El chantaje fiscal y el riesgo moral de condonar 100.000 millones
Los nacionalistas quieren poner a cero sus deudas con el Estado y hacer tabla rasa con el compromiso de estabilidad presupuestaria
Si los obstáculos políticos llegan a superarse para que el candidato del PSOE logre la investidura como presidente del Gobierno, en lo que parece que Sánchez pondrá toda su voluntad, llegará la hora de los obstáculos económicos y financieros. Presupuestos, financiación autonómica y deudas históricas entrarán en la negociación, que esta vez puede tener como interlocutores, además de los independentistas catalanes y vascos, a diputados que solo representan unos cuantos miles de votos como los de Compromís y del BNG o como la polivalente de Coalición Canaria. En todo caso, las facturas de las que hablan son, en la mayoría de los casos, simplemente inasumibles.
Si las exigencias políticas de los independentistas catalanes son un trágala consentido de magnitudes históricas ante el que el nuevo PSOE trata de lustrar con eufemismos de todo género para anestesiar el dolor de la opinión pública, las de carácter económico y financiero publicitadas hasta ahora no tienen mejor naturaleza que aquellas, y suponen un auténtico chantaje fiscal. Las hay oportunistas, caprichosas e imposibles.
Como ha recordado el lehendakari Urkullu, quien sea presidente del Gobierno precisa de un acuerdo sólido, duradero y de amplio respaldo, para disponer todos los días de todos los votos, puesto que corre en caso contrario el riesgo de no contar con consenso parlamentario en una gran parte de las votaciones, y exponerse a perderlas. Una especie de pacto de Estado sin el Estado con unas pocas comunidades autónomas, con el riesgo que ello incorpora de una gobernanza asimétrica para una parte de los ciudadanos en detrimento de otra.
Los Presupuestos de 2024, que no disponen ni siquiera de techo de gasto y se encaminan hacia una prórroga de los vigentes, serán pieza determinante para encajar buena parte de las demandas financieras que surjan en la mesa, y debería servir para una revisión en profundidad del sistema de financiación autonómica que se antoja complicada por la doble circunstancia de que el poder de presión de los partidos catalanes es ahora determinante, con inasumibles demandas de poner a cero supuestas deudas históricas, y porque la mayoría de las comunidades autónomas están en manos del Partido Popular.
Los nacionalistas vascos, cuyas dos franquicias pelearán por la hegemonía electoral en los comicios del final de la próxima primavera, encaminan sus anhelos hacia una evolución de los parámetros soberanistas, dado que disponen, como Navarra, de independencia fiscal de facto. Si condiciones normales aconsejaban discreción en sus demandas mientras la evolución de la crisis catalana puede proporcionar al nacionalismo vasco réditos fáciles, la pelea electoral puede aflorar demandas maximalistas equiparables al estado libre asociado que contenía el plan Ibarretxe.
Los dos partidos catalanes aprovecharán la ocasión para rentabilizar los deseos políticos y financieros. Los políticos son de todos conocidos, como conocida es la oposición de la mayoría de los españoles a su concesión. Y los económicos pasan por federalizar la relación económica y financiera de Cataluña con España a todos los niveles, y son cuantitativamente tan vastos que tienen un encaje imposible en el corto, medio y largo plazo. Junts ha cifrado la deuda histórica del Estado con Cataluña en más de 450.000 millones de euros, ni un cero más ni uno menos, por supuestas obligaciones reconocidas y no ejecutadas, con un desglose de 375.000 millones en partidas sociales, 50.900 millones en infraestructuras y 30.000 millones en pensiones. Hace falta nada menos que el presupuesto de ingresos del Estado de un año para atender tal dislate.
Pero plantea, además, que se le condone la deuda de 71.852 millones que tiene con el Estado por los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica y el de Facilidad Financiera, un pasivo del que son acreedores todos los españoles, también los de las comunidades que no deben nada al Estado porque por su gestión no precisaron el auxilio financiero del Tesoro desde la crisis financiera. Tal condonación, no solo demandada por Cataluña, supondría un riesgo moral explícito con la buena gestión de comunidades como Madrid, País Vasco o Navarra, que no pidieron ayuda, y pone en cuestión los esfuerzos y compromisos por lograr la estabilidad presupuestaria demandada por Europa y Hacienda.
Cataluña es la comunidad con más deuda con el Estado, seguida por la Comunidad Valenciana (46.274 millones), Andalucía (25.276), Castilla La Mancha (11.069) y Murcia (9.762), con una carga por intereses que puede duplicarse en los próximos tres años, según los cálculos de FEDEA: en Valencia o Castilla La Mancha la factura se elevaría un 270% en 2026, y en Cataluña un 234%. Algunas comunidades, como la Valenciana y Castilla La Mancha reclaman el perdón por considerar que se ha acumulado por una financiación deficiente en el sistema del régimen común. El diputado de Compromís ahora en el parlamento regional, Joan Baldoví, ya ha condicionado el respaldo a Sánchez en la investidura a tal condonación, aunque el voto de esta formación sea irrelevante. Además, reclama, como si fuere de su competencia y como si la Constitución no lo consagrase, que se acabe con el régimen fiscal de Madrid.
Coalición Canaria, que ha respaldado la investidura fallida de Feijóo, se muestra dispuesta a respaldar la de Sánchez por el mismo precio: atender la agenda canaria, una serie de reclamaciones de carácter financiero que incrementen el trato preferente que ya tienen ahora los habitantes insulares, que van desde ayudas al transporte, bonificaciones en el IRPF y otros impuestos, etc., a profundizar en las políticas comunitarias para las zonas de especial insularidad, y participar de toda negociación que España entable con Marruecos y que afecte a cuestiones canarias.
Cada loco, con su tema. El Gobierno debe medir muy bien qué cede y qué no se puede ceder. Las banderas de las deudas históricas han flameado siempre que determinados partidos han tenido la posibilidad de defender intereses regionales o locales. Pero poner a cero deudas tan descomunales como las que reclaman Cataluña o Valencia, incluso en un ejercicio de condonación general como pago a intereses de partido o de político concreto, es una enmienda a la totalidad de las políticas fiscales de las comunidades autónomas y del Estado, tanto de las que han sido rigurosas como de las irresponsablemente expansivas. Decisiones asimétricas que suplantan la igualdad y premian la mala gestión.
José Antonio Vega es periodista
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