Calviño, el BEI y la diplomacia económica española
España suma a su acervo otro primer espada a nivel comunitario, aunque llama la atención la creciente ausencia de segundos niveles nacionales
La elección de Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) es motivo de doble, y hasta triple, celebración para los diferentes actores implicados. Lo es, en primer lugar, para Pedro Sánchez y su nuevo Gobierno, recién salido de las urnas y apuntalado por unos pactos cuya esencia es una ley de amnistía que ha levantado algunas ampollas en las instancias comunitarias. Sacar adelante una designación tan compleja, y tan demorada en tiempo, es un espaldarazo para el Ejecutivo que arranca y que tendrá como primera misión buscar una nueva cara económica, a ser posible, con vínculos con Bruselas y Fráncfort tan estrechos como los que atesora la vicepresidenta saliente.
Calviño, precisamente, también tiene razones para respirar con cierto alivio. No en vano, un fracaso en su candidatura al principal banco público de la Unión Europea hubiera supuesto su tercer fiasco en aventuras de esta índole, tras claudicar en su afán de ser directora gerente del FMI, en 2019, y presidenta del Eurogrupo, en 2020. En tanto se daba por hecha su salida del Ejecutivo, bien ahora o a mediados de año, cuando se forme la nueva Comisión, mejor hacerlo por la puerta grande y al frente de una institución de peso que gestionará miles de millones en préstamos para invertir en renovables, eficiencia energética, puntos de recarga de vehículos eléctricos o tecnologías innovadoras para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
La tercera celebración debe hacerse con asterisco. España suma a su acervo otro primer espada en puestos de relumbrón a nivel comunitario, entorno donde ya se ubican, por ejemplo, nombres como Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), o José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). No obstante, una de las mayores quejas que formulan entre bambalinas las empresas, y hasta los reguladores, es la creciente ausencia de segundos niveles nacionales que estén en la pelea del día a día y ejerzan una verdadera diplomacia económica sobre el terreno. De hecho, es habitual que la defensa de los intereses empresariales en cuestiones de índole regulatoria o de competencia se haga más en la trinchera que en las alturas. La ampliación de la Unión Europea, por un lado, que ha obligado a un mayor reparto de los cargos en esos estratos de decisión, y la falta de una cultura ad hoc, que sí existe históricamente en Francia o Alemana, lastran la capacidad de España para influir. Desde su nueva y privilegiada posición, Calviño debería ahora empujar.
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