Los arquitectos mutualistas también saldrán a la calle para reclamar pensiones dignas
Piden una pasarela para poder trasladar sus cotizaciones privadas a la Seguridad Social
Los arquitectos mutualistas se suman a los abogados, procuradores y gestores administrativos para reclamar pensiones dignas. Se trata de un colectivo de unas 30.000 personas (25.000 trabajadores en activo) que durante años cotizó a través de la Hermandad Nacional de la Arquitectura (HNA), una mutua alternativa a la Seguridad Social. El problema, extendido entre varias profesiones liberales, es que durante años la mutua no exigía hacer unas aportaciones mínimos, así que cuando se ha aproximado el momento de la jubilación muchos comprueban que las pensiones privadas que les quedan son muy escasas.
Un grupo de mutualidades ha mantenido hasta ahora su condición de sistema alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La Mutualidad de la Abogacía, la Mutualidad de los Procuradores, Premaat (de aparejadores), Alter Mutua (de abogados), Mutual Médica son aseguradoras cuyo objetivo fundamental es ofrecer a sus colectivos de referencia un fórmula de ahorro para la jubilación, así como la cobertura de contingencias comunes (como la incapacidad, invalidez, dependencia...). La mayor de ellas es la Mutualidad de la Abogacía, que administra activos por valor de 10.300 millones de euros, aunque solo una parte es de los mutualistas alternativos.
En el caso de los arquitectos afectados, han creado la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMA) para reclamar al ministerio de Seguridad Social la creación de una pasarela que permita transitar de la la mutualidad HNA al RETA, una medida en la que ya se está trabajando. El gran problema son las condiciones para poder acogerse a esa transición. Por ahora, se exige haber estado en una mutualidad desde al menos 2005 y demostrar una situación de vulnerabilidad económica.
Desde la asociación ANMA explican que “los mutualistas alternativos de HNA nos sentimos maltratados por la mutua y por el Gobierno porque, a la hora de encarar nuestra jubilación se nos dice que nos corresponde una pensión vitalicia de apenas 400 a 500 euros, en 12 pagas, después de 40 o más años pagando primas a HNA”. Esta entidad aseguradora tiene 100.300 mutualistas, aunque solo un tercio son los llamados mutualistas alternativos, que cotizaban al margen de la Seguridad Social. Son estos los que están llamados a una manifestación el próximo sábado 28 de septiembre, para reclamar una pasarela al RETA abierta a todos, sin distinción de edad ni de situación económica
Los responsables de las mutualidades argumentan que desde hace muchos años se ha insistido a los profesionales para que aumentaran sus contribuciones si querían tener una pensión decente. Y que si la Seguridad Social abre la mano con los mutualistas alternativos que aportaron poco, se estaría siendo injustos con los que sí que contribuyeron con aportaciones altas.
Para intentar desbloquear la situación, el Colegio de la Abogacía de Madrid contrató a la ex presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas —una de las máximas expertas en Derecho de la Seguridad Social— para que elaborara un dictamen en el que diera solución a este problema. En su informe, la jurista propone que la pasarela para pasar de las mutualidades al RETA esté abierta a todos los mutualistas activos, sin más criterios temporales o económicos. El debate vendría después, para ver cómo se computan los años de aportaciones (insuficientes a las mutualidades) por años de cotización a la Seguridad Social.
La propuesta de máximos del Colegio de la Abogacía de Madrid es que cada año de aportación a la Mutualidad compute como un año en el sistema público. Desde ese punto, caben otras fórmulas de conversión, como transformar el dinero acumulado en la pensión privada de la Mutualidad en años de cotización a la Seguridad Social. Por ahora, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no parece muy receptiva a las reivindicaciones de los mutualistas.
Un problema adicional que afrontan estas mutualidades —que también incluyen otras más pequeñas de ingenieros civiles, ingenieros industriales, peritos ingenieros...— es que el ministerio quiere que a partir de 2027 ya no puedan ser una alternativa al RETA y se conviertan entonces en simples aseguradoras donde ahorrar para la jubilación y cubrirse ante contingencias comunes de estas profesiones.
La única entidad que tiene el futuro claramente asegurado es la Mutualidad de la Abogacía, por su tamaño y por que dos tercios de sus mutualistas no son alternativos. De hecho, ha intentado convertirse en el polo de concentración del sector, tratando de absorber a la Mutualidad de los Procuradores y a la de los Gestores Administrativos. Pero la contestación interna hizo naufragar el proyecto.
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