El autoconsumo tropieza con la burocracia
Es urgente mejorar la colaboración entre los agentes implicados, homogeneizar los trámites administrativos y mejorar las campañas de divulgación
La realidad práctica se impone a los buenos deseos de la política. El gobierno ha remitido a la Comisión Europea el borrador de la primera actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (Pniec) del que destaca el impulso de las energías renovables y de almacenamiento y la gestión de la demanda para mejorar su integración. Esta actualización aumenta hasta el 32% el objetivo de las emisiones de gases de efecto invernadero, incrementa el peso de las renovables hasta el 48% del consumo final de energía, alcanzando un 81% de la electricidad, y mejora la eficiencia energética hasta el 44%. Perfecto.
Pero esos loables objetivos se enredan en una maraña de procesos administrativos, de tal forma que cuando un ciudadano intenta poner en marcha su propio consumo, los obstáculos son difíciles de superar. El autoconsumo fotovoltaico instalado en España creció el año pasado un 108% respecto a 2021, de modo que al cierre anual había 5.249 MW (5,2 GW) de potencia instalada acumulada de autoconsumo, y dado el fuerte ritmo de crecimiento registrado durante 2023 al terminar este año la cifra se habrá superado con creces.
La mayoría (un 47%) se ha instalado en el sector industrial, un 32% en el residencial, un 20% en el comercial y es el 1% restante para autoconsumo aislado, según los datos de la Unión Española Fotovoltaica. El autoconsumo permite a los usuarios producir su propia energía mediante la instalación de sistemas de generación renovable, generalmente paneles fotovoltaicos, o en sus proximidades a través de la red. Existe un sistema individual para que un solo consumidor utilice toda la energía que genera y así reducir su demanda de la red, y también uno colectivo en el que varios consumidores, varias viviendas o edificios instalan un sistema de generación en una ubicación común y se reparten la energía producida mediante un acuerdo firmado entre ellos. En el caso del sistema individual, la regulación es ágil, sobre todo para potencias inferiores a 15kW. Se trata de un proceso muy automático desde que las Comunidades Autónomas remiten a las empresas distribuidoras la autorización de la instalación. El plazo de activación es de entre 5 y 10 días y el cliente puede hacer un seguimiento en tiempo real de los trámites asociados a su solicitud: acceso y conexión, inspección, contrato técnico de acceso y adaptación del contrato.
Sin embargo, cuando hablamos del autoconsumo colectivo, las dificultades son numerosas. La legislación en vigor implica que se active el día 1 del mes siguiente a la petición si esta llega antes del día 10 del mes en curso, o un mes más tarde si llega después de ese día, algo que en la mayor parte de las ocasiones los ciudadanos desconocen. Además, estas instalaciones suelen ser de mayor potencia e implican mayor complejidad administrativa; la regulación prevé la implicación de hasta siete agentes en el proceso: el cliente, la comunidad de propietarios, el instalador, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, la distribuidora y la comercializadora. La comunidad de propietarios tiene que aprobar la instalación de las placas en las zonas comunes y concretar qué vecinos participarán en el autoconsumo colectivo. Para un consumo de más de 15 kW se ha de contratar a un instalador que coloque las placas y realice la instalación eléctrica, pedir a la distribuidora el permiso de acceso y conexión, solicitar al ayuntamiento las licencias que correspondan, dirigirse a la comunidad autónoma para lograr el certificado de instalación eléctrica (CIE) que legalice la instalación y gestionar con la distribuidora el contrato técnico de acceso (CTA) y la inspección de la instalación. Además, cada cliente debe enviar a través de su comercializadora el acuerdo de reparto de energía entre los vecinos y rellenar un fichero según un formato definido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), nada fácil, con los coeficientes de reparto.
A la vista está que por mucho que los sistemas de las compañías se hayan adaptado a la regulación vigente y puedan ya absorber la actividad, la complejidad del proceso para el autoconsumo colectivo es un cuello de botella que impide que se pueda acelerar el tránsito hacia una economía descarbonizada, tan deseada como necesaria. Esa lentitud lleva a situaciones tan absurdas como que en una comunidad de vecinos estén instaladas las placas y, sin embargo, no se reciba remuneración por los excedentes, por cierto, tan peligrosa como que si se conectan las placas sin tener legalizada la instalación se incurre en un alto riesgo para la seguridad de las personas y de las infraestructuras. Una vez conectados legalmente, la energía que se genera reduce el consumo de los clientes y el excedente se revierte a la red. Pero si no se tiene la instalación legalizada, ni su contrato adecuado al autoconsumo, el cliente no recibe ninguna compensación económica por esta energía, y las empresas distribuidoras tampoco, porque la retribución de las compañías está asociada a los activos de la red y no gestionan la compraventa de energía de los clientes conectados en la misma. Una vez que la comunidad autónoma informa a la compañía eléctrica de que se ha legalizado, o bien cuando las comercializadoras solicitan a las distribuidoras la documentación correspondiente, se envía la información necesaria para que estos puedan compensar los excedentes vertidos a la red. Es decir, la lentitud y trabas administrativas provocan un coste de oportunidad para clientes y empresas.
Existen varias cuestiones que habría que resolver si queremos dar un impulso: en primer lugar, la falta de colaboración entre todos los agentes implicados (clientes, regulador, instaladores, comercializadores, distribuidores y Administraciones Públicas) a través de un foro común en el que todo se consulte previamente. En segundo lugar, la necesidad urgente de mayor homogeneización y simplificación administrativa de los trámites que se deben realizar ante las administraciones competentes. Y, en tercer lugar, una mejor comunicación de todos los agentes en la tramitación y una mejor y mayor divulgación.
La Administración ha creado la figura del Gestor de Autoconsumo para representar a los clientes de una comunidad de vecinos o de un ayuntamiento y encargarse del proceso de contratación; una forma de arreglar un procedimiento que parece diseñado por un seguidor del antiguo presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, quien solía decir: “Si le parece excesivamente claro lo que he dicho, es que no lo ha entendido”.
Tengamos esperanzas en que su labor sea todo un éxito. Porque no tiene sentido que la Administración quiera impulsar la energía renovable y a la vez dificulte su instalación.
Carlos Balado es profesor de OBS Business School y director de Eurocofín
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