La energía fotovoltaica española, un diamante en bruto por pulir
Deben acelerarse los permisos administrativos para construir nuevos proyectos renovables
La energía solar en España representa una oportunidad sin precedentes para el desarrollo de la industria fotovoltaica, clave para posicionar a nuestro país como líder en generación de energía renovable con la que electrificar la economía, transformar la sociedad y alcanzar la transición energética.
Según datos de Aemet, en España contamos con una media de más de 300 días de sol al año y 2.500 horas de luz anuales, lo que nos convierte en uno de los líderes europeos en este ámbito y con mayor potencial para el desarrollo de esta energía, que en 2022 supuso más de 4.498 megavatios de nueva potencia instalada, un 29,4% más que el año anterior, según datos ofrecidos por Redeia.
En España, la apuesta por el desarrollo de las energías renovables se ha canalizado a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el cual ha sido revisado recientemente a través del borrador remitido a la Comisión Europea el 28 de junio por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En esta última actualización respecto al plan aprobado en marzo de 2021, los compromisos en materia de transición energética se han renovado de forma ambiciosa, elevando el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 32% en 2030. Para ello, el PNIEC compromete a España a disponer para el comienzo de la próxima década de una capacidad total instalada de 214 gigavatios en el sector eléctrico, de los cuales 160 GW deben ser por generación de energías renovables.
Si atendemos específicamente a los cambios que afectan a la energía solar fotovoltaica, en marzo de 2021 el objetivo de instalación de potencia fotovoltaica era de 36 GW, frente a los 76 GW a los que se ha comprometido el Gobierno con esta revisión. Este incremento supone más del doble de lo previsto hace dos años.
Sin embargo, a pesar de la creciente ambición establecida desde las instituciones públicas como consecuencia del impulso de la energía solar en nuestro país, actualmente existen varios impedimentos y trabas que ponen en peligro la consecución de los objetivos establecidos en la hoja de ruta española. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de acelerar los permisos administrativos para construir nuevos proyectos renovables. En este punto existe un consenso unánime entre todos los agentes del sector, que deben esperar varios años hasta recibir el permiso por parte de las administraciones.
La solución por parte del Gobierno ha sido la creación de la División de Proyectos de Energía Eléctrica, que tiene como objetivo la aceleración de los trámites de los proyectos renovables que están a la espera de aprobación. A pesar de ello, en la actualidad hay más de 900 proyectos solares y eólicos de más de 50 MW cada uno que están a la espera de recibir una contestación y que representan un potencial de instalación de 90 GW.
En segundo lugar, otra de las barreras más importantes viene dada por la capacidad actual de la red eléctrica. Su ampliación es una cuestión capital, ya que todo este incremento del potencial de generación de energía fotovoltaica lleva aparejado una necesidad de actualización de la red. Es decir, si aumentamos la capacidad de los parques fotovoltaicos de verter energía a la red eléctrica, pero esta no se incrementa en consonancia, los esfuerzos por agilizar la aprobación de proyectos habrán sido en vano. Para que esta situación no se convierta en un cuello de botella para el desarrollo de las energías renovables, es necesaria una apuesta firme y decidida para ampliar y modernizar la red de transporte.
Como tercer obstáculo para la consecución de los nuevos objetivos del PNIEC es importante destacar el reto que supone el almacenamiento de la electricidad producida. En la actualidad, la tecnología de las baterías eléctricas continúa en desarrollo para hacer posible el almacenamiento de grandes cantidades de energía de forma eficiente y con un coste asumible, ya que buena parte de la energía renovable que se produce y no se utiliza al instante se desperdicia.
Hay que tener en cuenta que la nueva actualización del PNIEC aumenta los objetivos de almacenamiento hasta los 22 GW en 2030, lo que supone un esfuerzo destacable, no solo en una mayor implantación de las baterías, sino en el desarrollo de mejores componentes, más eficientes y baratos.
A nivel de inversión, el almacenamiento también es un reto prioritario que podría mejorar la rentabilidad del inversor en un mercado en el que el precio de la energía durante las horas de sol está descendiendo y mermando la llegada de nuevos proyectos en el sector fotovoltaico.
Como país nos encontramos en una situación favorable para impulsar la energía renovable y alcanzar los objetivos impuestos por el PNIEC en materia de descarbonización y electrificación de la economía. Para ello, debemos canalizar el apetito inversor que existe en nuevos proyectos fotovoltaicos y agilizar los trámites requeridos. La colaboración público-privada es esencial para facilitar este proceso e incentivar el desarrollo de esta energía, que constituye una gran oportunidad para transformar la economía y la sociedad.
Gonzalo Gutiérrez-Alviz es director de M&A y desarrollo de negocio de Nexwell Power
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