La inflación, la inercia y la cojera del pato cuadran las cuentas
La gran incógnita es saber cómo serían las cuentas públicas en caso de tener Gobierno efectivo y expectativa de nuevas elecciones
La prórroga obligada de los Presupuestos impone un escenario de rigor fiscal por vez primera desde 2018, según las pistas que debemos dar por buenas del plan presentado la semana pasada en Bruselas. Aunque a juicio de la Comisión Europea el desequilibrio de las cuentas excede lo prometido, son más expansivas en los ingresos que en los gastos y podría ser verdad que el déficit bajase al 3%. Una vez más, la inflación, el mejor amigo del Gobierno, es el motor de los ingresos, que junto con un planteamiento inercial de las partidas de gasto por las limitaciones normativas que tiene, cual pato cojo, un Ejecutivo en funciones, alumbran unas cuentas rigurosas que la Comisión Europea exige tras cuatro años de vacaciones.
En un contexto económico de general desaceleración, las proyecciones del Gobierno para España esperan un avance real del 2%, en un cuadro macro más coherente y más fácil de calibrar que en los años pasados, en el que la ocupación en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo vuelve a elasticidades razonables y crecerá un 1,4%, hasta los 19,2 millones de empleos en términos de contabilidad nacional. Y por vez primera, con significativa holgura, siempre que el presupuesto definitivo se ciña a lo enviado a Bruselas ahora, se cumplirá la regla de oro que exige el rigor fiscal y los gastos de todas las administraciones públicas avanzarán sensiblemente por debajo del PIB nominal. El gasto agregado lo hará a tasas del 3,81%, mientras que el PIB nominal lo hará a un 5,6%.
A la postre, el desequilibrio de las cuentas se reducirá prácticamente en un punto de PIB, desde el 4% de este año al 3% de 2024, lo que supone una mordida al déficit de unos 15.000 millones de euros. Una reducción que descansará fundamentalmente en la fortaleza de los ingresos, empujados por la inflación, el avance moderado del empleo, la retirada de los estímulos fiscales para combatir los efectos de la Guerra de Ucrania (unos 5.000 millones de gastos fiscales que no se ejecutarán desde enero) y un nuevo empellón a las cotizaciones sociales.
Propio de quien administra ajustando los ingresos a las necesidades, en vez del gasto a las disponibilidades, las pensiones subirán en torno al 4%, y en idéntica proporción lo harán las bases de cotización máximas de cada grupo. Así se considera que cuanto crezca el gasto será atendido por lo que lo hagan los ingresos, dando por bueno que el incremento de cotizantes financiará al incremento de pasivos; pero como sus rentas serán sensiblemente más elevadas de las que decaen, la Seguridad Social elevará otros 4.000 millones de euros las aportaciones de las bases máximas con la subida anual más del tipo de cotización del 0,7% adicional del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Las cotizaciones agregadas se acercarán a los 210.000 millones, tras avanzar un 6,4%, aunque el empleo solo lo haga con modestia.
Los ingresos totales llegarán al 42% del PIB (cerca de 650.000 millones) en esa obsesiva pretensión de absorber el diferencial con la Unión Europea en materia de presión fiscal bruta, como si el diferencial del nivel de renta y riqueza o del empleo hubiesen sido también absorbidos. Los impuestos avanzarán un 7,5%, pero con un avance superior (8,8%) de Renta y riqueza, superando los 200.000 millones por vez primera, impulsados por un avance de las rentas salariales y de pensiones por el trabajo sordo que hace la inflación en las bases imponibles. Y pese al tirón modesto del consumo privado, los recursos que aportarán el IVA y los impuestos sobre la producción crecerán más del 6%, y superará los 175.000 millones de euros.
El resto de gastos obedecen a la inercia pura que aduce Hacienda en el plan presupuestario, con alza del 2% para los funcionarios (nada menos que el 11% del PIB ya), una partida de inversión pública que repite en la práctica (y que están complementada generosamente por los programas de inversión del Plan de Recuperación y Resiliencia, y que no computan a efectos de déficit) y un gasto por intereses de 39.000 millones de euros impulsado por el alza de los tipos de interés en los mercados de deuda.
Gracias a esta inercia imputable a la limitada capacidad de acción de pato cojo de un Gobierno en funciones, y a la vuelta inevitable a las reglas fiscales en Europa, sobre las que se desconoce su fórmula concreta, pero sobre todo una vez más a la inestimable devaluación ejercida por la inflación, España podrá incluso reducir la deuda pública hasta el 106,3% del PIB, catorce puntos por debajo de la alcanzada con la peste pandémica en 2020.
La cuestión es saber cuánta sinceridad tienen estas cuentas. En otras palabras: cómo serían, en caso de mantener la barra libre del gasto Bruselas, disponer de un Ejecutivo con poderes plenos en vez de en funciones, e incluso con la posibilidad de unas elecciones generales a la vista, una posibilidad esta no del todo descartada todavía. ¿Resistiría en tales supuestos Sánchez la tentación de hacer un presupuesto de gasto más expansivo, aunque tuviese que financiarlo con nuevas subidas impositivas? ¿Renunciaría a extender el territorio de los subsidios, a garantizar ganancia del poder de compra de las pensiones, a subir generosamente los sueldos de los funcionarios, a elevar más allá de lo conveniente el salario mínimo?
Recordemos que se trata de plan presupuestario que recoge tentativamente una prórroga del vigente ahora. Lo que se aprobará realmente cuando el Ejecutivo se recupere de la cojera y tenga manos libres, si pasa el filtro de la investidura, podría parecerse poco a este ejercicio de desconocido rigor fiscal. Sirva como muestra recordar que nada se ha hecho por mejorar el perfil de las cuentas cuando un crecimiento generoso lo ha puesto fácil, pongamos los dos últimos años; y sirva también que la reducción de la deuda ha sido gracia exclusiva del avance del PIB nominal, empujado por la inflación. Tiempo al tiempo.
José Antonio Vega es periodista
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