Sánchez se juega el plan energético, que necesita 250.000 millones
Las empresas anuncian retrasos en las inversiones en renovables y redes, necesarias para reducir en 2030 la dependencia energética del exterior del 70% al 51%
Habrá quien piense que los avisos de reducción de inversiones lanzados por los gestores de grandes compañías energéticas, como las antiguas empresas públicas Repsol y Endesa, son meras amenazas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, para que se arrugue y no prorrogue el impuesto extraordinario, creado el año pasado y que vence en 2024, tal como contempla el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Sumar. Sin embargo, hay argumentos de calado para tomárselas en serio; sino sigan la pista del dinero de Iberdrola.
España tiene unos objetivos muy ambiciosos de descarbonización de la economía y reducción de la dependencia energética de terceros países, que están detallados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, aprobado por el Gobierno en junio pasado. Dicho plan contempla que España reduzca en dieciocho puntos la importación neta de energía, de manera que prácticamente se equilibre la producción nacional (49%) y la adquirida fuera (51%). Para ello, es necesario un fuerte cambio en el mix de fuentes de energía, que pasa por duplicar las renovables, de producción local, y reducir casi a la mitad los hidrocarburos, que son de importación.
El plan del Gobierno estima que esta transformación necesita unas inversiones totales de 294.000 millones de euros en el período 2021-2030; de las que el 40% (118.000 millones) irán a activos de generación de energía renovable; un 29% a ahorro y eficiencia energética; un 18% a mejorar y ampliar las redes de distribución, y un 12% a electrificación.
¿De dónde va a salir tanto dinero? El propio plan, que está a consulta pública hasta que en junio de 2024 lo envíen a Bruselas, señala que el 85% de los recursos (250.000 millones), procederán del sector privado y el resto del sector público, con un 11% de los fondos Next Generation de Europa, que no computan en el déficit público, y el 4% restante del presupuesto de España.
En definitiva, el cumplimiento real de estos ambiciosos objetivos descansa sobre la capacidad de atraer dinero privado para levantar esas infraestructuras, lo que depende de que los rendimientos de esas inversiones sean atractivos y sostenibles. Además, esos fondos serán extranjeros, ya que España ni tiene ese ahorro ni capacidad para generarlo a corto y medio plazo.
El dilema ahora está en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pasado de un impuesto extraordinario de dos años a energéticas y bancos, un one off puntual que dicen los financieros, a plantear una prórroga sine die de una fiscalidad mayor que el resto de sectores, aduciendo que están teniendo ingresos extraordinarios como consecuencia de la subida de los precios y de los tipos de interés, respectivamente. Por tanto, este nuevo impuesto hay que restarlo de la rentabilidad prevista en esas inversiones que el Gobierno espera para su Plan 2030.
Es llamativo que las dos primeras empresas en avisar al Gobierno sean los antiguos monopolios públicos de petróleo (Repsol) y electricidad (Endesa). El consejero delegado de la petrolera dijo que “la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España” y el de la eléctrica precisó que el impuesto afecta a la capacidad de inversión en renovables y redes. Por tanto, no se cumplirían los objetivos del PNIEC 2023-2030, lo cual es un desastre para este país.
Para los que duden de que las palabras se transformen en hechos, ahí está Iberdrola. Ignacio Sánchez Galán, su presidente, hace tiempo que ha dicho cosas parecidas a las de sus colegas, pero últimamente habla menos y ha pasado a la acción. La nota de prensa de Iberdrola de resultados del tercer trimestre de este año comienza diciendo que han invertido 11.000 millones en los últimos doce meses, “con crecimiento en geografías con marcos estables y predecibles”. ¿Cuáles serán?
En el vídeo complementario, Galán explica que han invertido “más de 10.000 millones en parques eólicos marinos en Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos”. Parece aséptico, pero cualquiera que vea la presentación aprecia que España, palabra que ni se menciona en la nota de prensa, en la que sí salen otros países, va a menos, desplazada por los mercados mencionados. De hecho, este año ha vendido una parte de la cartera de renovables de España al fondo soberano de Noruega (Norges Bank) y busca socios para otras carteras eólicas, fotovoltaicas y de gas.
Los tres principales accionistas de Iberdrola son Qatar (8,7%), Blackrock (5,3% y Norges (5,6%), y estos dos últimos también son los mayores inversores en el capital de Repsol. Galán no tiene problemas en asociarse con cualquiera si aporta dinero. Recientemente, se ha anunciado una asociación con Mubadala, perteneciente al Estado de Abu Dabi, para construir campos eólicos en Escocia. Se da la circunstancia de que Mubadala es el principal, accionista de Cepsa, con un 63%, el resto está en manos del fondo americano Carlyle. La presencia de capital foráneo es la norma. El 70% de Endesa es propiedad de la empresa pública italiana Enel, y el 56% de Naturgy está en manos de tres fondos extranjeros.
El predominio de los inversores extranjeros en sectores claves de la economía crece sin remedio y, a veces, de manera no deseada. Es el caso de la incursión de la empresa de telecomunicaciones de Arabia Saudí (STC), en Telefónica, donde tiene un 4,9% y apalabrado otro 5%, que espera el visto bueno oficial. El Gobierno ha dejado patente lo incómodo que es necesitar capital foráneo, especialmente de países poco recomendables, y lo importante que es tener mando en compañías de ese perfil. Para equilibrar ambas necesidades, el Gobierno PSOE-Sumar baraja meter a la SEPI, al Estado, en el capital de Telefónica, comprando un 5% por mil millones de euros.
¿Van a hacer eso mismo con el sector energético? ¿Quieren reinventar el Instituto Nacional de Industria? Eso tiene un justiprecio. El mundo del dinero vigila los pasos del Gobierno. Resultaría mejor y más barato crear un marco económico y legal estable y predecible para que el capital extranjero fluya sin dificultades y financie el Pniec 2023-2030, que reducirá la dependencia de España de las autocracias suministradores de petróleo y gas. La mejor manera de cortarles el grifo es no necesitándolas, para lo que hay que empezar por no maltratar a tus propias empresas.
Aurelio Medel es periodista y doctor en Ciencias de la Información
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