Salud mental, trabajo y discapacidad
La relación entre trabajo y salud mental es una parte fundamental de nuestra cultura
El 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, auspiciado por las Naciones Unidas. El lema de este año es “La salud mental es un derecho universal”. Cabría preguntarse, dentro del espectro de los derechos, ¿es el trabajo un derecho para las personas con todas las personas independientemente de sus dificultades o condición? ¿Y en particular para las personas con problemas de salud mental?
Parece que sí, si se atiende a los convenios internacionales, legislaciones, etc. Pero en realidad no es exactamente así.
Desde 1948, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2007 se recoge la visión de “promover, proteger y garantizar el disfrute pleno e igualitario de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas...”.
Más allá de estas declaraciones formales y del mayor o menor conocimiento de la salud mental o de sus consecuencias, es evidente para cualquier persona profana en estas materias que el desempleo está claramente vinculado a problemas de salud mental y que, por el contrario, el empleo puede mejorar la salud mental, la calidad de vida, la red social y la inclusión social.
Esta relación entre trabajo y salud mental es una parte fundamental de nuestra cultura. Sin remontarse demasiado lejos, por ejemplo, en el siglo XVII uno de los dos principios morales básicos es que solo se podía alcanzar la felicidad y la salvación a través del trabajo (el otro tenía que ver con la moral sexual). Y esta idea se ha mantenido a nivel social hasta nuestros días, el concepto de ciudadanía plena lleva siglos vinculad al trabajo.
Se podrá contraponer que desde hace tiempo está en auge la sociedad del ocio, que el trabajo es solo una parte de la vida que hay que ocupar si no queda más remedio y que lo importante es la vida personal, el ocio, etc. Más allá de disquisiciones sobre si este mito de la felicidad está afectando negativamente en exceso o no a nuestra sociedad, hay un elemento fundamental que no se ha tenido en cuenta en esta ecuación del ocio, trabajo y salud mental. Y es el derecho a decidir. Es decir, que una persona no trabaje porque tiene un problema de salud mental debe derivarse de su decisión de no trabajar, no de que no puede acceder al mercado laboral por tener un problema de salud mental. Porque en este caso se están conculcando sus derechos.
A pesar de que durante décadas tanto la OMS como la ONU, Gobiernos, etc., han estado trabajando para que las personas con problemas de salud mental, y con los otros tipos de dificultad que pueden provocar una deriva hacia la exclusión social, ejerzan como ciudadanos de pleno derecho, lo cierto es que el estigma asociado a la salud mental, la discriminación y las dificultades para acceder a un empleo aún están totalmente presentes.
Los porcentajes de empleo de personas con trastornos mentales históricamente están siempre en último lugar dentro de colectivos a los que se les puede suponer alguna dificultad en su inserción laboral, que por supuesto están por debajo de los de la población general.
¿Cómo revertir esta situación? Porque reitero que el problema es de ejercicio de derechos, no caritativo ni de bonhomía. Además de los esfuerzos anteriormente apuntados de las Administraciones para aminorar el estigma asociado a la salud mental, esa idea de que una persona con un diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, es alguien peligroso, impredecible e indigno de confianza, es necesario que la sociedad civil ayude a que todas las personas ejerzan los derechos que estimen oportunos.
Iniciativas como el programa Incorpora, de la Fundación La Caixa, son un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo una discriminación positiva que ayude a las personas en riesgo de exclusión, las que tienen trastornos mentales graves entre ellas, puedan acceder a la inserción por el empleo.
La mayoría de estas personas con dificultades que provienen de un proceso de sufrimiento psíquico pueden trabajar en igualdad de condiciones que el resto de la población general si tienen los apoyos suficientes para generar las herramientas personales y sociales que les permitan desarrollar una actividad laboral normalizada.
Y basta ver los datos de las memorias de este programa Incorpora o de las redes de centros de apoyo a la inserción laboral de personas con trastorno mental existentes en las diferentes comunidades autónomas para evidenciar que este objetivo de inserción laboral es real y perfectamente alcanzable.
Por concluir, hoy Día Mundial de la Salud Mental hay que recordar que el trabajo es un derecho, que todas las personas deberían poder ejercer este derecho, que es suyo, sin dificultad, y que la labor conjunta de la sociedad es promover apoyos para que este derecho sea efectivo.
Resumiendo, y refiriéndonos a las personas que a priori tendrían más dificultades en la inserción laboral, que son las que tienen un trastorno mental grave. ¿Pueden trabajar? Sí ¿Necesitan trabajos concretos y adaptados? La mayoría, no ¿Necesitan apoyos para estar en igualdad de condiciones? Un porcentaje significativo sí.
Por tanto, ¿es el trabajo un derecho real para todas las personas que tienen un diagnóstico en salud mental? Todavía no.
José Manuel Cañamares es psicólogo especializado en salud mental
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