Los políticos siguen a lo suyo mientras colapsa lo público
La sequía en Cataluña, paradigma de la desconexión entre las preocupaciones de los ciudadanos (agua) y el debate político público (amnistía y poder)
António Guterres, secretario general de la ONU, avisaba esta semana desde Davos: “La gente en todas partes está perdiendo la fe en los gobiernos, las instituciones y los sistemas financieros y económicos. Se requieren reformas profundas de la gobernanza global para gestionar las tensiones geopolíticas durante una nueva era de multipolaridad”.
Esa desconfianza explica que personajes como Javier Milei alcancen el gobierno. No hay mayor signo de desesperación que un país con enormes desigualdades ha elegido presidente a quien asegura que “el problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Es una idea intrínsecamente injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva.”
El debate global sobre la confianza en las instituciones tiene clara traslación a España, un país cuyas 10 mayores preocupaciones, según el barómetro del CIS, son, por orden: la crisis económica, la sanidad, la calidad del empleo, situaciones personales, problemas políticos generales, vivienda, educación, cambio climático y problemas sociales. Sin embargo, el debate público (político y mediático) está dominado por el independentismo catalán y su variante, la ley de amnistía, que son la preocupación 39 y 37 de los españoles.
El desacople entre las prioridades de los ciudadanos y el discurso político es consecuencia directa de que los gobiernos (central, autonómicos y municipales) no atienden sus problemas. ¿Por qué? Seguramente por una mezcla de incapacidad e ideología, o porque el exceso de doctrina produce parálisis. Esta vez no es la falta de recursos económicos.
El epítome de esta situación es la sequía en Cataluña. Si el tiempo no lo remedia, en pocas semanas se extenderán restricciones al consumo doméstico de agua en muchos municipios. Sin embargo, esto no está en la conversación entre los partidos políticos, ocupadas en su amnistía y su cargo. No consta, por ejemplo, que Jordi Turull (secretario general de Junts) y Santos Cerdán (secretario de organización del PSOE) le dedicaran un minuto de los 90 que se han visto en el Congreso.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo a El País que sus pilares son la creación de empleo, los derechos sociales y la convivencia. Por tanto, está en consonancia con las preocupaciones de los ciudadanos, ya que la sanidad, la educación, la vivienda o el agua son evidentes derechos sociales. Pero, como el propio presidente decía, “la única verdad es la realidad”.
Y la realidad es que esta misma semana, la Comisión Europea ha hecho público el informe de ejecución de los fondos estructurales durante el período 2014-2020, que pueden gastarse hasta finales de este año, y España sale en último lugar de los 27 de la UE. De los 75.096 millones que le corresponden, España ha invertido/gastado 47.315 millones, el 63%, lejos de la media del 85% y del vecino Portugal, el único que ha ejecutado el 100%. Cuántos trasvases y desaladoras se podrían haber financiado para garantizar agua a una región en la que desemboca el río más caudaloso de España (el Ebro) y tiene la cordillera con los mayores neveros (Pirineos). Claro, la Generalitat lleva años dando prioridad a los patos del Prat de Llobregat.
Si se repasan medidas concretas, se entiende aún más el grado de estupefacción de la gente. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), por ejemplo, una de las medidas estrella de la coalición PSOE-Podemos, resultó un fiasco. Hay consenso en que el IMV está infrautilizado y se debe a que una buena parte de sus potenciales destinatarios no conoce su existencia, o cree que no tiene derecho a él o la burocracia para conseguirlo le parece insuperable. Pero lo mismo ha pasado con las ayudas para los negocios durante la pandemia o las subvenciones al alquiler para jóvenes. Se anuncian, pero por unas u otras razones no llegan.
La gestión del IMV corresponde al mismo ministerio (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) que, cuatro años después de estallar el Covid, sigue con los teléfonos y oficinas saturadas para cualquier gestión de la Seguridad Social. Para colmo, José Luis Escrivá, el que fue titular de ese ministerio la pasada legislatura, ahora es el responsable del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Alguien con ese currículo de gestión en digitalización y manejo de recursos públicos, recibe como premio hacerse cargo de esos mismos cometidos en toda la Administración Central. No es irónico, es la realidad.
También esta semana, el Consejo de la Juventud de España puso números al problema de la emancipación. Es de sobra conocido el divorcio entre los salarios y el precio de la vivienda, da igual en alquiler o en propiedad. Sin embargo, una vez conocidos los datos, ¿qué hacen los gestores públicos? Atentos a la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las regiones donde el problema de la vivienda es más acuciante.
“Los desarrollos urbanísticos han estado bloqueados especialmente en el ayuntamiento de Madrid por el anterior gobierno de Mas Madrid (hace cinco años que no gobiernan) y con Vox. La vivienda se tarda mucho tiempo en crear, hablamos de muchos años (para resolver el problema) porque la Administración es más lenta de lo que quisiéramos. Hay sectores que se están quedando sin mano de obra porque la gente muchas veces prefiere no trabajar. A los jóvenes españoles hay que inculcarles el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia; porque les viene algo muy complicado. Si no, no van a tener empleos de calidad y la emancipación les va a costar mucho más”.
Por tanto, el problema de la falta de vivienda y la tardía emancipación en Madrid es culpa de la Administración (¿Sánchez, ella misma?), Más Madrid, Vox y de los propios jóvenes. ¿Con qué jóvenes se mueve la presidenta de Madrid para tener esa percepción? Además, de este análisis de barra de bar, ¿puede hacer algo la Comunidad de Madrid? Como le dijo Nadia Calviño a Iván Espinosa de los Monteros: Isabel Díaz Ayuso, revise con qué jóvenes se relaciona.
Todo esto hace que sea muy comprensible que actualmente el mayor riesgo global esté en la geopolítica. Es una manera educada de decir que los políticos, con sus decisiones, se han convertido en la mayor fuente de inestabilidad. Eso sí, a los presidentes los eligen los ciudadanos y Estados Unidos camina hacia un nuevo mandato de Trump. No alegarán desconocimiento.
Aurelio Medel es periodista y doctor en Ciencias de la Información
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