La factura económica del bloqueo del Poder Judicial
La renovación del organismo deber ser una de las grandes prioridades políticas de la legislatura
El bloqueo de la renovación de los miembros del Consejo General de Poder Judicial ha cumplido cinco años sin que haya señales claras que permitan vislumbrar una pronta solución. En una vulneración de la norma constitucional, que fija un máximo de cinco años para los nombramientos, los vocales llevan diez en una labor en la que no está contemplada la interinidad, una grave anomalía que perjudica la imagen institucional de la justicia, pero que evidencia sobre todo la falta de voluntad política para sellar la renovación.
Las consecuencias de la parálisis del CGPJ no son solo institucionales, sino que afectan directamente a los jueces y profesionales de la justicia, a los ciudadanos y a las empresas. Aunque el organismo ha seguido sacando adelante parte de las labores que desempeña, hay una competencia que no puede ejercitar en funciones: nombrar magistrados en la cúpula judicial. A día de hoy, 85 puestos de magistrados permanecen sin cubrir en los máximos órganos jurisdiccionales –23 en el Tribunal Supremo, 36 en los tribunales superiores de justicia, 25 en las audiencias provinciales y uno en la Audiencia Nacional–, lo que ha provocado un atasco monumental en todos ellos. Solo en 2022, la cifra de casos pendientes alcanzó los 43.000, más del doble de los que quedaron sin resolver en 2021. Ese flujo de causas está alimentado por la creciente litigiosidad de los últimos años, lo que se traduce a su vez en una continua lluvia de recursos. A eso hay que unir también las consecuencias que tiene el atasco en el día a día de los juzgados ordinarios, muchos de los cuales mantienen causas paralizadas a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre asuntos controvertidos. Un bloqueo que tiene consecuencias directas sobre el tráfico comercial y financiero, dado que afecta también a los juzgados especializados en temas mercantiles y económicos.
La insostenible situación del CGPJ ha suscitado críticas unánimes por parte de todas las asociaciones judiciales, que llevan años presionando para que se desatasque la renovación. Cada día que pasa, las tensiones políticas que mantienen paralizado el organismo perjudican a los ciudadanos, lastran la economía y constituyen el mejor argumento para defender la necesidad de reformar el sistema de elección de los vocales, a imagen de otros países donde los jueces tienen en él un papel fundamental. Entre tanto, la renovación deber ser una de las grandes prioridades políticas de una legislatura marcada por la incertidumbre económica.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
