Reformar el diálogo social a espaldas de sus protagonistas
Dar prioridad a los convenios autonómicos e incluso a los provinciales sobre los estatales ha molestado tanto a patronal como a sindicatos
El Gobierno ha incluido en el Real Decreto para reformar el subsidio de desempleo, aprobado ayer, una medida de cierto calado que tiene que ver con la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores y que pactó con el PNV como uno de los requisitos para lograr el apoyo de los nacionalistas vascos a la última investidura de Pedro Sánchez. Esta modificación consiste en dar prioridad aplicativa a los convenios colectivos autonómicos y, en determinados casos, también a los provinciales, sobre los acuerdos de carácter estatal.
El cambio ha sido muy mal recibido en las patronales CEOE-Cepyme y en las organizaciones sindicales CC OO y UGT, tanto por el fondo, ya que consideran que se trata de un traje a medida para los sindicatos nacionalistas, en especial ELA, como por la forma, sin haber sido negociado en absoluto con los interlocutores sociales.
De hecho, este cambio en la negociación colectiva ha sido interpretado por los agentes sociales como un ataque directo a la autonomía colectiva que les otorga la propia Constitución. En el caso de las organizaciones empresariales, lo ven, además, como una forma de torpedear la unidad de mercado y la competitividad empresarial. En términos salariales, la norma admite la mejora de un convenio provincial si el estatal depara un salario más bajo, pero no al contrario. Es cierto que hay sectores dentro de la patronal que se ven más perjudicados por este supuesto detrimento de la igualdad entre territorios que otros cuyas relaciones laborales ya están articuladas a través de convenios provinciales, como es el caso de la industria del metal. Ahora bien, todos coinciden en criticar la vía escogida por el Gobierno para aprobar cambios en la negociación colectiva sin contar con sus principales actores.
Los sindicatos, por su parte, también estarían abiertos a abordar cambios en la negociación colectiva, que podrían consistir en racionalizar las unidades territoriales de negociación. Sin embargo, desde su perspectiva, esto pasaría por una negociación bilateral entre empresarios y sindicatos. Una negociación que debería ser la norma; de hecho, no son pocas las veces que el Gobierno ha elogiado las virtudes del diálogo social como la mejor vía para encauzar las relaciones laborales. Hasta que se cruza la aritmética parlamentaria, y en una jornada en la que podría presumir de la reforma del subsidio de desempleo, la reforma del despido por incapacidad y el nuevo itinerario del IMV, el Ejecutivo termina por despertar el rechazo a los dos lados de la mesa.
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