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Breakingviews
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El blindaje de Telefónica es caro y fútil

Los votantes pueden preguntarse por qué el Gobierno gasta dinero público cuando ya dispone de armas regulatorias para hacerlo gratis

Sede de Telefónica.
Sede de Telefónica.SUSANA VERA (REUTERS)

España va a pagar un alto precio por un endeble escudo de telecomunicaciones. El Gobierno va a gastar 2.000 millones en comprar hasta el 10% de Telefónica en un intento de protegerla de la toma de participaciones por parte de Arabia Saudí. Pero el Gabinete de Pedro Sánchez cuenta con legislación suficiente para defenderse de STC. Devolver el antiguo monopolio estatal al control del Gobierno parece arriesgado para una coalición nueva y frágil.

La entrada saudí en las telecomunicaciones españolas tuvo una acogida tibia desde el principio. En septiembre, STC compró un 9,9% en Telefónica por 2.100 millones en acciones y derivados. Pero el Gobierno aún tiene que aprobar la conversión de estos derivados en acciones. Mientras, Sánchez usará la SEPI para forjar una participación con el objetivo de dar “estabilidad accionarial”.

España, empero, dispone de herramientas más afiladas. Gracias a los poderes introducidos durante la pandemia, Madrid puede mantener a raya a STC impidiéndole aumentar su participación en el futuro. También puede impedir que los ejecutivos de la empresa saudí, valorada en 52.000 millones de dólares, obtengan representación en el consejo aunque STC se convierta en el mayor accionista.

Así, parece un derroche innecesario del recién formado Gobierno para evitar dañar las relaciones con Riad. Puede disuadir a otros inversores de apostar por empresas españolas si temen una intervención estatal. Otros pueden querer vender su participación en Telefónica si creen que Madrid tendrá influencia en la agenda estratégica de la empresa. Pero, sobre todo, puede irritar a los votantes, que podrían preguntarse legítimamente por qué el Gobierno gasta el dinero de los contribuyentes en salvaguardar la competencia cuando ya dispone de las armas regulatorias necesarias para hacerlo gratis.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías

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