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Análisis
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El Estado en la transición energética: ¿emprendedor o espectador?

REE debe cubrir parte de las inversiones en almacenamiento y modernización de las infraestructuras

Torre eléctrica de REE en Alcobendas (Madrid).
Torre eléctrica de REE en Alcobendas (Madrid).Sergio Perez (Reuters)

La transición energética está encontrándose con las primeras señales de colapso porque el crecimiento de la oferta renovable ha ido a mayor ritmo que el incremento de la demanda de electricidad y por la necesidad de adaptar el funcionamiento del sistema eléctrico para que pueda soportar un mayor porcentaje de electricidad renovable. La gestionabilidad del sistema pasa por que las redes eléctricas se modernicen y por que los sistemas de almacenamiento, tanto los ligados a la oferta como a la demanda, se instalen con la mayor celeridad posible.

La cuestión más relevante es si las políticas que inciden sobre la modernización de la distribución e implantación de instalaciones de almacenamiento deben estar supeditadas a los deseos de la inversión y a la gestión privada, como actividades reguladas, o es necesario un papel más activo del Estado. Un rol donde asumiera el compromiso de acelerar el proceso de ejecución de las inversiones necesarias para la transformación del sistema, sobre todo cuando se trata de la utilización de fondos públicos como los procedentes de los Next Generation EU. A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ha asumido la gestión de 15.365 millones de euros, un 21,95% de los 70.000 millones aprobados a fondo perdido para el período 2021-2023, de los que 10.756 millones están destinados a la transición energética.

La necesidad de la presencia de la inversión pública viene determinada por un doble razonamiento: asegurar que esas inversiones se llevan a cabo en alcance y tiempo, considerando que muchas de ellas están en claro conflicto con la maximización de resultados y el mantenimiento del poder hegemónico del sector energético tradicional, y reducir la exigencia de rentabilidad, al considerar que son inversiones estratégicas y de carácter social. El capitalismo concesional que el sector energético ha exigido, y que se mantiene en vigor, nos ha salido muy caro, tanto por el exceso de retribución como por la tendencia a sobredimensionar las infraestructuras.

Cuando se habla del papel del Estado como emprendedor, como inversor o como gestor, siempre sale a relucir la supuesta incapacidad de lo público, olvidando que, como muy bien refleja la economista Mariana Mazzucato, el Estado ha asumido históricamente un papel imprescindible en el desarrollo y progreso de muchas ramas de la ciencia, sin cuyo emprendimiento e impulso numerosas empresas que hoy día lideran el mundo de la tecnología no habrían tenido las facilidades necesarias para desarrollar su actividad empresarial.

Los posicionamientos políticos en materia económica cada vez están más separados entre los que apuestan por mantener una posición neoliberal, en la que el crecimiento es básico y la iniciativa privada debe mantener una posición dominante –eso sí, a poder ser con una retribución regulada para asegurar ingresos–, y los que consideran que hay inversiones que debe acometer el Estado para que el valor común esté jerárquicamente por encima del privado. Y es que, cuando se trata de bienes de primera necesidad, el papel del Estado no puede ser el de árbitro o regulador para resolver los conflictos que crea la avidez por la rentabilidad y el crecimiento, y que, irónicamente, se denominan fallos del mercado.

Necesitamos un Estado Emprendedor que asuma la velocidad de cambio del sistema y que permita el acceso a este, con un papel activo, tanto a los nuevos agentes como a los consumidores, dotándoles de las capacidades regulatorias necesarias para que sean lo que siempre han debido ser, el centro del sistema.

Las infraestructuras deben estar al servicio de todos los agentes y consumidores, y la mejor forma de conseguirlo es que la parte más sensible se realice con inversión y propiedad pública, activando así la presencia del Estado como un ente emprendedor que lleve a cabo las inversiones necesarias, utilizando en sus iniciativas los fondos Next Generation EU.

En este sentido, en España la gestionabilidad del sistema está controlada por Red Eléctrica de España, REE, que actúa como operador del sistema y como propietario de la red de transporte. El Estado es propietario de un 20% de su matriz, Redeia.

Si queremos que la transición energética hacia la eficiencia, las renovables y, por lo tanto, hacia la electrificación de la demanda, se produzca al ritmo marcado, tanto por los compromisos asumidos como por el crecimiento de la aportación renovable, necesitamos potenciar el papel de REE como operador del sistema en una doble dirección: asumiendo que esa función sea 100% de carácter público, y que se comprometa a cubrir parte de las inversiones en almacenamiento y modernización de las infraestructuras eléctricas necesarias.

Ya en 2013, gobernando el Partido Popular, se aprobó, no sin dificultades, que REE fuera la titular de la proyectada central de bombeo Chira Soria, propiedad de Endesa y situada en la isla de Gran Canaria, al considerarla un elemento clave para la gestionabilidad y el desarrollo de las renovables en la isla. Una instalación que todavía no se ha realizado por un continuo proceso de dificultades sobrevenidas, a pesar de la mayor aceptación social de que la propiedad fuera de REE. Esta decisión contó con una fuerte oposición del sector eléctrico tradicional, que entendía que se abría una línea de actuación pública que ponía en riesgo su hegemonía, al considerar que la central era un activo de generación y no exclusivamente un elemento de gestionabilidad del sistema.

Necesitamos que todos los agentes que actúan en el sistema eléctrico puedan hacerlo en igualdad de condiciones. El mantenimiento de las prácticas actuales de apuesta exclusiva por la iniciativa privada no solo consolida situaciones de abuso de poder, sino que impide que nuevos agentes puedan actuar en las mismas condiciones.

Las futuras inversiones en distribución o en almacenamiento, que ya deberían haber comenzado, no pueden implicar un incremento del poder ya existente ni una traba para el desarrollo de iniciativas tan primordiales como el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico.

Fernando Ferrando es presidente de la Fundación Renovables

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