos como otros este año también registran más pagos por prestaciones que nuevas aportaciones: los de empleo han abonado en el primer semestre 781 millones en prestaciones, y han recibido 689 millones de euros de recursos; en los individuales han entrado 682 millones de euros y han salido por prestaciones 1.254.
Las previsiones planteadas a la hora de constituir los vehículos colectivos por las cinco gestoras contratadas (BBVA, Santander, CaixaBank, Caser e Ibercaja) es alcanzar aportaciones de 2.500 millones en tres años desde enero pasado. Pero considerar tal umbral un éxito, cuando ya ahora esta categoría de fondos tiene bajo gestión más de 38.000 millones, es, cuanto menos, un atrevimiento, y, como dicen en Castilla, para viaje tan corto no se precisaban alforjas tan grandes.
Habrá que correr más deprisa para alcanzar esa meta. Sectores como el metal, los grandes almacenes o las agencias de viajes quieren dar un paso al frente en las negociaciones de los convenios para desatascar este asunto, pero parece que encuentran más dificultades de las esperadas, y bien podrían seguir la estela de los planes simplificados. Las empresas españolas no han mostrado, en general, nunca entusiasmo por estos instrumentos por muy privada que sea su gestión, y estos años no han sido precisamente los mejores.
Ya ahora soportan una de las presiones fiscales por cotizaciones para las pensiones públicas más elevadas de la Unión Europea, que además ha sido intensificada en los últimos años, y lo será más en los venideros, para pretender equilibrar las finanzas del tinglado público de pensiones, y que sigue sin equilibrar. Además, han soportado subidas adicionales de otros impuestos, algunos sectores de forma redoblada y al parecer con carácter estructural (banca y energía), que deja muy poco o ningún margen para compromisos de gasto adicionales y permanentes.
La industria ha planteado una batería de medidas de impulso tanto para planes individuales como colectivos para espolear el negocio, aunque la receptividad de los reguladores una vez cerrada la reforma es muy parca, aunque, quién sabe: si se prolonga el fracaso en la captación de recursos podrían aceptar ayuda externa. Además de una vasta campaña de promoción institucional de los planes, reclama que, aunque no se pueda exigir que se acuerden planes de empleo, sea obligatorio negociarlos en todas las empresas. Propone también una reducción fiscal en la base imponible incrementada artificialmente en los cuatro primeros años de los planes de empleo, una ampliación de los límites para los autónomos, y un mecanismo transitorio que permita aportar a planes individuales en tanto arranca el plan colectivo de cada empresa, y que absorbería desde su creación las aportaciones al individual.
Para los individuales reclama elevar de la cifra irrisoria de aportaciones de los 1.500 euros anuales hasta los 5.000, que entre otras cosas garantizaría la igualdad en todo el territorio nacional, ahora quebrada por el privilegio vaso y navarro, que ya tienen el límite reclamado con carácter general. Por último, sugiere que se pueda reinvertir con bonificación la reducción que resulte en la cuota del IRPF de minorar la base con la aportación del año precedente.
Y como última demanda, una vez más con la misma esperanza de quien predica en el desierto, que la Seguridad Social envíe a cada español cotizante, como es preceptivo desde 2011 y que no se ha cumplido nunca, información estimativa de qué pensión cobrará cuando se jubile. El sistema público y el privado también con vasos comunicantes, por mucho interés público en ocultarlo, y es de urgente necesidad que los particulares sepan qué pueden esperar de la caja pública para saber si precisarán provisionar la privada.
José Antonio Vega es periodista.
